Miguel Ángel Casillas

Si los debates presidenciales son un espacio privilegiado para la discusión de las ideas, para la confrontación de proyectos y visiones sobre el futuro, el debate presidencial del domingo pasado dejó mucho que desear.

El 12 de diciembre la UNAM publicó un comunicado en el que celebra un paso trascendental para la educación superior en Jalisco y para todo el país. Se trata de la iniciativa de decreto que reforma el Artículo 15 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que propone un presupuesto constitucional para la Universidad de Guadalajara (UdeG) que le garantiza, al menos, el 5% del Presupuesto de Egresos del Estado como subsidio ordinario estatal, así como el 0.3 % para infraestructura y equipamiento educativo.

Luego de un hartazgo generalizado frente a la baja calidad de la educación, la insuficiencia de los espacios físicos y de la infraestructura, la reiteración de las prácticas sexistas y el acoso; cansados de no ser escuchados y atendidos en el seno de las escuelas, miles de estudiantes politécnicos se movilizan y exigen la solución de un pliego petitorio. Las demandas son muy razonables, pero en el IPN y en otras muchas instituciones de educación superior indispensables.

Esta semana se celebran los treinta años del Área de sociología de las universidades, un grupo de investigación que, desde la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, se ha dedicado al estudio sistemático de las instituciones de educación superior, sus procesos y sus agentes.