Erik Avilés
La dimensión de la crisis se brindó con múltiples indicadores que exhibieron la falta de acciones por parte de las autoridades para resolver las circunstancias que transgreden el derecho a estar, aprender y participar en las escuelas mexicanas
El 24 de enero fue instituido por la UNESCO como el Día Internacional de la Educación, en aras de visibilizar los esfuerzos que deben de hacerse, así como las áreas de oportunidad, que inconcebiblemente aún persisten en diversas latitudes del planeta.
En el marco citado, Mexicanos Primero, organización de la sociedad civil, presentó un reporte respecto a la situación que se padece en nuestro país, donde se exhibió con evidencias e indicadores la situación de exclusión, inequidad e ineficiencia en el cual se encuentra el sistema educativo nacional, ya que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no logran los aprendizajes fundamentales para poder continuar sus trayectorias educativas ni para desarrollarse en su vida.
La dimensión de la crisis que se vive en la nación se brindó con múltiples indicadores, los cuales exhibieron la falta de acciones por parte de las autoridades educativas para resolver las circunstancias que transgreden el derecho a estar, a aprender y a participar en las escuelas mexicanas de millones de niñas, niños y jóvenes, quienes inaceptablemente se encuentran en riesgo de no alcanzar todo su potencial por la escasa vivencia de derechos que padecen día tras día.
Más aún, los primeros respondientes institucionales por las garantías individuales de las generaciones en formación no reciben los recursos ni cuentan con las condiciones necesarias para afrontar los inmensos retos que la realidad les plantea.
Como ejemplo, a diferencia de 2016, cuando se dispuso de 1 mil 644 pesos por cada docente para tales efectos, durante 2023, escasamente dispondrán, en el mejor de los casos, de apenas 85 pesos para su formación continua y actualización, lo cual ha sido tomado por el magisterio como una burla y franca simulación por parte de las autoridades federales, con la complacencia de los integrantes del poder legislativo, quien aprobaron esa pírrica cifra sin contemplar la situación que se vive en las aulas de la nación, que ha modificado la situación socioeconómica, socioemocional y en materia de aprendizajes en que se encuentran las generaciones en formación, así como la exposición a violencias, a contenidos en redes sociales e Internet, por lo cual el magisterio necesita contar con los conocimientos y habilidades necesarias para poder sobreponerse a las interpelaciones que la realidad actual realiza a sus saberes previos. Pero, es un hecho que, si no reciben la formación continua necesaria, la emergencia sistémica solamente se prolongará, marcando indeleblemente al estudiantado.
Lo más desesperante es que, ante la nueva realidad, las autoridades educativas nacionales no han acertado a tomar decisiones en materia de política pública ni de inversión que reviertan los estragos que generaron la pandemia y el confinamiento.
Como ejemplos, a pesar de que la situación es francamente desesperada en muchas comunidades escolares, el gasto destinado a educación básica para 2023 es de apenas 9.46 por ciento del total del Presupuesto de Egresos de la Federación, cifra que palidece con al monto de 2017, el cual fue de 13.55 por ciento. Ello significa que hay un claro adelgazamiento de la inversión pública en materia educativa, que en este año se traducirá en el abandono de la formación continua de los docentes mexicanos, como ya se mencionó.
Aunado a lo anterior, se encuadraron los hallazgos del estudio “Equidad y Regreso”, realizado también por Mexicanos Primero durante 2021, el cual evidenció el agravamiento de la situación educativa nacional derivado del cierre de escuelas durante casi dos años como consecuencia de la pandemia por COVID-19. El estudio demostró que la estrategia de la SEP denominada “Aprende en Casa” fue de escasísimo impacto, ya que apenas el 6.6 por ciento de las y los estudiantes se mantuvieron siguiendo los programas televisivos. Los desaprendizajes fueron a tal nivel que el 41 por ciento de los estudiantes de quinto grado quienes tardaron más tiempo en regresar a la escuela no lograron comprender un texto de tercer grado, mientras que 13 de cada 20 ni siquiera pudieron resolver una sustracción simple.
Las cifras de abandono escolar fueron de proporciones escandalosas: se perdieron un millón 300 mil estudiantes durante la pandemia, equivalentes al total de la matrícula desde educación inicial hasta doctorado en el estado de Michoacán, mientras que las trayectorias educativas lucen imposibles de concretarse para la inmensa mayoría de la población estudiantil, ya que de cada cien estudiantes que ingresan a primero de primaria, solamente cuarenta logran alcanzar la educación superior en algún momento de su existencia. Esta cifra se agrava más en entidades como Michoacán, donde apenas son 30.
Paralelamente al diagnóstico nacional, con la información de 15 naciones, se presentó el estudio de “Mapa de Brechas de Evidencia” Mexicanos Primero, la Red Latinoamericana por la Educación (REDUCA) y Fundación SURA. Esta es una herramienta metodológica que permite tomar mejores decisiones de política pública al respecto.
Este mapeo evidenció la opacidad imperante acerca de la formación docente en México, la falta de rendición de cuentas, así como la carencia informativa respecto a la vinculación inicial y el liderazgo de los docentes.
