Erik Avilés Martínez
Durante los dieciséis meses de la actual administración estatal, en el sector educativo se han logrado varios hitos importantes en materia de gobernabilidad, que han constituido puntos de inflexión en la narrativa, la percepción y el rescate de la rectoría educativa, la cual estuvo antes en manos de grupos fácticos. Podemos identificar varios de ellos, como el reabrir las escuelas, pagarles a los maestros, avanzar en la tarjetización del pago de la nómina educativa, intentar sistematizar los procesos de ingreso, asignación de adscripciones, promociones verticales y horizontales de los trabajadores de la educación, reducir el número de protestas y movilizaciones magisteriales, entre otras acciones.
Por desgracia, lo anteriormente mencionado palidece ante la magnitud de los verdaderos retos educativos que aún permanecen intocados. De educación se habla poco y se actúa mucho menos, siendo, en el mejor de los casos, política gubernamental la que se aplica, ya que se omite constantemente realizar consulta participativa.
Si bien es digno de reconocimiento, lo logrado hasta ahora ha sido apenas prerrequisito para sacar a la educación de la situación fallida en la que se ha encontrado durante años. Hay que reconocerlo: los indicadores educativos aún no han mejorado. Es momento de redoblar esfuerzos y de enfocarse a la problemática del Michoacán profundo que necesita intervención articulada de todos los actores posibles. No basta un simple llamado al encuentro, ni un pacto con firmas o acuerdos cosméticos: es necesario llegar al fondo de las causas que truncan las trayectorias educativas de millares de niñas, niños y jóvenes, a la par que les cierran el acceso a las escuelas a muchos de ellos, siendo apenas una escasa minoría la que logra siquiera completar una carrera universitaria, lo cual, por la misma precarización del sistema educativo estatal, tampoco resulta ser garantía alcanzar a ser la mejor versión de sí mismo, ni tampoco, de lograr bienestar o éxito en la vida; es más, ni siquiera asegura un empleo digno o arraigo en sus propias comunidades. Por ello, es tiempo de profundizar en el análisis de la situación que prevalece en Michoacán para construir soluciones transversales que imbriquen al sistema educativo estatal, para continuar un proceso de saneamiento y efectividad en beneficio de la niñez y la juventud en la entidad. Es decir, es tiempo de que se tome a la educación como máxima prioridad de estado, para solucionar estructuralmente los problemas de Michoacán, cuyas consecuencias se padecen en las calles y en las escuelas, pero se viven cruentamente en las biografías de miles de estudiantes que año tras año.
Lo anterior va mucho más allá de la mera indignación y sed de justicia ante la sangre derramada y la cruenta violencia cometida contra la niñez y juventud durante décadas. Es la demanda de soluciones estructurales que transformen la condición consuetudinaria de violación a los derechos humanos en una entidad donde prevalezcan el desarrollo humano, el bienestar, la justicia social, la igualdad, la inclusión y las posibilidades de recorrer senderos íntegros y exitosos de vida para todos.
Hoy, un niño en una comunidad de menos de mil habitantes en la costa michoacana, en Tierra Caliente o en el Oriente de la entidad difícilmente no ha tenido contacto con la delincuencia organizada, ni con las armas de fuego. La contracultura se ha apoderado de regiones enteras de nuestra geografía estatal y muy poco se ha hecho para recuperarlas. En los últimos años, las estadísticas de violencia han alcanzado su máximo histórico, no solamente de homicidios dolosos, sino también de delitos contra la familia. Los suicidios infantiles y juveniles, máxima expresión de violencia autodirigida y de abandono sistémico hacia las generaciones en formación también están en cifras récord. Las acciones gubernamentales han sido exiguas, inefectivas y aisladas en su inmensa mayoría. Son claramente insuficientes para resolver la situación.
¿Cómo vamos a lograr salir de esta situación si no hay un abordaje sistémico, si no se reconoce la cardinalidad de la familia y el sistema educativo y se les arropa institucionalmente? La violencia se construye socialmente, pero se replica y se multiplica en la familia y en las escuelas, que muchas veces constituyen solamente caja de resonancia de los males sociales, ante la imposibilidad de proteger a los propios hijos. El infinito arsenal de violencias que comienzan desde la desproporcionada extracción de plusvalía del trabajo honrado hasta arrebatar años de esperanza de vida a las niñas, niños, jóvenes, sus padres y abuelos se manifiestan cruelmente en las escuelas y en las familias sin que el gobierno logre hacer mayor cosa por protegerles realmente. Sí, la dotación de factores primarios de la producción ha sido generosa con nuestra entidad federativa, pero a su vez ha sido una de las mayores desgracias, toda vez que el enfoque suele ser extractivista por parte de quienes explotan los recursos naturales: la minería, la ganadería, la agricultura suelen ser insostenibles social y ambientalmente hablando. ¿Cómo construir una comunidad de aprendizaje justa cuando desde el propio gobierno se omite regular y hasta se promueven modelos inicuos de producción? ¿Cómo formar generaciones de michoacanos sanos, cultos, críticos, innovadores y prósperos en un clima de violencia, miseria y desigualdad?
