Que la multa a Elektra se erogue en inversión educativa con justicia social

Diego Juárez Bolaños*

Durante el desarrollo del XVIII Congreso de Investigación Educativa en Monterrey circuló la noticia de que la compañía Elektra deberá pagar al gobierno federal alrededor de 45 mil millones de pesos por evasión fiscal, recargos y multas.

Considerando que una parte importante de los ingresos y ganancias de Elektra provienen de las personas y familias con menores recursos económicos del país (a quienes se les venden bienes y ofrecen servicios a precios inflados y usureros, con la anuencia y complicidad de las autoridades financieras del país), sería justo que todos los recursos se gasten en fortalecer procesos educativos de grupos sociales que nunca han recibido los apoyos indispensables, cuyas educaciones se han desarrollado en una histórica y permanente pobreza y precariedad educativa, cobijadas en el desinterés o incapacidad de funcionarios y autoridades de todos los niveles educativos.

Durante el Congreso de Investigación Educativa se evidenciaron y examinaron los retos que en materia educativa sufren infancias, niñeces, adolescencias, juventudes y adultos, además de sus familias y de los actores educativos que trabajan con ellos/as. Por lo cual, se sugiere que el recurso que pagará Elektra se gaste íntegramente en:

1. La atención educativa pertinente de poblaciones privadas de su libertad. En México, existen alrededor de 250 mil personas en penales estatales y federales. Personas quienes tienen pocas posibilidades de iniciar, continuar o terminar sus estudios a través de contenidos, materiales y procesos educativos contextualizados, pertinentes y adecuados a sus historias de vida. Estudios que les permitirían crear expectativas a futuro, además de facilitar sus procesos de integración social una vez que vivan en libertad ¿Los altos índices de violencia e inseguridad que vivimos en el país disminuirán únicamente a través de despliegues temporales de policías y militares en las regiones? La respuesta es obvia y de sentido común. Por lo cual, esta estrategia educativa en penales podría tener efectos positivos en las personas actualmente privadas de su libertad y sus familias.
2. En el Congreso de Investigación Educativa también se evidenciaron los retos educativos que enfrentan poblaciones institucionalizadas. Es decir, miles de niños, niñas y adolescentes quienes viven en casas hogares hasta su mayoría de edad. Personas estigmatizadas por la sociedad y que requieren apoyos educativos especializados que atiendan sus demandas pedagógicas y socio emocionales, a través del trabajo colaborativo de personas educadoras, trabajadoras sociales, psicólogas y demás especialistas. No es de extrañar que los pocos programas educativos dirigidos a estas poblaciones sean precarios, insuficientes en recursos humanos y financieros, sin materiales y sostenidos solo gracias al compromiso casi voluntario de educadores/ as sociales.
3. La comunidad sorda del país también evidenció a través de investigaciones los obstáculos estructurales que les impiden acceder a estudios desde su primera infancia para aprender el lenguaje mediante el cual se comunicarán durante su vida (lengua de señas mexicana), lo cual ocasiona que buena parte de esta población sufra problemas para comunicarse a lo largo de su vida. Además, requieren apoyos educativos para aprender a leer el español, avanzar en sus estudios sin barreras, las cuales se multiplican en los niveles medio y superior. La ausencia de materiales educativos especializados, de personal educativo capacitado, abundancia de regulaciones administrativas y burocráticas sin sentido e innecesarias y que desconocen las realidades es de esta población, fueron señaladas y denunciadas a lo largo del Congreso de Investigación Educativa.
4. En este sentido, todas las poblaciones con algún tipo de discapacidad han sido históricamente vulneradas en su derecho a acceder a educación pertinente y contextualizada. Pero este derecho se ve acentuando en poblaciones con discapacidad específicas: habitantes de territorios rurales o indígenas, para quienes no existe en el país algún programa que los atienda en materia educativa; o juventudes que desean acceder a la educación superior y posgrados, programas que no cuentan con los diseños educativos y de infraestructura para atenderlos.
5. ¿Cómo es posible que solo el 0.5% del presupuesto de la SEP se asigne a la atención educativa de más de 35 millones de mexicanos y mexicanas mayores de 15 años que no han culminado sus estudios de primaria o secundaria, o incluso, que son analfabetas? Eso ocurre año con año con el presupuesto del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), instancia que tendría que atender a esta enorme población históricamente vulnerada en sus derechos educativos.
6. Lo mismo ocurre con la atención educativa a las poblaciones que habitan en las pequeñas localidades rurales del país. Los educadores comunitarios del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) que imparten clases en las comunidaes más pequeñas, dispersas y marginadas de México, reciben un pago mensual de 5 mil pesos por parte del gobierno federal mexicano. Cantidad que ni siquiera equivale al salario mínimo. Situación que debería indignarnos como nación y de la cual no se ha tomado alguna medida para corregirla desde la fundación del CONAFE….hace 54 años.

He señalado solo algunas poblaciones cuyos derechos educativos han sido negados por el Estado mexicano, pero faltan muchas más.

Por un asunto de justicia social, exigimos que los recursos extras que recibirá el gobierno federal se asignen de manera íntegra e inmediata en el diseño e implementación de estrategias educativas para estas poblaciones, de forma permanente en el tiempo ¿El dinero será suficiente para paliar las necesidades educativas de estas poblaciones? De ninguna manera, pero es el primer paso para enfrentar este tema urgente en el país.

*Académico del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México