No podemos negar que la llegada del gobierno lopezobradorista a Palacio Nacional en 2018, trajo un cúmulo de esperanzas para quienes se encontraban y encuentran prestando sus servicios en el Sistema Educativo Nacional; esperanzas que se edificaron en la promesa de que “ahora sí” se cumpliría la tan anhelada revalorización del magisterio mexicano. Un sueño “guajiro” si así desea, que no pasa solo por el tema laboral y/o salarial, sino por el reconocimiento pleno de la función que cada trabajador de la educación desempeña en sus respectivos centros de trabajo.
Si desde el 2012 hasta mediados de 2018 ese magisterio había sido menospreciado y desvalorizado, no solo en las palabras sino también en los hechos con la aplicación de una evaluación punitiva, ¿qué nos haría pensar que los trabajadores de la educación no deseaban ser reconocidos y apreciados por la función desempeñada? Y si a ello le agregamos la efímera y charril presencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que defendiera los agravios cometidos durante el sexenio peñanietista, la cosa es que adquiere mayor sentido.
Tal vez se esperaba que como parte de ese reconocimiento y esa valorización, se eliminará aquel organismo creado para sancionar, más no para evaluar a las maestras y los maestros; tal vez se esperaba que los mecanismos de ingreso y promoción de las figuras docentes y administrativas se pensara, organizara y concretara de una manera muy diferente a la que se desarrolló durante el sexenio de Peña Nieto; tal vez se esperaba el destino de mayores recursos económicos para la formación continua del profesorado, con la intención de que esto le permitiera ascender escalafonariamente, mediante un proceso transparente y nada enrarecido como terminó siendo carrera magisterial; tal vez se esperaban muchas cosas que, hoy día, a la luz de los hechos, culminó en eso: en esperanzas. Aunque a fuerza de ser sincero, en este sentido no podría existir queja alguna porque este gobierno, que en su momento se dijo ser “la esperanza” de México, logró eso: construir esperanzas; simples y llanas esperanzas sobre la revalorización del magisterio.
La muestra más palpable de halla en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un órgano administrativo desconcentrado que, para acabar pronto, solo cambió de nombre porque, precisamente, en los hechos es, y ha sido, una copia (muy mala) de la extinta Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD).
Muchas y muchos esperaban que con la salida de su ex titular, Francisco Cartas, y la llegada de la profesora Adela Piña, los procesos que, insisto, son en extremo similares a los que la CNSPD desarrollaba en su momento, tuvieran una mejora importante y significativa porque, como es sabido, al ocupar la titularidad de este organismo una integrante de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y maestra frente a grupo en algún periodo de su vida, los conocimientos que pudiera tener sobre el quehacer docente, le llevarían a realizar diversas propuestas para mejorar la evaluación que, tanto para el ingreso, promoción y reconocimiento, se aplica al magisterio.
Desafortunada y lamentablemente nada de esto sucedió, por el contrario, los procesos empeoraron a tal grado que, hace unos días, se habló de un “acceso ilegal” al proyecto Venus; proyecto que no es otra cosa más que una plataforma digital que da acceso a las maestras y maestros que desean participar en los procesos de la USICAMM en sus diferentes modalidades y niveles educativos. Y, aunque la autoridad fue cuidadosa en no emplear la palabra “hackeo”, la verdad de las cosas es que sí lo fue porque, en sentido estricto, dicho “hackeo” se configura cuando alguien, sin autorización, se apodera una plataforma, redes sociales, correo o computadora. Y bueno, lo peor de todo es que a muchos participantes en esos procesos, que ingresaron a verificar sus resultados en esa plataforma posterior al “acceso ilegal”, aparecían con hasta 1000 puntos más de lo normal (que son 100) y con una leyenda que a más de uno dejó boquiabierto: “fraude”.
¿Cómo es posible que una instancia de gobierno que en sus manos tiene la enorme responsabilidad de desarrollar procesos transparentes, justos y equitativos para todos los participantes haya sido hackeada?, ¿qué certeza se tiene en la asignación de lugares y/o plazas en el magisterio si cualquiera, con algún conocimiento en la materia, puede ingresar y cambiar datos e información a su antojo?, ¿cómo es posible que una instancia a la que se le confían datos e información personales no tenga las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la integridad de las personas?, ¿cómo es posible que su titular no haya salido a dar la cara para explicar lo sucedido y solo se emitió un escueto comunicado en el que, palabras más palabras menos, pareciera que nada hubiera pasado. En verdad, ¿alguien en esa USICAMM o en la propia Secretaría de Educación Pública considera que lo que sucedió no es un tema totalmente grave ya que podría tener una afectación directa a todas las personas que hacen uso de esa plataforma? Tantita… seriedad, pediría a estas instancias, por favor.
Pienso, no de ahorita, porque de la USICAMM y de sus procesos he escrito bastante, que lo peor, pero lo peor del gobierno de la 4T ha sido esto: la USICAMM. Pienso también que este órgano es un fraude, no por el hackeo propiamente dicho, sino porque por fraude se entiende toda acción contraria a la verdad y a la rectitud, que perjudica a la persona contra quien se comete; esto, sin olvidarnos de los sinónimos que existen sobre este término, los cuales son: fraudulencia, engaño, timo, estafa, trampa, defraudación, engañifa, embeleco, insidia, trapacería y asechanza.
¿La virtual presidenta de nuestro país continuará con esta pésima forma de contratar, promover y reconocer al magisterio? Espero que no, pero como siempre digo: al tiempo.