El Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur y perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está asentado en una opulente zona de la Ciudad de México. Su construcción en varios niveles se mezcla con frondosos árboles, piedra volcánica y flores. Es –o era– un lugar agradable para estudiar.
Si uno cursa la secundaria pública en México, el CCH brinda –o brindaba– la oportunidad de formarse bajo un modelo educativo que, en teoría, no es tradicional. En 1971, los fundadores lo pensaron como una opción educativa donde el estudiante es sujeto de su “propia formación”. Desde entonces, se consideró que los individuos éramos capaces de “captar” por nosotros mismos el conocimiento y aplicarlo.
Por las contribuciones del CCH y su reconocimiento a la agencia individual que todos los seres humanos poseemos, el asesinato del estudiante Jesús Israel el 22 de septiembre pasado dentro de sus instalaciones fue un acto atroz y condenable.
Algunos tenemos más preguntas que respuestas ante ello. ¿La violencia en los campi universitarios es sólo reflejo de lo que ocurre en el país? ¿Qué estamos haciendo mal las y los universitarios para que nuestros espacios de estudio no sean seguros?
Permítanme una observación personal. Hace 30 años, Ciudad Universitaria era un espacio abierto donde uno caminaba con relativa libertad y aunque siempre hubo peligros, parece que el miedo fue directamente proporcional a la altura de las rejas y serpentines de púas que ahora existen sobre los edificios universitarios. Parece un campus amurallado. Las cámaras de vigilancia sobresalen y además, el comercio ambulante pulula. ¿A qué grado las autoridades universitarias ha sido permisivas para permitir la compra-venta de mercancías de distinta índole en la UNAM?
Ante el asesinato de Jesús Israel, varios colegas investigadores comentaron que el combate a la violencia no reside necesariamente en el control y endurecimiento de las medidas de “seguridad” y concuerdo totalmente con ellos.
De hecho, un reporte del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) sobre la violencia en la escuela señaló que a mayor rigidez institucional, las conductas violentas se incrementan. El problema es que, a mi ver, vivimos tiempos donde la autoridad educativa y universitaria está cada vez más diluida y retraída. Buscan no quedar mal y maximizar sus beneficios. Ser populares, pues.
No falta un gobernador, presidente, rector o directora que lanza programas basados en prohibiciones. Persiguen la solución rápida a problemas complejos. Ante esto, amplios grupos sociales aplauden tanto la mano dura como la permisividad. En otro plano no educativo, ¿se acuerdan de Tlahuelilpan, Hidalgo en 2019 donde la gente festejaba el robo de gasolina ante los ojos complacientes del ejército y la policía? Fue otra tragedia: más de 100 personas quemadas y muertas.
El problema con la permisividad y el autoritarismo es que ambas salidas son populares. Vivimos tiempos donde la “autoridad” eso es lo que busca: ganar votos, likes y simpatías, aunque en realidad la gente sufra, haya asesinatos, desapariciones y sufrimiento humano. Esto fue el principio de la política criminal del “abrazos no balazos”.
Tristemente, falta mucho para que se construyan autoridades educativas y universitarias que asuman su responsabilidad, informen al maestro y estudiante de sus derechos y obligaciones, garanticen efectivamente condiciones de vida digna para todas y todos y actúen con plena protección a los derechos humanos.