ODEJ-Lab Nueva época[1]
Alejandra Luna Guzmán / Departamento de Educación, Ibero Ciudad de México
ODEJ-Lab es un espacio de análisis y posicionamiento crítico del acontecer de la política educativa en México y en América Latina para generar debate crítico, producir conocimiento basado en datos y coadyuvar en acciones político-pedagógicas en la política pública y escolar sobre la problemática actual y temas coyunturales en materia educativa.
Dicen que cuando el río suena, agua lleva y, por lo general, son aguas de cambio. El 28 de noviembre de este 2024 la cámara de Senadores de México aprobó la reforma constitucional que elimina siete órganos autónomos (Cano, 2024), entre ellos la Comisión para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. En México, los órganos autónomos constitucionales son entidades establecidas por la Constitución, independientes de los poderes tradicionales del gobierno (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), aunque ubicados al mismo nivel jerárquico. Su propósito es desempeñar funciones altamente especializadas y técnicas, definidas en la propia Constitución. Estos órganos operan de manera no partidista, técnica y fuera de la administración tradicional, buscando un mayor grado de especialización, agilidad, control y transparencia en la atención de las demandas sociales (Ruiz, 2017).
Si bien el hecho de la extinción de estos siete órganos autónomos generó mucho revuelo antes y después, nadie podría decirse asombrado o, el que lo diga, ha pasado de largo lo sucedido en la política educativa los últimos once años. Así es, tenemos que remontarnos al menos a 2013 para identificar las primeras señales del desvanecimiento de estos organismos. La Reforma Educativa que Enrique Peña Nieto impulsó a inicios de ese año se dio de la mano de organizaciones de la sociedad civil, como Mexicanos Primero, que señalaban la supremacía del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo el mando de Elba Esther Gordillo, sobre la rectoría de la educación en México. Asimismo, la ineficacia del Sistema Educativo Nacional (SEN) para formar educandos capaces de comprender textos básicos y realizar operaciones matemáticas elementales. El documental De Panzazo (Rulfo y Loret, 2012), los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, Programme for International Student Assessment) desde 2003 y de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) a partir 2006, lo corroboraban.[2] La denominada Reforma Educativa 2013-2018 se dio en el marco del Pacto por México, una vía que el PRI siguió para demostrar su fuerza política al retornar al poder tras dos sexenios en manos del PAN. A la articulación del Pacto se sumaron también el PAN y PRD, con lo cual se ejecutaron las llamadas Reformas Estructurales. Y así, con toda la fuerza, con todo el poder del Estado en lo político, legal, administrativo, laboral y pedagógico, arrancó la Reforma Educativa.
Si algo hay que agradecer a esa reforma fue que se recuperara la rectoría del SEN. Sus ejes principales fueron la Ley General de Educación, el Instituto de Infraestructura Federal Educativa (Inifed), el programa La Escuela al Centro y, por supuesto la Ley del Servicio Profesional Docente y la evaluación del magisterio que la acompañaba. Iniciaban las señales de alerta. Las transformaciones profundas que implicaban las diferentes líneas de acción de esta Reforma, en especial dicha evaluación, no sólo se desestimaron, sino que se comunicaron de manera muy deficiente, con un discurso abiertamente confrontativo hacia el quehacer docente que dio como lógico resultado un proceso convulso.
La cadena de eventos va desde el rompimiento de la alianza Peña-Gordillo, con el encarcelamiento de ésta, pasando por la adhesión del SNTE a la reforma educativa, la resultante contraposición de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), movilizaciones magisteriales, en especial en Michoacán, Guerreo, Chiapas y Oaxaca, el señalamiento social al INEE como ejecutor de las evaluaciones punitivas, hasta el fortalecimiento de la relación entre el oponente natural de Peña, López Obrador, con todas esas oposiciones de base (Luna, 2022).
La contrarreforma educativa de López Obrador fue una de sus banderas de campaña más poderosas. Su alianza con el magisterio es ahora más patente que nunca al ver la consolidación política de la Mtra. Delfina Gómez, y fue parte crucial de su victoria electoral en 2018. En cumplimiento con lo prometido, entre sus primeras acciones estuvo la Reforma Educativa del 15 de mayo de 2019, con la cual echó atrás la Ley del Servicio Profesional Docente y la evaluación de maestros que la acompañó. En paralelo, se extinguieron el Inifed y sus leyes; se suspendió el Programa Escuelas de Tiempo Completo, el cual se diluyó frente a la inconformidad social, como una de las opciones a elegir por el Comité Escolar de Administración Participativa (CEAP) en el marco del programa La Escuela es Nuestra. El tardío Modelo Educativo 2017, proveniente de la Reforma 2013, también fue truncado para dar paso al Marco Curricular 2022 de la Nueva Escuela Mexicana.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desempeñó un rol importante en esta sucesión de eventos, pues ejerció gran presión incluso después de la promulgación de la Reforma 2019, la cual fue incansable hasta que se publicaron las leyes secundarias que desaparecieron al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la ley que lo acompañaba, para dar paso al Mejoredu. Ya que en el imaginario social el brazo ejecutor de la Reforma 2013 y su malquerida evaluación docente era el INEE, se modificó su estructura y su nombre cambió. El perfil del propio Mejoredu y de sus evaluaciones también se modificaron. Estas últimas no se orientaron a los resultados de aprendizaje, y su difusión y el perfil de la Comisión bajaron a tal grado que incluso estudiosos en la materia afirman a la fecha que en la administración de López Obrador no se hizo evaluación educativa. Ese desdibujamiento ya era un anuncio en sí mismo.
