Se ha difundido de manera masiva en todo el mundo, las amenazas del hoy presidente de los Estados Unidos de América, Donald Trump, que colocan en un lugar visible a la comunidad de migrantes indocumentados mexicanos y a nuestro país en general. Si bien ha involucrado también a otros países y a sus propios ciudadanos, en esta reflexión nos enfocaremos en lo que nos atañe.
Para la sociedad globalizada, la mayoría de los analistas, gobiernos y organismos internacionales, la atención ha estado centrado en los beneficios de las remesas para los lugares y regiones de origen, no obstante, es importante señalar que, en estos tiempos, la contribución más significativa de los migrantes se realiza en el país de destino, es decir, en Estados Unidos:
Los migrantes mexicanos satisfacen la creciente demanda del mercado laboral de Estados Unidos; dinamizan el mercado interno estadounidense mediante el ejercicio de su capacidad de consumo; aportan al fondo fiscal estadounidense impuestos directos al trabajo lo que implica que más allá de la aportación que los migrantes mexicanos realizan a nuestro país mediante el envío de remesas, es indiscutible que contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos en la producción, consumo, pago de impuestos y, sobre todo, en la satisfacción de la demanda laboral sin que ese país haya invertido en su formación y reproducción.
No son criminales, como se insiste en llamarlos, cierto, no tienen documentos oficiales que acrediten su estancia en ese país, pero a ello también contribuyen los ciudadanos americanos que los contratan porque son mano de obra barata que explotan sin consideración. Me pregunto si el ahora presidente ha pensado en el caos en que se convertiría su país si las personas que recogen sus cosechas y limpian sus edificios de oficinas, que trabajan en granjas avícolas y plantas empacadoras de carne, que lavan los platos después de que comen en los restaurantes y trabajan en los turnos de noche en los hospitales y que, sin duda pagan impuestos, (como lo expresó la obispa en la Catedral Nacional), son expulsados de aquel país.
En el mundo, hay millones de personas en tránsito. Algunos tuvieron que abandonar sus hogares debido a los conflictos, a la pobreza o al cambio climático; otros se marcharon con la esperanza de encontrar una vida mejor y más segura. Muchos de ellos se enfrentan a peligros, arrestos, dificultades y discriminación en el camino, en su lugar de destino o cuando regresan. Como todos los seres humanos merece protección, atención y toda la ayuda y los servicios necesarios para salir adelante.
Más allá de que se hagan realidad las amenazas en Estados Unidos, en México tenemos mucho por hacer: está documentada la violencia institucional hacia la población migrante. Funcionarios públicos involucrados en casos de corrupción, denegación de acceso a los derechos y a la justicia, sigue existiendo un abismo entre el discurso de derechos humanos que maneja el Instituto Nacional de Migración (INM) y sus prácticas; tampoco se ha atacado de raíz la violencia institucional cuyos orígenes son: el racismo, la homofobia y la xenofobia, y muchas veces, una cultura de corrupción e incluso colusión con el crimen organizado arraigada en las instituciones públicas. México se ha posicionado como un país con diversas instituciones que, en teoría, ofrecen atención integral para salvaguardar la vida de las personas migrantes, sin embargo, la mejora de sus condiciones de tránsito no siempre es consumada (Mejía y García, 2014).
Es cierto que México comparte con otros países de Latinoamérica un contexto de violencia estructural que vulnera tanto a nacionales como a extranjeros, además de la precariedad económica que facilita esta situación. La seguridad nacional muchas veces se convierte en el pretexto para la violación de derechos por parte del Estado, el cual, centrado en la protección de la integridad física de la población, olvida cuestiones básicas de la seguridad humana: empleo, vivienda, educación y salud.
Estas cuatro condiciones son las que es necesario atender con estrategias gubernamentales más allá del discurso:
En lo referente al empleo los migrantes que regresan a México poseen saberes y experiencias que han aprendido de manera empírica, por necesidad ante su supervivencia, lo que requieren, por tanto, es certificarse para conseguir un trabajo que en México es muy credencialista, si no se tienen papeles no hay trabajo. La certificación en y para el trabajo es algo necesario que desde mi punto de vista no se ha impulsado de manera suficiente, se abren universidades, tecnológicos etc., pero ¿qué hay de las necesarias para que las personas se incorporen inmediatamente al mercado de trabajo? Instituciones como el ICATEP deberían de multiplicarse por todo el territorio nacional.
En cuanto a salud, es imposible negar que los sistemas de salud de nuestro México están rebasados, si bien ofrecen servicios médicos para todos, tienen escasez de infraestructura, medicinas, doctores, personal de apoyo, asistencia y aseo, insumos necesarios para atender a los pacientes etc. Si regresan en masa a nuestros migrantes, deberían desde ahora centrarse en atender lo necesario. En lo relacionado a vivienda, he escuchado que están previstas para alquilar, pero no son tan necesarias las que están ubicadas en el contexto urbano, en el rural es donde más se necesitan, ahí de donde son originarios la mayoría de los mexicanos que regresan.
La educación es todo un tema. Es importante destacar que la mayoría de las autoridades escolares desconocen las experiencias de los migrantes y aspectos socioculturales que les son propios, así también, la escasez de estrategias de algunos docentes para recibir, atender y educar en contextos migrantes; como lo he venido destacado, porque la escuela actúa como normalizadora de los sujetos que no se ajustan a los cánones sociales, sobre todo por diferencias de clase, étnicas y de condición etaria, por lo que viven una realidad trastocada en sus relaciones sociales y escolares, lo cual, en ciertos casos, implica volver a empezar un ciclo escolar en otro país, retomar rutinas, aprender y convivir con el otro (Franco, 2017).
No debemos de olvidar que la escuela es la primera oportunidad que tienen las niñas, niños y adolescentes NNA y los jóvenes para integrarse en un nuevo país y también la más importante, porque les ofrece una sensación de normalidad, los ayuda a desarrollar sus competencias lingüísticas y les facilita la integración en la escuela y en la sociedad, en donde la educación no formal juega un papel fundamental así como las actividades de ocio que les proporcionan diversas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones, muchas de ellas en colaboración con UNICEF.
Como se puede observar, nosotros tenemos mucho que hacer ante las amenazas de esta persona, pero los ciudadanos de ese país perderán mucho más, no solo en lo relacionado con los migrantes, recordemos que entre las medidas realizadas, su presidente firmó un decreto que elimina los programas de diversidad, equidad e inclusión (conocidos como DEI por sus iniciales) del Gobierno federal.
Estos programas en los últimos años se han convertido en un pararrayos social y político para legisladores, líderes corporativos e incluso activistas conservadores, que han tratado de calificar las iniciativas de injustas e incluso racistas, sin embargo para otros “tener una experiencia donde la equidad se centra, la igualdad se considera, la inclusión está en primer plano en la mente de las personas, esas son cosas que estamos enseñando a la próxima generación sobre cómo deberían dirigir el mundo”(Oficina de Georgetown, Washington, D.C).
Referencias
Franco, M. (2017). Sistemas educativos y migración: una mirada a la educación en Estados Unidos y México. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 22(74), 705-728
Mejía Rubio, Silvia y García Lirios, Cruz. (2014). Violencia institucional contra los transmigrantes centroamericanos. Revista de Trabajo Social UNAM, 6, pp. 45-65.
UNICEF https://www.unicef.org/es/ninos-desplazados-migrantes-refugiados