Carlos Ornelas
El lunes 3 de este mes, el juez Francisco Javier Rebolledo, quien formuló una suspensión provisional contra la Secretaría de Educación Pública, ordenó no poner en marcha el programa piloto del nuevo plan de estudios en 960 escuelas públicas.
La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya declaró que no la obedecería, que el proyecto seguía adelante, que la SEP no se había emplazado a juicio; además, dijo que impondría un recurso de queja. Hubo protestas de Educación con Rumbo, que interpuso la demanda, y de otras organizaciones de la sociedad civil (Excélsior, 04/10/22).
En la mañanera del del viernes 7, el presidente López Obrador, expresó “Somos respetuosos del Poder Judicial, pero no nos dejamos. Vamos a indagar y vamos a ver quién fue el juez y por qué razón”. Es decir, no es tan respetuoso; amenazó con exhibir al juez que, por el resto de las palabras presidenciales, pudiera conjeturarse que lo acusa de conservador y neoliberal.
Como es su costumbre, el presidente no se detiene a pensar que si el juez dictó esa resolución es por las fallas de la SEP. Por ejemplo, no convocar —ni siquiera conformar todavía— al Consejo Nacional de Participación Social en Educación para conocer la opinión de los padres de familia y otros actores; incluso, para invitarlos a colaborar. Tampoco que el plan piloto ofrecerá un currículo diferente —que nadie sabe en qué consiste— a los niños de 960 escuelas.
Tampoco tomó en cuenta, a lo mejor ni se enteró, de que el amparo no va contra el plan en sí mismo, sino contra la forma de ejecución. Pero al presidente le choca que no se acepten sus consignas y recurre a su narrativa —desarticulada, pero atractiva para muchos—para descalificar. Ahora le echó la culpa al Partido Acción Nacional.
En la misma mañanera enunció: “Es natural que esto suceda, porque se trata de cambios en los contenidos de libros de texto y el conservadurismo siempre se ha opuesto a la educación pública, a los contenidos de los libros, solamente cuando ellos los hacen, como pasó durante todo el periodo neoliberal”. Ni la demanda ni el amparo dicen algo importante sobre los libros de texto.
Un poco antes de que el presidente dijera que es respetuoso del poder judicial, la secretaria Leticia Ramírez, expresó que siempre sí acataría la orden del Poder Judicial de reponer las escuelas de tiempo completo, pero dentro del programa la Escuela es Nuestra, que es al que se le destinaron fondos. Eso, en esencia, es no cumplir. Este programa es opaco, no quedan claros los derechos laborales de los maestros porque entrega recursos a los padres de familia, no a las autoridades que pagan a los docentes.
En otras palabras, entra en juego el viejo refrán: se acata, pero no se cumple.
No obstante, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación manifestó que debe respetarse la independencia de los juzgadores y que la mayoría acompañará al juez Francisco Javier Rebolledo, en caso de que hay alguna acción en contra de él por parte del Poder Ejecutivo.
Por lo pronto, la moneda está en el aire. Los demandantes dejaron un espacio para que el enfrentamiento no se prolongue ni se afecte más a los alumnos. Están de acuerdo con la secretaria de Educación Pública, de que lo urgente es que los niños regresen a clases y se les proteja su salud, también a los docentes. La solución que sugieren es instituir el Consejo de Participación Social y dialogar con padres, maestros —no nada más con el SNTE— y organizaciones de la sociedad civil que tienen intereses en la educación.
Dudo que logren algo, la SEP está más cerrada que nunca, pero no cumplir con la ley pone en riesgo cualquier proyecto que ejecute. Dejará un problema gigante al próximo gobierno, no importa quien lo encabece.