¿Al cursar tal o cual curso la y el docente amplía sus capacidades y logra enseñar mejor? No sabemos.
Varias propuestas educativas del actual gobierno federal no fueron originales o reconstituyentes, sino descalificadoras y reivindicativas. La ciudadanía tiene un año más para ver si esta narrativa popular puede ligarse con buenos resultados.
En 2018, se creía que “una nueva etapa” educativa se abría para revalorizar al magisterio, el cual era “la simiente de la transformación educativa y social” (Programa Sectorial de Educación 2020-2024). En materia de formación docente, se sostenía que era “injusto” esperar que un plan de estudio funcione sin una pertinente formación continua. Por ello, el programa sectorial propuso una “estrategia prioritaria”, la cual contenía diez “acciones puntuales”. La primera de ésta era “diseñar” un diagóstico de las necesidades de formación, capacitación y actualización del docente.
En segundo lugar se quería “garantizar” la oferta de formación con énfasis en “capacidades disciplinares”, pedagógicas, didácticas y digitales. Fortalecer los posgrados era la tercera acción, mientras que la cuarta era “impulsar la figura educativa con funciones de asesoría técnica pedagógica itinerante en la educación básica comunitaria”. Quinto, había que incorporar figuras educativas gracias a otros programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, sexto: “capacitar al personal” en temas como el desarrollo socioemocional e integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Las cuatro acciones restantes eran “favorecer” el intercambio de saberes mediante redes, definir “directrices” para la formación en contextos en desventaja, “incentivar” la cooperación internacional, y complementar los contenidos de la oferta de formación continua con las perspectivas intercultural, de género e inclusión.
¿Qué ha ocurrido desde entonces? De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el Programa para el Desarrollo Profesional Docente basa sus avances sólo en el porcentaje de conclusión de los cursos y en otras medidas indirectas. No hay evaluaciones de impacto. ¿Al cursar tal o cual curso la y el docente amplía sus capacidades y logra enseñar mejor? No sabemos.
Además, este programa no ha logrado atender a la población objetivo (111,232 docentes) quedándose, en 2021, con un nivel de cumplimiento de 54% y lo peor: su cobertura ha disminuido por los recortes presupuestales aunados a la pandemia. En 2018, cuando la 4T llegó al poder se asignaron 962 millones de pesos a la formación del maestro y para 2021 sólo le destinaron 141 millones. Una reducción a la séptima parte del monto original. Esto no es congruente con el discurso de la “revalorización” del magisterio. La prioridad del gobierno está en otro lado como en las grandes obras del presidente o en mantener el poder vía las campañas anticipadas (e ilegales).
En este escenario, el 15 de junio la SEP comunicó que instalaría el Comité Nacional de Formación Continua como una espacio de “deliberación” para valorar las acciones de formación docente, aunque en la composición de su Mesa Técnica no advierto la presencia de las y los maestros, sino de varios representantes de órganos dependientes de la Secretaría. Quizás valga la pena que este Comité aclare cómo va a deliberar con el docente, qué hará para mejorar la eficacia del programa diseñado para su desarrollo, qué resultados tienen en cada una de las diez “acciones puntuales” que ellos mismos propusieron, cómo se pueden fortalecer los colectivos docentes a partir de mejores condiciones de trabajo, y qué posibilidades reales existen para que la y el docente establezca libremente su trayectoria laboral y profesional. Que inicie la deliberación.