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No, estimada lectora, estimado lector, no voy a hablar de la generación de imágenes comunes al estilo de estudio Ghibli; suficiente se ha ofendido a Hayao Miyazaki, un artista en toda la extensión de la palabra, vulgarizando el uso de su estilo gráfico usando Inteligencia Artificial (IA). Voy a hablar de algo con implicaciones sociales que tiene como base el libro aparecido en 2024, de los argentinos Eduardo Levy y Darío Judzik, quienes comentan que la revolución tecnológica no sólo está transformando cómo trabajamos, sino que está cuestionando el mismo significado del trabajo. En un mundo donde la IA se encuentra en cada vez más áreas de nuestras vidas y parece estar ganando territorio en reemplazar tareas cognitivas, creativas y hasta emocionales, surgen dudas apremiantes: ¿seremos capaces de adaptarnos a un futuro con menos empleos?, ¿la tecnología nos liberará para alcanzar aquella vieja utopía de ocio creativo, o nos sumirá en una distopía de desigualdad y estancamiento?

Comencemos con definiciones: el término “momento Sputnik” se utiliza para describir un evento que marca un punto de inflexión en la historia, especialmente en el ámbito tecnológico o científico, y que tiene el potencial de impulsar cambios significativos en la sociedad. El nombre proviene del lanzamiento del Sputnik 1 por la Unión Soviética en 1957, el primer satélite artificial en orbitar la Tierra. Este evento no sólo demostró el avance tecnológico de la URSS, sino que también desencadenó una carrera espacial y una oleada de innovación, especialmente en Estados Unidos, que llevó a avances en ciencia, tecnología y educación.

En un reciente artículo publicado por Inside Higher Ed., se presentan las proyecciones para la educación superior en 2025, según informes de tres destacadas agencias de calificación: Moody’s Ratings, S&P Global y Fitch Ratings. Estas perspectivas varían desde estables hasta mixtas y en deterioro, y esta última varía de acuerdo con su valoración de factores tales como desafíos en la inscripción de estudiantes y la incertidumbre política tras las elecciones presidenciales en EU, cuyo nuevo titular del ejecutivo parece llegar con ánimo de transformar el estado actual de muchas cosas. Este análisis busca comparar estas tendencias con la situación en México, resaltando similitudes y diferencias en los desafíos y estrategias de las universidades en ambos países.

Los acontecimientos recientes en varios estados de la República evidencian, en los últimos años, la vulneración del derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes se ven obligados a abandonar la escuela y a desplazarse, junto con sus familias y comunidades, a otros lugares. Tal es el caso de estados como Chiapas, Sinaloa y Guerrero, entre otros.

El Coneval lanzó recientemente el Estudio Diagnóstico sobre el Derecho a la Educación 2023, a la par de la Evaluación Integral de la Política Social Vinculada al Derecho a la Educación. Este segundo documento, de 335 páginas, se encuentra en la página de Coneval (coneval.org.mx). El primero, con 305 páginas, aún no se encuentra disponible, pero su contenido se discutió en el Seminario “Propuestas del Coneval para avanzar en la garantía de los derechos sociales”, celebrado el 16 de octubre, en el que tuve ocasión de participar. Ambos documentos son de lectura obligada para quienes nos interesa y nos preocupa el estado de vigencia del derecho a la educación en nuestro país.

Mario Delgado Carrillo es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Economía por la Universidad de Essex, Inglaterra. Durante la gestión de Marcelo Ebrard en el gobierno del entonces Distrito Federal, fungió como secretario de Finanzas (2006-2010) y de Educación, (2010-2012). En 2005, fue asesor del secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, cargo este último en el que diseñó e instrumentó el “Programa Impulso Joven”, antecedente del Programa “Prepa Sí”, que dio origen a las becas Benito Juárez del actual gobierno del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). “Prepa Sí” finalizó en 2019 para dar paso al programa de Becas Benito Juárez. Entre el 1° de septiembre de 2018 y octubre de 2020 coordinó el Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, donde impulsó eliminar la Reforma Educativa de 2013, que previamente se había promovido en el sexenio del presidente Peña Nieto.

En agosto de 2013 se puso en marcha el Telebachillerato Comunitario (TBC), como parte del Programa Sectorial de Educación 2013-2018, que pretendía ampliar la cobertura de Educación Media Superior (EMS), así como lograr la inclusión y la equidad educativa (SEP, 2013). El TBC fue creado un año después de que se declarara la obligatoriedad constitucional de este nivel. Inició como un programa piloto a nivel federal destinado a las localidades rurales que no contaban con oferta de EMS. Diez años después resulta necesario hacer un balance del TBC, de sus alcances y de los principales cambios ocurridos, pero, sobre todo, de los retos que enfrenta a futuro y que tendrían que cubrirse para el sexenio 2024-2030. Para ello, se presentan los principales cambios organizacionales y curriculares ocurridos durante la década y se concluye con los retos para el próximo sexenio.

En el Estado de México, la diversidad cultural y lingüística es una de las riquezas más significativas, manifiesta en la variedad de pueblos originarios que la habitan. No obstante, existe una marcada discrepancia entre esta realidad multicultural y la representación que ofrece la legislación vigente. La Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México (LDCIEM, 2022), promulgada con el objetivo de reconocer y proteger a las comunidades indígenas, no logra abarcar la amplitud de estas comunidades.

Los resultados recientes de los jóvenes rechazados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) nos permiten problematizar acerca del incumplimiento del derecho a la educación en este nivel educativo y de la utopía de democratizar la educación superior. De acuerdo con lo reportado por la UNAM, “sólo fueron aceptados 14 mil 151 estudiantes, menos de 10% de los que se presentaron; fueron rechazados 129 mil 276, más de 90%” (Ballinas, 2024).