El ciclo escolar pasado (2023-2024), tuve conocimiento de dos acontecimientos que, con seguridad, también suceden en varias escuelas esparcidas a lo largo y anche del territorio mexicano.
El primero de ellos ocurrió en un jardín de niños, donde una madre de familia aseguraba que existía cierto hostigamiento hacia su persona, pero, principalmente, que su hija sufría cierta discriminación y exclusión por parte del personal directivo y de ciertos niños debido a que sus padres les habían dicho que “no debían juntarse con esa niña”.
La razón de tal acción o acciones, se debía a que la madre de familia de la menor que estaba pasando por estos infortunios, había solicitado un corte de caja (en alguna reunión general de las que luego convocan), tanto de las cooperaciones que se entregaron al comité de padres al inicio del ciclo escolar, así como del programa La escuela es nuestra. Esto porque, antes de iniciar el calendario escolar, se les había informado que se realizarían varias obras de mantenimiento y construcción y, después de 9 meses, nada había sucedido en este centro escolar.
Como era de esperarse, el presidente y tesorera del comité de padres reaccionaron molestos, pero también la directora en turno, quien desde luego siempre negó tener una participación en el manejo de los recursos, no obstante que era por todos conocido, que el presidente lo había puesto la directora porque, además, era un familiar directo suyo.
Llegó el cierre del ciclo escolar y, de la noche a la mañana, se le informó a la madre de familia que había solicitado el corte de caja (que por cierto nunca fue mostrado) que los documentos de la niña no le iban a ser entregados hasta en tanto no se pusiera al corriente con el resto de las cooperaciones que se fueron pidiendo en los últimos meses y que, por obvias razones, dicha madre no había entregado. Ante esta situación, la mentora acudió con la profesora frente a grupo para pedir su apoyo porque ella, mejor que nadie, conocía cómo había sido el desenvolvimiento de su hija, así como el que después de haber solicitado un simple corte de caja, la pequeña había sufrido cierto bullying en el plantel y ella, como he dicho, hostigamiento. Desafortunadamente esta profesora solo le alcanzó a decir “yo no sé mucho del tema señora, pero, además, la directora y supervisora me pidieron que no hablara de este tema con usted”.
Hecho esto, la señora se retiró del jardín, buscó asesoría jurídica con un familiar; abogado y padres de familia de la menor se presentaron en la Secretaría de Educación en el nivel que correspondía y, ante la queja y denuncia presentada, el jardín de niños, a través de su directora, entregó puntualmente los documentos a la niña. Hoy día la pequeña se encuentra en una primaria lejos de ese jardín, y la directora, supervisora e integrantes de ese comité siguen prometiendo que harán grandes obras con el recurso que se les ha entregado, pero nada más.
El segundo caso es un poquito corto, pero más… complejo. Se trató del caso de un profesor que fue denunciado por padres de familia de acoso sexual porque, a decir de éstos, el docente acosaba a alumnos y alumnas de 5º y 6º grado de primaria. Como era de esperarse, el caso causó alarma entre la comunidad de la región, y las redes sociales hicieron lo propio: sentenciaron al presunto responsable de los hechos denunciados sin previo juicio. El maestro, quien siempre negó las acusaciones fue separado inmediata y momentáneamente del cargo, en lo que se realizaban las pesquisas.
Con el transcurrir de los días, la información obtenida de las indagaciones fue revelando cosas interesantes, por ejemplo, que, en efecto, el profesor jamás había acosado a algún estudiante; que la denuncia fue promovida por un grupo de padres de familia que simpatizaban con un docente de la misma escuela porque era de la región (y el denunciado no) y que este mismo los había motivado porque quería correr a quien ya de por sí estaba siendo afectado, simple y sencillamente porque dicho profesor (el denunciado) estaba trabajando y se estaba ganando “a la gente del pueblo”. Por más absurdo e ilógico que parezca, el profesor afectado fue retirado del plantel y reubicado en otro centro de trabajo “por su bien” (a decir de las autoridades, y el que generó todo este gran problema sigue en la escuela, tan feliz y sonriente.
Los casos expuestos intentaron exponer la complejidad de las relaciones que acontecen en las escuelas de México. Relaciones que, indistintamente, pueden llegar a tener un impacto favorable y no tan favorable en sus principales actores: maestros, alumnos y padres de familia. Pienso que esta es una relación que, con el paso del tiempo, se ha ido desdibujando hasta niveles incomprensibles e inimaginables, sin embargo, basta con que sucedan una sola vez, en algún lugar, en alguna escuela, para darse cuenta de la realidad, tan cruda, pero tan real (valga la redundancia) de lo que está sucediendo.
Estas, digamos, historias, no son diferentes a las que hace unos días vivió a quien en las redes sociales, se ha conocido como la maestra Tere. Una docente del estado de Querétaro que está llevando un proceso judicial debido a fue acusada por padres de familia por presunta violencia de género hacia sus alumnos, previas denuncias de éstos por recurrentes faltas a laborar, plenamente justificadas y reconocidas por sus autoridades educativas, ante situaciones de salud que debía sí o sí atender la profesora.
