Roberto Rodríguez Gómez

Las universidades son generalmente definidas como instituciones, públicas o privadas, que tienen la capacidad de desempeñar tres funciones básicas: formación de nivel profesional y posgrado, investigación teórica y aplicable, y una tercera función que ha sido designada, en distintas etapas, en términos de extensión educativa, difusión y divulgación cultural, e incluso como vinculación con los sectores de producción, servicios y gobierno. En todo caso, la naturaleza de la tercera función universitaria contiene una diversidad de fórmulas de proyección social que apuntan en la dirección de profundizar la legitimidad de tales instituciones ante los poderes públicos y la sociedad en su conjunto

Un balance de las promesas de Andrés Manuel López Obrador entre dos contiendas por el poder Una aproximación al desempeño del gobierno en materia de educación superior resulta del balance…

Las recientes protestas estudiantiles fueron atendidas con voluntad de conciliación por la dirigencia politécnica, ¿Será atendida la petición de incremento del presupuesto para resolver las problemáticas?

En la última década el sistema de educación superior del país ha transitado de 3,208,535 estudiantes en el ciclo 2011-2012 a 5,068,493 en el último año. Ello contando a los inscritos en los niveles de técnico superior universitario, licenciaturas universitarias y tecnológicas y posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como en las opciones de educación superior abierta y a distancia. El incremento en diez años de un total de 1,859,958 personas en estudios superiores, o bien 186,958 cada año en promedio, es apreciable aunque aún insuficiente para conseguir las metas un indicador de cobertura satisfactorio. Hay que hacer notar, además, que el ritmo de crecimiento anotado ha disminuido en los últimos años por el doble efecto de la pandemia en los últimos dos años y por el relativo estancamiento del gasto público en el sector.

El primero de septiembre de 1968, en plena creciente del movimiento estudiantil de ese año, el presidente Díaz Ordaz presentó al Congreso su cuarto informe de gobierno. Se refirió, por primera vez en extenso, al mismo y fijó la postura gubernamental para contenerlo. Varios segmentos del discurso fueron interpretados como una amenaza contra los estudiantes, al justificar el uso de la fuerza pública y advertir que llegaría, según dijo, “hasta donde estemos obligados a llegar”. Resultó premonitorio, como es sabido.

Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados, el gasto federal en la función educativa ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales, con respecto al presupuesto aprobado el año previo.

La determinación del presupuesto de egresos de la federación es resultado de un proceso que comprende varias etapas. La Ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria contempla las responsabilidades y los productos de los agentes que intervienen en el ciclo presupuestal, así como las fechas en que deben cumplirse. El artículo 42 de la norma indica el procedimiento general. El primer paso es que la Secretaría de Hacienda (SH) envíe al Congreso, a más tardar el 1 de abril, un paquete con los siguientes elementos: objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año (crecimiento, inflación, tasa de interés y precio del petróleo); escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos (incluso déficit y superávit); e indicación de los programas prioritarios y sus montos.

Hace un mes, el pasado 16 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, en uno de sus últimos actos como secretaria de Educación Pública, encabezó la presentación pública del Plan de Estudios de Educación Básica. En su discurso describió los elementos componentes de la nueva escuela mexicana (NEM). Argumentó, en primer lugar, que el propósito central de la NEM es “procurar la formación integral y humanista desde la formación inicial hasta la superior”. La aún titular de la SEP, agregó que “en la NEM se articulan los aspectos académicos con las diversas realidad sociales del país. La meta es garantizar una enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad e inclusión.” Estas definiciones genéricas coinciden, cuando menos no se apartan, del espíritu de la reforma constitucional y normativa de 2019, que es el inevitable marco de referencia de la NEM.

A pesar de haberse realizado una presentación formal del Plan de Estudios de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria, aún subsisten dudas sobre el proceso de implementación y otros detalles del proyecto.