Manuel Alberto Navarro Weckmann
Hay un dicho muy popular utilizado al interior del medio educativo para expresar que una decisión cupular no es precisamente cercana a la realidad educativa de las escuelas cuando se dice que es muy fácil decirlo “desde el escritorio”.
En este ámbito, es fundamental comprender que, a pesar de que no se pueda percibir de esta manera en los pasillos de las oficinas públicas, las decisiones tomadas desde los puestos administrativos tienen un impacto profundo en el trabajo de las escuelas y, por tanto, en el aprendizaje de estudiantes. Aunque a menudo se perciban como meros trámites burocráticos, cada orden, documento o decisión afecta directamente las actividades diarias de las escuelas.
Así, es esencial reconocer que los roles administrativos que tienen que ver con el sector educativo como son la asignación de recursos, plazas, programas compensatorios, apoyos, infraestructura entre otros, no se limitan a papeles, firmas y números. Por el contrario, requieren de contar con una profunda comprensión del fenómeno educativo y una reflexión crítica sobre el impacto de esas decisiones en el aprendizaje de los estudiantes. Por esta razón, es altamente beneficioso que los puestos administrativos sean ocupados por profesionales con formación educativa, complementada por supuesto con perfiles en áreas profesionales de corte financiero, administrativo, legal, contable, u otro según sea necesario. No es lo mismo cuando se administra una fábrica de tornillos, una empresa de seguros, un banco o una empresa turística, que cuando se juega la vida de millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Aunque esto sería deseable, la realidad nos muestra que, con muy destacadas excepciones sobre todo en el área académica, es poco común encontrar perfiles en las áreas administrativas acordes a la toma de decisiones que se orienten a favorecer la educación desde dichos puestos. El gran problema es que gran parte de las decisiones de peso son tomadas por las autoridades administrativas. Es crucial establecer un proceso de formación y desarrollo profesional para quienes desempeñan un trabajo de este tipo, tanto aquellos con formación en educación como aquellos sin ella, a fin de fomentar una reflexión profunda sobre el impacto de sus decisiones en los centros escolares y fortalecer su conocimiento del ámbito educativo.
Estas autoridades administrativas deben estar dispuestas a evaluar constantemente el impacto cualitativo de sus acciones y a ajustar su enfoque para mejorar los resultados educativos, por ello, es responsabilidad de las autoridades educativas y gubernamentales fomentar el desarrollo profesional y la capacitación continua de estas autoridades, brindándoles las herramientas necesarias para comprender y abordar los desafíos educativos actuales en una comunicación permanente con quienes reciben de manera directa estos servicios o apoyos en los centros educativos
Sería deseable que en el proceso de evaluación del sistema educativo se incluyan políticas públicas para evaluar estas áreas, sería un gran avance que esta estructura pudiera contar con elementos no solo para su evaluación, sino para brindarles un seguimiento, apoyo y respaldo para que su trabajo, desempeño y decisiones puedan tener un mejor impacto y con ello un beneficio para el sistema educativo y sociedad en su conjunto, porque la educación es el camino…
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