Desde el 15 de mayo de 2025, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene un paro nacional indefinido con plantones y movilizaciones en diversos puntos del país. Sus acciones, que incluyen el bloqueo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Palacio Nacional, han vuelto a colocar al magisterio disidente en el centro del debate público. La coyuntura es especialmente compleja: el conflicto estalla entre el cierre de una administración federal y el arranque de una nueva, encabezada por Claudia Sheinbaum, quien como candidata se comprometió a revisar las políticas que hoy la CNTE cuestiona con mayor vehemencia.
¿Qué pide la CNTE?
Las demandas de la CNTE no son nuevas, pero se han intensificado con el cambio de gobierno:
- Abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y retorno al régimen solidario de pensiones.
- Aumento salarial del 100%.
- Cálculo de pensiones en salarios mínimos, no en UMAs.
- Basificación universal de plazas.
- Desaparición de la USICAMM (Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros), que consideran excluyente y burocrática.
- Contratación directa e inmediata de normalistas sin procesos adicionales.
- Restablecimiento de la bilateralidad entre SEP y sindicato para procesos de ingreso, promoción y permanencia.
Aunque varias de estas exigencias tienen un trasfondo legítimo —como la necesidad de asegurar pensiones dignas y condiciones laborales estables—, también es cierto que algunas resultan difíciles de concretar en el marco de las finanzas públicas actuales.
¿Qué significa volver al régimen solidario?
Una de las demandas clave es regresar al régimen de pensiones anterior a 2007, en el que el Estado garantizaba una pensión fija a cada trabajador al jubilarse, independientemente de cuánto hubiera aportado. Este sistema, basado en la solidaridad intergeneracional, funcionaba mientras había suficientes trabajadores activos financiando a los jubilados. Sin embargo, ante el envejecimiento de la población y el crecimiento del empleo informal, el modelo se volvió fiscalmente insostenible.
Reinstalar este régimen implicaría que toda la población —vía impuestos— financiara pensiones magisteriales que en muchos casos superan lo que recibe la mayoría de los trabajadores del sector informal o del propio sistema de Afores. En otras palabras, un beneficio que solo aplicaría para un grupo, pero costeado por todos.
¿Cuánto costaría ceder a las demandas?
No hay aún una estimación oficial detallada sobre el impacto fiscal de cumplir con todo el pliego petitorio, pero especialistas del sector calculan que regresar al régimen solidario y duplicar salarios implicaría un gasto adicional de entre 1.5 y 2 puntos del PIB anual. Esto es más que todo el presupuesto anual de programas prioritarios como el de becas Benito Juárez o La Escuela es Nuestra.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar, propuesto por el gobierno, intenta resolver una parte del problema al complementar las pensiones de quienes ganan hasta 16 mil pesos mensuales, sin comprometer la viabilidad de largo plazo. Pero la CNTE rechaza este esquema por considerarlo insuficiente y discrecional.
Una movilización con rostro político
La fuerza de la CNTE se concentra en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, aunque ha extendido su influencia a Ciudad de México, Zacatecas y Veracruz. Agrupa a más de 500,000 docentes y mantiene una narrativa que mezcla la defensa laboral con el rechazo a un modelo educativo tecnocrático y “neoliberal”.
En esta coyuntura, sus movilizaciones también han tenido un impacto político: han logrado forzar la cancelación de reuniones, copar espacios en medios y poner en jaque a una presidenta electa que todavía no toma posesión. La paradoja es clara: protestan contra una administración que aún no inicia, pero que les prometió —en campaña— revisar las reformas estructurales que hoy denuncian.
¿Y el SNTE?
En contraste, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Alfonso Cepeda Salas, ha optado por un silencio institucional. Aunque ha respaldado aumentos salariales y manifestado inquietudes sobre la USICAMM, se ha mantenido al margen del conflicto. Su cercanía con el gobierno y su liderazgo prolongado más allá de los estatutos han mermado su legitimidad para actuar como mediador o contrapeso.
Una educación de calidad comienza por valorar al magisterio, no por paralizar clases
El paro indefinido de la CNTE ha dejado sin clases a más de 1.2 millones de estudiantes desde el 15 de mayo, afectando a casi 20,000 escuelas de educación básica. En estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, hasta el 95% de los planteles han permanecido cerrados. Las principales afectadas son niñas y niños de comunidades rurales e indígenas, que ya enfrentaban enormes desigualdades educativas.
Este escenario pone en evidencia una contradicción fundamental: mientras se exige la revalorización del trabajo docente, se interrumpe el derecho a la educación de millones de estudiantes. Se puede y se debe exigir justicia laboral sin negar la justicia educativa.
Una educación de calidad no puede lograrse sin docentes bien formados, motivados y con condiciones laborales dignas. Para ello, muchos hemos insistido en que se necesita:
- Fortalecer la formación inicial y continua, dotando a los maestros de herramientas pedagógicas y éticas sólidas.
- Mejorar las condiciones materiales de trabajo: infraestructura, seguridad, recursos didácticos, acompañamiento.
- Defender la autonomía profesional, para que los docentes puedan ejercer su labor con responsabilidad, sin estar sujetos a liderazgos sindicales que utilizan la educación como herramienta de presión política.
Revalorizar el magisterio no implica aceptar tácticas de chantaje. Implica construir una relación de confianza, corresponsabilidad y profesionalismo entre gobierno, docentes, comunidad y estudiantes.
Reflexión final: entre la promesa y la gobernabilidad
El conflicto con la CNTE obliga a mirar de frente una de las tensiones estructurales más complejas de nuestro sistema educativo: ¿cómo garantizar derechos laborales y pensiones dignas sin comprometer la sostenibilidad fiscal ni afectar a otras poblaciones igualmente vulnerables? ¿Cómo dar respuesta a compromisos de campaña sin abrir la puerta a demandas inviables o asimétricas?
La protesta magisterial, en este sentido, es también una prueba para el nuevo gobierno. No se trata solo de negociar tablas salariales o estructuras de promoción, sino de plantear una política educativa que reconozca el valor del trabajo docente, pero sin poner en riesgo la equidad, la calidad ni las finanzas del país.
El reto no es menor. Pero esquivarlo sería, también, una forma de traicionar las promesas que le dieron fuerza y legitimidad a la victoria política de la presidenta Claudia Sheinbaum.