Abelardo Carro Nava

En mayo de 2018, el eterno candidato a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguraba que habría justicia para los 43 estudiantes normalistas desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Gro. De hecho, con firmeza llegó a afirmar que, de ganar en las elecciones que en unos meses se efectuarían en el país, se integraría una comisión de la verdad, pues el “caso Iguala” sería ejemplo de “justicia” en su gobierno.

Hace unos días, una maestra de cuarto grado de primaria me platicaba sobre una situación que recién había vivido con sus alumnos, particularmente con un niño, cuando éste fue sorprendido “trepado” en una silla con celular en mano y tomando algunas fotografías hacia el interior de los baños de las niñas. Al ser descubierto por un maestro, el estudiante fue conducido a la dirección de la escuela con la finalidad de que el director tuviera conocimiento de la situación y, probablemente, se tomaran algunas decisiones. Como parece obvio, el pequeño desde que fue interrogado negaba lo que el profesor había observado y por lo cual lo había conducido con la autoridad escolar (tomar fotografías). Ante esta reacción y ante la imposibilidad de revisar el celular del infante (la escuela ya tenía una denuncia en derechos humanos porque una practicante de una escuela normal sorprendió a un niño tomándole fotografías al interior del salón cuando ella estaba de espaldas y, al darse cuenta de ello, tomó el celular de niño y lo revisó), fueron citados sus padres de familia para que en este momento se presentaran al plantel educativo. Los padres no llegaron, solamente acudió el abuelo y, con la autorización del éste se revisó el celular y, en efecto, se observaron imágenes del interior del baño. Acto seguido se retiró el abuelo con el niño, con la promesa de que hablaría con sus padres y con el infante.

El tiempo, inexorable como lo es, avanza y el final del sexenio se aproxima; con ello, seguro estoy, en las próximas semanas y meses irán surgiendo varios análisis de propios y extraños, interesados, desde luego, en lo que sucede en el ámbito educativo de nuestro país.

En los distintos planes de estudio, por ejemplo, de las escuelas normales, se han considerado algunas asignaturas o materias relacionadas con la planeación de la enseñanza; un ejercicio que todo estudiante debe conocer, analizar, comprender y dominar porque, como tal, favorece la organización del trabajo docente en las instituciones en las que se inserta a realizar sus prácticas profesionales.

Tal vez nadie le informó al presidente, que la Unidad del Sistema para la Carrera de la Maestras y Maestros (USICAMM) es un organismo desconcentrado, con autonomía técnica, operativa y de gestión que ha vulnerado los derechos laborales y profesionales de cientos de trabajadores de la educación en lo que va del sexenio

Hace unos días, en entrevista con Joaquín López Doriga, uno de los Secretarios de Educación Pública durante el pañanietismo, afirmó que la calidad de los docentes es la calidad de un Sistema Educativo; también refirió que por muchos años ese Sistema había estado cooptado por algunos líderes sindicales

Poco parece importarle, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la implementación del Plan de Estudios 2022. La realización de unos Consejos Técnicos Escolares (CTE) con material que, hasta cierto punto ya resulta repetitivo; una mínima o nula estrategia de seguimiento sobre la implementación de este plan o del empleo de los Libros de Texto Gratuitos

Es claro que, a nadie, en la Secretaría de Educación Pública (SEP) parece importarle el camino que sigue la educación en nuestro país y, mucho menos, lo concerniente a la implementación de un Plan de Estudios que, como sabemos, ha sido de los más cuestionados en los últimos años. 

Más de dos décadas de constantes visitas a diversos contextos rurales e indígenas me han permitido confirman el letargo en el que se encuentra la escuela pública.