La situación no es absoluta ni determinada, sino que el Estado regulador debe asumir la rectoría del desarrollo, respetar y hacer respetar el contrato social y generar las leyes y políticas públicas que permitan revertir los desequilibrios que se padecen por la gran mayoría de los michoacanos.
Para ello es preciso que los equipos de trabajo de las dependencias educativas y de política social estén conformados por los mejores profesionistas disponibles en el mercado laboral. Sin embargo, los gabinetes están llenos de becarios de su primer empleo, de hijos del privilegio; el liderazgo no tiene mucho que ver con el talento, el mérito ni la preparación, sino que en la función pública se mensura por la herencia, por las redes relacionales y por el intercambio de complicidades.
La educación es el único camino certero que permite materializar la justicia social y aspirar a la evolución de nuestra sociedad. Pero, cómo hacer funcionar el principal motor de movilidad social cuando su importancia es soslayada y con ello, se garantiza que, para muchos niños, origen sea destino, de acuerdo con el primer gran factor de la movilidad social: la herencia económica, la clase social y la familia en la cual se nace. En nuestra nación es casi imposible que alguien nacido en el primer quintil de ingresos decaiga hasta el quinto, lo cual es inferior a las probabilidades que existen en naciones primermundistas europeas. Esto sin duda tiene mucho que ver con la manera en la cual está construida la pirámide social y con el atascamiento al que se ha sometido al ascensor que constituye nuestro sistema educativo.
Lograr que las escuelas funcionen es todo un reto; pero debe de abordarse con la máxima seriedad y empleando todos los elementos administrativos, de gobernanza y jurídicos con los que se cuente. Queda de manifiesto que los programas en pro de la reconciliación, la paz y la cultura, al ser aislados y carentes de justicia social se vuelven vacuos y no llevan a ninguna parte, más que a seguir simulando una situación cada vez más absurda, que de cuando en cuando merece atención mundial, como en la temporada del Súper Tazón en donde se mira de soslayo el sistema de producción aguacatero y comienzan las interrogantes extranjeras, sin que existan soluciones participativas a la situación, porque el guacamole se come en Estados Unidos y los muertos se quedan en Michoacán,
La educación sigue siendo la prueba del ácido para determinar la vocación social de un gobierno y es tiempo de superarla. Estamos a tiempo de que se logren resultados al respecto, pero preocupa la ausencia de planificación y de transversalidad. Más aún, revertir la situación imperante en la entidad, no solamente permitirá lograr resultados favorables a las generaciones en formación, sino que también demostrará la integridad moral del gabinete educativo estatal y determinará con ello, su futuro político. Lo hemos preguntado en varias ocasiones en este mismo espacio a los funcionarios educativos: ¿De qué lado de la historia desean ser recordados? ¿Del que firmó minutas, comprometió recursos propiedad de la niñez michoacana a favor suyo y de sus compinches e irradió ineptitud? ¿Del lado que por fin acertó a resolver problemas estructurales, sanando a la sociedad a través del desarrollo educativo?
Debemos de pasar de redactar el bestiario sexenal del mal gobierno, de la pasarela de la infamia de los gabinetes educativos estatales a que se les pueda reconocer por sus esfuerzos y resultados a favor de la niñez y la juventud. Para ello, el liderazgo público en la materia debería partir del mérito, de la experiencia profesional, de la trayectoria académica, de la integridad y de la capacidad de construir soluciones integrales a los grandes males que aquejan a Michoacán desde su sistema educativo, nunca más debería emanar de la conveniencia política, de la agencia de colocaciones en que se ha convertido cada campaña electoral, las cuales siempre sorprenden por los personajes que terminan advenidos en funcionarios educativos, rectores y directivos, los cuales eventualmente terminan pactando a favor de los más oscuros intereses de los dueños visibles e invisibles de Michoacán de Ocampo.
Como una urgencia inaplazable, resulta elemental que se realice el Programa Sectorial de Educación, el cual idealmente debió hacerse en 2021 y ya lleva al menos 16 meses de retraso, sin que a la fecha se haya realizado una sola consulta pública temática que pueda servir de insumo para tales efectos.
Aunado a lo anterior, continúa la preocupación y la demanda social respecto a la realización de los respectivos diagnósticos en materia de aprendizajes, de la salud socioemocional y la situación socioeconómica, para cada uno de los estudiantes de Michoacán, lo cual lamentablemente no ha sido aún presentado por las autoridades responsables de investigar al respecto, a pesar de contar con los mecanismos institucionales, recursos, tiempo y atribuciones para realizar tan importante tarea, que permitiría no solamente dimensionar la situación, sino también diseñar y ejecutar políticas públicas que reviertan la problemática.
En suma, en el sistema educativo estatal hay una gran cantidad de tareas por realizar, una agenda impresionantemente amplia, compleja, llena de urgencias y rezagos, pero si no se parte de centralizar la problemática educativa como principal asunto de estado, seguiremos subordinando la evolución social a los intereses y con ello, perpetuando el ciclo de la violencia, que indefectiblemente afecta más a la población infantil, juvenil y vulnerable. Si bien, las relaciones de producción, sólo desde la educación se puede consolidar la justicia social y una auténtica transformación.
¡Merecemos un gobierno educador!
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Erik Avilés es doctor en ciencias del desarrollo regional y Director Fundador de Mexicanos Primero Capítulo Michoacán, A.C.