Sus funciones, se ha dicho, pasarán a ser atribución de la SEP. Esta transferencia comparte algunas de las implicaciones que ya se han mencionado en torno a los otros seis órganos autónomos extintos, como la pérdida de independencia en la orientación y toma de decisiones en su quehacer, es decir, tener que sujetarse a la agenda política del gobierno en turno. Esto reduciría la diversidad de perspectivas y aumentaría la ya existente concentración de poder. Asimismo, esta transferencia requiere una planificación y ejecución altamente meticulosas, dada la amplitud de funciones de Mejoredu, entre las que se encuentran emitir lineamientos, criterios, sugerencias y programas para la mejora de la educación, y generar conocimiento e información a través de investigaciones, evaluaciones e indicadores (Mejoredu, 2022). La celeridad en las acciones de la actual administración no prevén tal cuidado.
En el eje de evaluación educativa las alertas son mayores, pues ésta se apoyaba mucho del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), extinto en el mismo paquete. Hemos de mantener en la mira que el objetivo último del Mejoredu, como su nombre lo indica, era la mejora de la educación para alcanzar la excelencia, o calidad educativa. Al asumir sus funciones la SEP, como parte de la estructura de gobierno, ¿hasta dónde se reorientará el objetivo a atender las necesidades del Sistema y no de la educación? Al poner en juego el balance entre no duplicar funciones y ejercer un presupuesto austero, ¿se logrará mantener el quehacer sustantivo de la evaluación educativa? ¿Cómo se asegurará la participación de otros actores educativos en el proceso de mejora? ¿Se mantendrá la figura del Consejo Ciudadano con el que contaba el Mejoredu? Y, en paralelo a esto, ¿será una vía para restablecer la confianza de la sociedad en general y del magisterio en particular en los resultados de evaluación?
La extinción de Mejoredu no ha de sorprendernos. Era, en el devenir de las condiciones políticas, el siguiente paso natural. Sin embargo, el que fuera un paso natural no legitima la ausencia de evaluación educativa, de todos los órdenes, niveles y tipos. Habrá que ver qué traen las aguas en este sexenio que ha garantizado “la continuidad con cambio”, apostando por la educación como un derecho y no un privilegio (Camhaji, 2024). Y, sobre todo, habrá que promover desde nuestra propia arena educativa estrategias para garantizar vías de independencia, fortalecer la transparencia y rendición de cuentas, así como establecer sistemas de monitoreo y evaluación del nuevo mecanismo de evaluación educativa en sí mismo. En síntesis, habrá que estar más involucrados y vigilantes que nunca.
Referencias
Camhaji, E. (2024, 1 de octubre). Los 100 pasos de Claudia Sheinbaum para construir ‘su’ México. El País. https://elpais.com/mexico/2024-10-02/los-100-pasos-de-claudia-sheinbaum-para-construir-su-mexico.html
Cano, N. (2024, 29 de noviembre). Senado de México aprueba reforma constitucional que permite la eliminación de siete órganos autónomos. CNN México. https://cnnespanol.cnn.com/2024/11/29/senado-mexico-aprueba-reforma-eliminacion-siete-organos-autonomos-orix
Luna, A. (2022). Análisis de la puesta en acto de políticas de autonomía de gestión escolar en Consejos Técnicos Escolares de la Ciudad de México. (Tesis de doctorado). Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México.
Mejoredu (2022). La mejora continua de la educación. Principios, marco de referencia y ejes de actuación. https://www.mejoredu.gob.mx/images/publicaciones/principios.pdf
Ruiz, J. F. (2017). Los órganos constitucionales autónomos de México: una visión integradora. Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional, (37), 85-120. http://dx.doi.org/10.22201/iij.24484881e.2017.37.11454
[1] Consejo editorial integrado por: Ibero-Ciudad de México (Juan Antonio Mata Zuñiga, Alejandra Luna Guzmán, María Mercedes Ruiz Muñoz, Silvia Schmelkes del Valle y Marisol Silva Laya); Ibero-Puebla (Laura Bárcenas Pozos e Itzel López Nájera); Ibero-Torreón (Eiko Gavaldón Oseki); ITESO (Juan Carlos Silas Casillas).
[2] México formó parte de PISA desde 2000, pero los datos se comenzaron a considerar significativos desde 2003, tanto por el tamaño de la muestra como porque permitía un análisis por entidad y modalidad educativa, al ser la primera a cargo del INEE (INEE, 2004).