El régimen de la Revolución Mexicana instituyó un sistema corporativo para regular las relaciones entre el Estado y los trabajadores. Desde los años 30 del siglo pasado, las organizaciones laborales dejaron de ser sindicatos libres, el presidente Lázaro Cárdenas tuvo éxito para encuadrarlas en aparatos dependientes del gobierno y bajo la tutela de del partido oficial.
Los sindicatos de trabajadores industriales quedaron afiliados (no se congregaron por voluntad de sus bases) a la Confederación de Trabajadores de México, la legendaria CTM, los campesinos en la Confederación Nacional Campesina y los burócratas en la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, con el distintivo de que el presidente designaba a los líderes nacionales. Había recompensas para los dirigentes, puestos de elección popular (por dedazo) o en el funcionariado.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación no se fundó en aquellos años porque los cabecillas de alrededor de 700 organizaciones de maestros no querían perder su influencia. No obstante, el presidente Ávila Camacho logró que se instituyera; la operación política estuvo a cargo del secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, no de los dirigentes del Partido de la Revolución Mexicana, luego PRI. A pesar de la subordinación de los sindicatos al régimen, poco a poco modificaron la dialéctica del control, como argumenta Anthony Giddens, para caracterizar las relaciones de dependencia y autonomía (relativa).
En todos los sindicatos corporativos se formaron camarillas y cacicazgos que administraban los grados de autonomía. El SNTE fue más lejos, tras décadas de brega y bajo el control de tres caciques, Jesús Robles Martínez, Carlos Jonguitud Barrios y Elba Esther Gordillo, colonizó buena parte de la regencia de la educación básica. Uno de los códigos de conducta digeridos al interior del sindicato (e impera en todas las facciones) es que los líderes decidían quién ingresaba a la carrera docente y determinaban, en buena medida, la trayectoria profesional de los maestros; en algunas entidades controlaban hasta quién podía ingresar a las escuelas normales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto acabó con aquel esquema, donde el sindicato decidía a quién y en dónde trabajarían los nuevos docentes. Instauró el Servicio Profesional Docente con la reforma constitucional de 2013, el ingreso fue por concurso y mediante exámenes de conocimiento, organizados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Además, dejó de ser monopolio de egresados de escuelas normales, podían concursar titulados de otras instituciones de educación superior. También acabó (casi por completo) con la herencia, compraventa y renta de plazas magisteriales. El gobierno recuperó la rectoría en ese territorio.
Pero con las reformas a la constitución de 2019 se acabó con el SPD y se creó la Usicamm. Las facciones del SNTE querían su eliminación y habían tratado de colonizarla, pero la SEP resistió… hasta la semana pasada. Uno de los beneficios que el presidente López Obrador concedió a la CNTE, pero que es para todas las facciones, fue que presentará una reforma para modificar la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, para que “… antes, durante y después del desarrollo de los procesos de promoción, reconocimiento y cambio de centro de trabajo establecidos en esta ley, esté presente la representación sindical con facultad de realizar propuestas, desde la emisión de las convocatorias correspondientes hasta las asignaciones de las plazas”. Aunque propone una ilusión: “Cuidando no dar lugar a la venta de plazas, al nepotismo, al sectarismo y respetando en todos los casos la antigüedad”.
En unos años más, el SNTE retomará el control del ingreso y la promoción de los docentes y recuperará la “tradición revolucionaria”. Pero deja una herencia perniciosa para el futuro de la educación pública. Más autonomía para las corrientes sindicales. Es un regalo envenenado para la futura Presidenta.
A lo mejor exagero y Claudia Sheinbaum toma la iniciativa con júbilo, pues en su plataforma electoral se comprometió a enviar al Congreso una iniciativa para eliminar el apartado “B” del artículo 123. Las huelgas de la CNTE serán legales.