La década de 1824 a 1834 corresponde a la Primera República Federal del país. El periodo inicia con la disolución del imperio de Iturbide y la proclamación de una Constitución Federal, y termina con el retorno de Antonio López de Santa Anna a la presidencia respaldado, en esa ocasión, por la fracción centralista. En esos años tuvieron lugar varios intentos por articular una política de fomento público a la educación y las actividades científicas y tecnológicas.
El texto constitucional incluyó, en el artículo sobre facultades exclusivas del congreso, la obligación de “promover la ilustración, asegurando por tiempo limitado derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles artes y lenguas; sin perjudicar la libertad que tienen las legislaturas para el arreglo de la educación pública en sus respectivos estados” (artículo 50, primera fracción).
Una de las primeras iniciativas para el cumplimiento de ese mandato consistió en la creación del Instituto de Ciencias, Literatura y Artes, aprobado por el congreso en 1826, y activo hasta 1836 en que el gobierno conservador de Anastasio Bustamante decidió el subsidio que se otorgaba, argumentando insuficiencia de fondos. En varios estados se iniciaron estrategias para tomar control de la enseñanza básica, así como establecer instituciones laicas abocadas a la educación media y superior, como, por ejemplo los institutos científicos y literarios de Zacatecas, Toluca, Chihuahua y Oaxaca. Con la segunda cancelación de los jesuitas en 1820, los colegios que les pertenecían pasaron a manos de los gobiernos y, en varios casos, se transformaron en instituciones de naturaleza civil. La Universidad de Guadalajara fue clausurada en 1826, por el congreso estatal y se creó, para su reemplazo, el Instituto de Ciencias.
En el caso de la Universidad de México, Lucas Alamán, ministro de la primera presidencia de Anastasio Bustamante, propuso en 1830 una serie de reformas enfocadas a conseguir la convivencia entre las tareas de la institución y las de otros establecimientos con funciones de educación e investigación, de manera que, según su iniciativa, el Seminario Conciliar ofrecería las ciencias eclesiásticas, San Ildefonso se encargaría del derecho, ciencias políticas y económicas y literatura clásica, el Colegio de Minería se destinaría a ciencias físicas y matemáticas, San Juan de Letrán a las médicas, y el Museo y Jardín Botánico a las ciencias naturales. En la propuesta de Alamán se dejaban sin modificación las cátedras que impartía la Universidad. El proyecto no fue aplicado por oposición del congreso.
En 1833, siendo vicepresidente, encargado del poder ejecutivo, Valentín Gómez Farías, designó una comisión especial para la revisión y propuesta del sistema educativo a cargo de la Federación. Fue denominada Comisión del Plan de Estudios e integrada por los liberales Juan José Espinosa de los Monteros, Manuel Eduardo Gorostiza, Andrés Quintana Roo, José María Luis Mora y Bernardo Couto, además del propio vicepresidente como su titular. Entre los proyectos generados por la comisión destaca las iniciativas relacionadas con las “Leyes y reglamentos para el arreglo de la instrucción pública en el Distrito Federal”, decretadas por Gómez Farías entre 1833 y 1834. Entre otras disposiciones de ese cuerpo legislativo destaca la creación de una Dirección general de instrucción pública para el distrito y territorios de la Federación.
A ella se adscribirían “todos los establecimientos públicos de enseñanza, los depósitos de los monumentos de artes, antigüedades e historia natural, los fondos públicos consignados a la enseñanza, y todo lo perteneciente a la instrucción pública pagada por el gobierno”.
Se clausuró, por primera vez la Universidad de México, y se planteó la creación de seis establecimientos en su lugar: Estudios preparatorios, en el Hospital de Jesús; Estudios ideológicos y humanidades, en el convento de San Camilo; Jurisprudencia, en el Colegio de San Ildefonso; Ciencias físicas y matemáticas, en el Colegio de Minería; Ciencias médicas, en el convento de Belén y Ciencias eclesiásticas, en el Colegio de San Juan de Letrán. En cada uno de tales establecimientos, según una disposición complementaria se debería crear una escuela primaria “con puerta aparta si fuera posible”. También se decretó la creación de dos escuelas normales, una para la formación de docentes en primarias de niños y otra para primarias de niñas. Más adelante se agregaría que “la Escuela de Primeras Letras creada en el establecimiento de estudios ideológicos se destina exclusivamente a la enseñanza de artesanos adultos, maestros, oficiales y aprendices.”
El paquete de reformas de 1833-1834 incluía la Ley que extingue el Colegio de Santa María de Todos los Santos e indica la administración de sus rentas y fincas (12 de octubre 1833); la Ley por la que se suprime la Universidad y se erige la Dirección General de Instrucción Pública (19 de octubre de 1833), así como la Ley en la que se cede a los Estados las fincas pertenecientes a los exjesuitas (13 de enero de 1834).
Un Santa Anna convertido en conservador y centralista arruinaría parte de esas disposiciones. Inmediatamente después de su retorno presidencial (24 de abril de 1834), decretó el restablecimiento de la Universidad, así como el de los colegios de San Ildefonso, de San Juan de Letrán, San Gregorio y el Seminario de Minería. En ese momento, la Universidad adoptó el nombre de Nacional. En réplica, el primero de septiembre del mismo año, la Universidad de Guadalajara reabrió sus puertas, adoptando también el nombre de nacional. De los establecimientos decretados por Gómez Farías solo sobrevivió el de Ciencias Médicas, que daría lugar, en 1841, al Consejo Superior de Salubridad.
Un tema que llama la atención en este breve recuento es el correspondiente a la cancelación del Colegio de Santa María de Todos los Santos, institución de élite en el virreinato y primer establecimiento de educación superior, de carácter privado, en el país. Fue fundado en 1573 y extinto en 1833. A diferencia de las universidades de México y Guadalajara no gozó del beneficio de la reapertura. Es una historia interesante y a ella volveremos próximamente.