Pedro Flores Crespo

Este 2 de octubre atestiguó el desarrollo de nuevas protestas y movilizaciones estudiantiles en diversas universidades del país. El Instituto Politécnico Nacional, por ejemplo, está experimentando un periodo de agitación causado por múltiples razones. Desde meses atrás, se sabe que al seguir la orden de ampliar la cobertura, se elevó el número de estudiantes sin una adecuada planeación. Esto complicó el regreso a clases presencial, así como las condiciones de estudio y trabajo. De acuerdo con Luis Hernández Navarro, en “el malestar de los jóvenes [del Poli] se mezclan viejos y nuevos agravios”. Hallamos, dice el periodista, desde la “disputa del instituto, corrupción, indolencia e incapacidad para responder a las demandas de los alumnos hasta “denuncias de acoso sexual, rapacidad, ambición del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), porrismo y sucesión presidencial” (La Jornada, 13/09/22). Un problema, repito, de múltiples dimensiones.

Hace 10 años se decretó la obligatoriedad de la educación media superior. ¿Qué significaba esto? Que el Estado (gobierno y sociedad) debía asegurar las condiciones necesarias para que todas y todos los jóvenes de entre 15 y 17 años hicieran efectivo el derecho de recibir educación en este nivel. Se planeó que “a más tardar” en el ciclo escolar 2021-2022 se debía alcanzar la cobertura total (100%). ¿Y qué pasó? No cumplimos. Sólo 78 de cada 100 jóvenes a nivel nacional cursan este nivel en la modalidad escolarizada y no escolarizada y lo peor: según cifras oficiales —y con todo y becas—, el porcentaje de estudiantes se redujo cinco puntos porcentuales en dos años.

En México, la elección de 2018 dio como resultado un gobierno poco proclive a utilizar los resultados de la investigación y de la evaluación para tomar decisiones y diseñar políticas. Esto marcó un punto de inflexión en el manejo de los asuntos públicos.