Miguel Ángel Casillas

El enorme rezago que persiste en el sector educativo es la base sobre la cual se deberán establecer las nuevas prioridades en materia para la siguiente administración estatal.

Voilà, voilà, ça recommence
Rachid Taja

La alegría por el dinamismo democrático de México, la celebración de decenas de millones de habitantes votando en libertad en un proceso coordinado por ciudadanos y vecinos, la contundente victoria de la izquierda, así como la inédita y esperanzadora llegada de una mujer a la presidencia de nuestro país, no pueden hacernos olvidar a nuestros hermanos argentinos y el sufrimiento que resienten una vez más los universitarios de ese país. Nunca el contraste entre proyectos políticos fue tan evidente, mientras que en México millones refrendaron ayer el proyecto político que sostiene a la escuela pública como principio y a la escolaridad superior gratuita, inclusiva, intercultural, sustentada en los derechos humanos, libre de violencia y con igualdad de género como un derecho exigible por los ciudadanos; en Argentina, los universitarios se manifiestan en las calles tratando de defender a sus universidades de la ola privatizadora y de la ofensiva de su gobierno ultra-liberal.

En efecto, las universidades públicas argentinas se encuentran de nuevo bajo asedio de la derecha y el neoliberalismo que, como en cualquiera de sus facetas, las ve como un objeto inútil, obeso, caro y al final, inútil. Claro, desde las teorías del máximo rendimiento económico, del capitalismo salvaje, de la privatización como principio, la educación pública y gratuita es un sinsentido, un objeto del gasto con una baja tasa de retorno. Para los neoliberales y los ultra-neoliberales la educación en todos sus niveles es potencialmente un recurso económico, susceptible de negocio; sometido a la lógica del lucro y el rendimiento económico: para ellos la educación debe ser privada y su calidad estar regulada por las fuerzas del mercado, por la valoración de los clientes y la satisfacción de los empleadores.

En Argentina, el nuevo presidente Javier Milei no sólo se distingue por sus peinados alborotados, sus chamarras de facho, sus arrogantes desplantes de patán, su absurdo anticomunismo, sino también por su ofensiva contra la universidad pública, por sus recortes presupuestales, por sus políticas económicas extremistas que buscan que Argentina recupere su economía a costa de que los pobres pierdan todo, que las clases medias se paupericen; a costa de la peor recesión económica, de la vuelta a las inflaciones descontroladas, de la incertidumbre como principio para que se incrementen las tasas de explotación, aumente el desempleo, se devalúe la moneda y la inflación crezca a tasas extraordinarias. Todo para mantener el patrón de explotación capitalista y la reproducción de una élite oligárquica.

En el gobierno de Milei la moneda se ha devaluado de un modo estratosférico y la inflación casi llega al 300 por ciento. ¡Es inaudito lo que pasa! En ese contexto, el gobierno dice cumplir al entregar el presupuesto ordinario a las universidades, pero no ha hecho ningún ajuste. Otorga el mismo presupuesto, pero ahora, ese dinero vale la cuarta parte, y eso aplica para insumos, recursos, compromisos de pago, pero también para los salarios, que se ven disminuidos en su valor real y su poder adquisitivo. En Argentina están ahogando a las universidades y a los universitarios.

Las instituciones y los sindicatos se defienden como pueden, con marchas, manifestaciones y eventos de información. Claramente tienen a la opinión pública a su favor y sus manifestaciones son cada vez más numerosas. La alta politización del pueblo argentino pareciera respaldar principios básicos de esa república como la educación pública y gratuita.

“Jamás pensamos en cerrar las universidades públicas, jamás pensamos en desfinanciarlas”, afirmó Milei al canal de televisión LN+. “Se llama falacia del hombre de paja. Nuestros opositores inventaron una mentira y nos atacan a partir de esa mentira”, apuntó. Y remarcó: “Dado que los pagadores de impuestos están financiando las universidades públicas, exigimos que haya auditorías. Hace 10 años que no hay auditorías. ¿Quién es el que no quiere ser auditado en el gasto? El ladrón”.

En Argentina, en los últimos meses se ha tratado de desfondar a las universidades públicas y someterlas por inanición, no se han realizado aumentos para compensar la devaluación desenfrenada ni se han diseñado políticas de apoyo y rescate; por el contrario, se condicionan recursos extraordinarios a nuevas e ilegales auditorías que exige el Ejecutivo, violando el principio de autonomía y menospreciando el riguroso proceso de control y evaluación al que está sometidos los recursos públicos en educación y en las universidades en particular.

Las universidades se declararon en emergencia presupuestaria luego de que el gobierno prorrogara este año el mismo presupuesto de 2023, aunque la inflación interanual rozó en marzo el 290 por ciento. Como en los gobiernos fascistas el Presidente reclamó que se muestren los gastos de los establecimientos educativos y denunció un presunto adoctrinamiento en las aulas. La misma intrusión autoritaria. El mismo patrón empleado antes en Argentina y en otros países: desfondar y deslegitimar las entidades públicas para luego malbaratarlas, para venderlas de remate al gran capital monopolista.

La llamada internacionalización solidaria tiene como objeto estos problemas, y las universidades mexicanas deberíamos atender el llamado de auxilio de nuestros hermanos argentinos para adoptar medidas enérgicas contra Milei y para defender a la universidad pública argentina de su asedio. La historia nos hermana y la alegría con la que festejamos ahora los mexicanos la llegada de una prominente universitaria a la presidencia debería brindar esperanza para la defensa de la universidad pública en México y en Argentina.

Si los debates presidenciales son un espacio privilegiado para la discusión de las ideas, para la confrontación de proyectos y visiones sobre el futuro, el debate presidencial del domingo pasado dejó mucho que desear.

El 12 de diciembre la UNAM publicó un comunicado en el que celebra un paso trascendental para la educación superior en Jalisco y para todo el país. Se trata de la iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que propone un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG) que le garantiza, al menos, el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado como subsidio ordinario estatal, así como el 0.3 % para infraestructura y equipamiento educativo.

Luego de un hartazgo generalizado frente a la baja calidad de la educación, la insuficiencia de los espacios físicos y de la infraestructura, la reiteración de las prácticas sexistas y el acoso; cansados de no ser escuchados y atendidos en el seno de las escuelas, miles de estudiantes politécnicos se movilizan y exigen la solución de un pliego petitorio. Las demandas son muy razonables, pero en el IPN y en otras muchas instituciones de educación superior indispensables.

Esta semana se celebran los treinta años del Área de sociología de las universidades, un grupo de investigación que, desde la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha dedicado al estudio sistemático de las instituciones de educación superior, sus procesos y sus agentes.