Hasta el momento, se sabe que una madre de familia, quien también funge o fungía como tesorera en el plantel, fue quien inició todo este asunto. Primero, como he dicho, porque la maestra no asistía a laborar debido a sus constantes revisiones médicas (que son un derecho que tiene como trabajadora al servicio del estado) ante situaciones adversas de salud, pero después, porque “se supone” que dicha docente había violentado a los menores de ese centro escolar, lo cual la llevó a su detención y encarcelamiento. ¿Tanto poder pueden tener los padres de familia y tanto daño pueden hacer en contra de una persona? Como se ha visto a lo largo de estas líneas, la respuesta es contundente: sí; pero, lo más grave de todo esto es que el daño se comete sin que haya pruebas contundentes que sostengan los dichos de los denunciantes, so pretexto de velar por la integridad de sus hijos.
Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando alguien acusa falsamente? Es, este cuestionamiento, lo que de alguna forma da vida a la propuesta que se ha conocido con el nombre: Ley Tere. Una iniciativa que busca proteger a las y los docentes ante denuncias falsas, pero, además, garantizar un debido proceso. Dicha ley, que se ha conocido por las redes sociales, tiene tres objetivos: 1. Establecer sanciones para quienes presenten denuncias falsas; esto busca disuadir las acusaciones infundadas que pueden dañar la reputación y carrera de los docentes. 2. Medidas de reparación del daño para los docentes afectados; estas medidas pueden incluir compensaciones o acciones para restaurar su reputación. 3. Protocolos de protección y acompañamiento, durante el proceso legal, estos protocolos brindarían apoyo y protección a los docentes para garantizar su bienestar y derechos.
Como se ha visto, esta propuesta, desde mi perspectiva es harto necesaria, sin embargo, considero que antes de llevarla o presentarla a alguna cámara de representantes para que sea discutida o aprobada, se debe dialogar al respecto. Esto, por las siguientes razones:
- Nunca, pero nunca se debe perder de vista que el estado debe garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Este es un principio básico que debe mantenerse y respetarse, porque, independientemente de los casos que ya he expuesto, sabemos que hay otros donde las denuncias contra trabajadores de la educación por abuso sexual, acoso o maltrato escolar son un hecho. Punto, no hay más. Todo trabajador que se contrata para prestar sus servicios en el sistema educativo debe conocer este principio como uno de los más importantes que debe considerar en su labor profesional.
- Pensar y dialogar sobre la creación de una defensoría jurídica que oriente a las y los docentes ante este tipo de situaciones (y otras) porque, de qué sirve contar con un sindicato si, para acabar pronto, son unos buenos para nada y, muchas veces, en lugar de apoyar y/o acompañar a los profesores en sus procesos, terminan haciendo lo contrario. Esto último aplica para las áreas jurídicas de las Secretarías de Educación de los estados.
- Pensar, dialogar y revisar los protocolos existentes relacionados con el abuso sexual, acoso y maltrato infantil, asegurando ese interés superior de la niñez, pero estableciendo pautas claras para la conformación de protocolos de actuación contra los presuntos responsables de un acto cometido en los centros escolares. Los recientes linchamientos de presuntos delincuentes en diversas partes del país, han dado cuenta de la crisis que se puede generar cuando alguien, sin pruebas, puede decir: aquel es un secuestrador o un violador. No con ello justifico la incompetencia de las autoridades para hacer su autoridad antes este tipo de eventos, pero, ¿se imagina que algún profesor o profesora pueda ser violentado o asesinado dentro de un centro educativo? Estamos a tiempo.
- Pensar, dialogar, revisar y, en su caso, emitir lineamientos que limiten o restrinjan el empoderamiento que se les ha otorgado a los padres de familia en las escuelas. Hoy por hoy, buena parte de esos padres ven a las instituciones como guarderías, y al personal que en estas laboran, como sus sirvientes. De plano ya no se pueden enfermar porque de inmediato son catalogados como “malos maestros”. De hecho, sobre este asunto, coincido con la propuesta que se plantea en la Ley Tere, en cuanto a establecer sanciones a quienes presenten denuncias falsas previa indagación por parte de las autoridades competentes.
- Pensar, dialogar, revisión y, en su caso, emitir lineamientos que limiten y/o sancionen a todo aquel trabajador de la educación que promueva o incite a otro trabajador o padre de familia a dañar o perjudicar a un compañero o compañera. Esto, desde luego, a partir de la indagación de parte de las autoridades competentes. Este tema ha sido un secreto a voces al que nadie le quiere entrar pero que siempre ha hecho mucho daño.
Como se ha visto, pienso que sobre este tema aún se puede y se debe dialogar bastante. Creo que, al interior de los colectivos docentes o de trabajadores de la educación, podrían establecerse estas conversaciones, porque, créanmelo o no, ningún secretario o secretaria de educación, ningún o ninguna dirigente sindical, moverá un solo dedo para hacerlo realidad. Por ejemplo, hoy en México, se tiene un Secretario de Educación que se cree tiktokero y a un dirigente sindical que solo dirige para su propio beneficio. ¿Qué esperanzas tienen las y los maestros? En fin.
Desde este espacio y estas líneas, envío mi solidaridad a la maestra Tere. Un abrazo para ella y para toda su familia.