Las recomendaciones emitidas por parte de Mexicanos Primero fueron encaminadas hacia la reincorporación escolar de las niñas, niños y jóvenes ausentes de las aulas, a través de programas que reviertan el abandono institucional al que fueron sometidos en plena pandemia; además, a la atención del bienestar socioemocional de estudiantes, maestros y sus familias; mientras también se pidió se diseñe una estrategia de recuperación de aprendizajes desde la primera infancia. Los tres factores deberán estar digna y debidamente fondeados con presupuesto público y conformados bajo un enfoque de evaluación y mejora continua.
El planeta no avanza en materia educativa tanto como nos lo esperaríamos. Es un hecho que la Agenda 2030, que contiene los denominados Objetivos Para el Desarrollo Sostenible (ODS), la cual contienen metas por alcanzarse en 2030, no se van a alcanzar. Próximamente estaremos atestiguando la reprogramación y la actualización de sus contenidos, por haber inmensas barreras para su realización en diversos contextos locales específicos, que complican aún más alcanzar los ideales fijados supranacionalmente.
Michoacán de Ocampo es un ejemplo claro de que las circunstancias no son las mismas que para el resto de nuestra nación, por la gran cantidad de rezagos que arrastramos de siglos atrás, así como la complejísima concatenación de factores que ralentizan o hasta imposibilitan francamente la sucesión de pasos para mejorar los niveles de desarrollo educativo en la entidad.
Mientras se realizan propuestas de política pública a escala latinoamericana y la autoridad continúa haciendo el vacío a las recomendaciones de la sociedad civil, este viernes es de Consejo Técnico Escolar (CTE), derivado de lo cual, en la inmensa mayoría de las escuelas michoacanas no hubo actividades de aprendizaje para el estudiantado. Si bien, se trata de una actividad programada desde antes del inicio del ciclo escolar, la preocupación va dirigida en torno al debido aprovechamiento del tiempo por parte del personal educativo, toda vez que, apenas dos días antes, al personal con funciones directivas se les convocó para poder llevar a cabo las actividades de hoy. Es decir, estando sumidos en el escenario ya mencionado, cargando con el costo de oportunidad de haber sacrificado un día de clases, los planificadores de los CTE no han acertado plenamente a lograr que sea tiempo bien invertido para la organización de las labores docentes, lo cual gravita aún más cuando somos sabedores de que el presupuesto para la formación continua es prácticamente inexistente, lo cual hace que recaiga más en los CTE la responsabilidad de brindar herramientas a los trabajadores de la educación para afrontar exitosamente los desafíos pedagógicos, socioemocionales y socioeconómicos que les presenta la situación imperante en las aulas.
Por ejemplo, mientras el 24 de enero se presentó un micrositio para conocer los avances que en el ODS número 4, “Educación de Calidad” alcanzaron las naciones involucradas, en Michoacán hubo paro de labores en centenares de escuelas, por convocarse a una “asamblea masiva estatal” por parte de la fracción azul de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la cual en aras de legitimar su proceso sucesorio no titubeó en dejar a decenas de miles de niñas, niños y jóvenes sin clases en plena fecha conmemorativa. Es decir, a las cúpulas gremialistas no les importaron estas circunstancias, ya que obligaron a las bases bajo su control a acudir a esa asamblea que dejó, solamente en Morelia, a dichos de los convocantes, por lo menos a 200 escuelas sin clases, que significarían al menos 20 mil estudiantes, asumiendo promedios de estudiantes y planteles en la entidad. Por supuesto, falta que las autoridades educativas estatales rindan cuentas respecto al verdadero impacto de esta asamblea y su convocatoria respectiva, en torno a la violación de los derechos educativos de la niñez y la juventud en la entidad.
Aunado a lo anterior, hubo una serie de protestas en muchas escuelas de la entidad, en las oficinas centrales de la SEE y también en redes sociales por la falta de maestros, vicio inaceptable y constante en muchas comunidades educativas del estado, propiciado por la corrupción, el aviadurismo, el abandono institucional, abusos gremiales, la ausencia de normatividad y de controles en materia de recursos humanos, que se conjuga con la inseguridad y la delincuencia, ya que hay maestros quienes no pueden ejercer su vocación por ser amenazados o extorsionados. Peor aún, se sabe de varios casos de maestros, directivos y supervisores quienes han fallecido en circunstancias semejantes: primeramente, son desaparecidos y días después se encuentran sus cuerpos. Los antecedentes de haber sido amenazados previamente son una constante.
Si bien el derecho a aprender es insoslayable, debe concatenarse con garantizar seguridad; es decir, que haya un entorno seguro, libre de violencia y amenazas para los maestros, padres de familia y los estudiantes es un prerrequisito insalvable para garantizar el derecho a aprender. La amenaza de violencia es creíble en una entidad donde permanecen más de 4 mil personas en calidad de desaparecidas, mientras que los índices de homicidios dolosos se mantienen en los primeros lugares a nivel nacional, tanto a escala estatal como municipal.
A manera de conclusión, por encima de las circunstancias específicas mencionadas, el 24 de enero nos recuerda que merecemos educación, es nuestro derecho; prioritaria y particularmente, el de las niñas, niños y jóvenes. Exijamos que este Día Internacional de la Educación, con incidencias que laceran precisamente al derecho a aprender no se repita en Michoacán y que se fije como gran objetivo que haya una verdadera transformación para su próxima conmemoración. El mundo no nos va a esperar, por lo cual es imperativo realizar el Programa Sectorial de Educación para el actual sexenio e integrar soluciones integrales para la problemática educativa.
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