El pasado 15 de mayo, Día del Maestro, la Presidenta de México dirigió un mensaje al magisterio desde la Secretaría de Educación Pública. Esta fecha, más allá de su carga simbólica, representa una oportunidad para examinar el diálogo (o la falta de él) entre el Estado y las y los docentes. A continuación, analizo los principales puntos del discurso con el propósito de reflexionar sobre sus implicaciones para la política educativa y los derechos laborales del personal docente.
Reconocimiento a la labor docente
Desde el inicio, la mandataria enmarcó su intervención en un contexto histórico, actual y prospectivo de la educación en México. Destacó el papel central del magisterio: “además de enseñar, construyen valores”, subrayó. Este reconocimiento, aunque simbólicamente importante, debe traducirse en políticas consistentes que dignifiquen su labor más allá del discurso. ¿Qué significa dignificar la labor docente en términos concretos? La respuesta no puede limitarse a homenajes ocasionales.
Crítica al periodo neoliberal
La Presidenta se refirió al periodo neoliberal, comprendido entre 1982 y 2018, como una etapa en la que se intentó desmantelar lo público bajo la premisa de que “lo privado era mejor”. En ese contexto, denunció los intentos de mercantilizar la educación y señaló como punto crítico la mal llamada reforma educativa del 2013, impulsada en el sexenio de Peña Nieto, señalando que éstas instalaron un enfoque punitivo y una narrativa que responsabilizaba a las y los docentes de las deficiencias del Sistema. Esta crítica —compartida por amplios sectores del magisterio y especialistas en política educativa — apunta a una narrativa culpabilizadora del magisterio y a mecanismos de evaluación con sesgo sancionador. La eliminación de dicho enfoque fue presentada como un logro de la actual administración, en línea con una concepción distinta de la mejora educativa.
Cambios con la Cuarta Transformación
Con la llegada del gobierno anterior, afirmó, se derogaron los aspectos punitivos de dicha reforma. La nueva política educativa se basa en el derecho a la educación, mismo que —según sus palabras— no puede garantizarse sin el reconocimiento pleno a las maestras y los maestros. Esta visión marca una diferencia discursiva y normativa importante y fue presentada como un parteaguas en la concepción de la educación pública. No obstante, su implementación aún está sujeta a discusión en cuanto a sus alcances reales. Algunos estudios y diagnósticos han comenzado a evidenciar tensiones entre la narrativa oficial y la implementación en las escuelas, así como la limitada participación del magisterio en el diseño y despliegue de estos cambios.
El segundo piso de la Cuarta Transformación (fase de consolidación del actual proyecto de gobierno)
En su mensaje, la Presidenta reiteró que el “segundo piso” de la Cuarta Transformación implica consolidar una educación pública en todos los niveles. Reconoció la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones dignas para el ejercicio docente, desde la educación inicial hasta el posgrado. Este planteamiento requiere ser evaluado a la luz de presupuestos concretos y políticas públicas sostenibles. ¿Contamos con una estrategia de financiamiento multianual que garantice la permanencia y mejora de estos compromisos?
Respuesta al pliego petitorio magisterial
En este contexto, la mandataria abordó siete temas clave contenidos en el pliego petitorio del magisterio. A continuación, presento un análisis de cada uno.
1. Régimen jubilatorio: Expresó su rechazo a la reforma de la Ley del ISSSTE de 2007, por considerar que lesionó los derechos de los trabajadores por establecer cuentas individuales y eliminar el esquema solidario. Aunque reconoció limitaciones presupuestales, anunció el congelamiento de las condiciones actuales, con el objetivo de evitar más retrocesos. Sin embargo, no especificó los criterios de edad y años de servicio que se contemplan.
2. Créditos de vivienda: Anunció una reducción en los montos de los créditos ya otorgados y señaló que el FOVISSSTE también construirá viviendas. Sería deseable que se aclararan los criterios de acceso y los montos máximos aplicables.
3. Incremento Salarial: Se otorgará un incremento del 9% al salario global, retroactivo al 1° de enero, y un 1% adicional a partir del 1° de septiembre. No se precisó qué proporción corresponde al salario base ni a las prestaciones, aspecto fundamental para entender su impacto real.
4. Semana adicional de vacaciones: Se incorporará una semana más de descanso laboral para docentes. Aunque no fue planteada directamente por los sindicatos, la medida busca reconocer su esfuerzo. Queda pendiente precisar en qué periodo del ciclo escolar se aplicará.
5. USICAMM: Se impulsará una consulta con docentes para replantear el sistema de promoción, lo cual podría implicar la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. No se aclaró si esta propuesta se refiere a la unidad administrativa o al sistema mismo. En caso de lo segundo, convendría especificar qué procesos se verán modificados (promoción vertical, horizontal, por horas adicionales).
6. Derecho a la movilidad: Se derogarán las restricciones impuestas por la USICAMM. El cambio de adscripción se realizará de manera presencial, por nivel educativo, tomando como único criterio la antigüedad. Esta medida podría devolver transparencia y justicia al proceso.
7. Evaluación docente: Se mantendrá la evaluación, pero será entre pares. Esta transformación representa una oportunidad para recuperar la función formativa de la evaluación, aunque su implementación requerirá diseño riguroso y participación del magisterio.
Reflexiones finales
El discurso presidencial contiene elementos valiosos, como el reconocimiento al magisterio y la reivindicación de la educación pública. Sin embargo, hay aspectos que requieren mayor claridad y sustento técnico. Es necesario delimitar el alcance real de las propuestas anunciadas, así como garantizar su viabilidad presupuestaria y operativa.
No obstante, es necesario señalar que una política educativa comprometida con el derecho a una educación pública de calidad debe sustentarse en el diálogo con los actores escolares, en diagnósticos serios, rigurosos y en una planeación con enfoque de derechos. De lo contrario, se corre el riesgo de que los avances queden en el plano del discurso, sin transformar sustantivamente la realidad de las escuelas y de quienes las hacen posibles. Es momento de que el magisterio y la sociedad civil exijan que el discurso se traduzca en política pública concreta y verificable.
Para finalizar, no quiero omitir un señalamiento importante: la mención errónea de la “excelencia” como principio rector revela un desconocimiento de los actuales criterios orientadores del sistema educativo. Asimismo, la omisión del concepto de “revalorización del magisterio” —sustituido por la noción de “reconocimiento”— implica dejar de lado uno de los pilares normativos de la reforma educativa vigente. En tiempos de transformación, la memoria normativa importa.
Carpe diem quam minimum credula postero
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