“El neoliberalismo es ignominioso para la educación, el populismo es peor”. No es una frase textual, pero fue la parte central del argumento en un ensayo de uno de mis alumnos, en un seminario de doctorado, en el otoño de 2021. El foco de su crítica al programa Escuelas al Cien (de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto) fue porque se bursatilizaron los fondos para la infraestructura escolar. Pero criticó más al programa La Escuela es Nuestra por su tono populista y cargado de ideología.
Tanto el proyecto del gobierno de Peña Nieto, como el de Andrés Manuel López Obrador, se diseñaron para fortalecer la infraestructura educativa con la participación de sociedades de padres de familia. Quizá sean los asuntos menos controvertidos de ambos proyectos de reforma educativa, debido a que se diseñaron para atacar problemas sentidos: escuelas con faltas graves como carencia de techos, agua potable (hasta para sanitarios) bardas y campos deportivos, vamos, hasta mobiliario y pizarrones. El proyecto de Peña Nieto alcanzó a cubrir áreas urbanas y tuvo cierto éxito. Familias y docentes notaron las mejorías. Las escuelas multigrado o de educación bilingüe y bicultural demandaban que se les incluyera. Pero el sexenio se agotó.
AMLO censuró ese programa porque, si bien directores y padres de familia decidían qué y dónde hacer mejoras, el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, asignaba los recursos y contrataba a constructoras para que hicieran el trabajo. En octubre de 2019, AMLO le dio un vuelco. A partir de entonces, la LEEN asigna el dinero para reparaciones, a los padres de familia, a quienes se les ordenó constituir Comités Escolares de Administración Participativa. Los Servidores de la Nación se encargan de su operación. El gobierno de la Cuatroté incrementó los fondos e incorporó a las escuelas de zonas deprimidas.
Bienestar es la palabra clave en la oratoria y el mecanismo es la entrega de fondos a esos comités, al principio, sin reglas de operación. La presunción de que el pueblo bueno es honesto, puro y virtuoso, pronto se vino abajo. Abundan notas de prensa con denuncias de apropiación indebida de los fondos por presidentas y presidentes de los CEAP y mañas de algún servidor de la nación que se sirvió para sí mismo los fondos de varias escuelas.
Un botón de muestra puede ser la nota del Diario de Saltillo, del 26 de junio: “Intentaron padres de familia ‘transear’ escuelas de Coahuila con dinero de La Escuela es Nuestra”. La responsable del programa en el estado declaró que “el protocolo ante anomalías detectadas por la falta de comprobación del empleo de los montos que se asignan a las escuelas… marca que se emitan las denuncias correspondientes contra quienes resulten responsables ante la Fiscalía General de la República”. El gobierno local no tiene jurisdicción.
En el Inifed había corrupción –neoliberal, claro está— pero el gobierno tenía ciertos controles. En la LEEN también hay corrupción, pero le rinde votos a Morena. Ergo, seguirá a pesar de la opacidad populista.
Retazos
Guadalupe Díaz Silva, directora de Enlace y Relaciones Públicas de la UNAM, comentó mi artículo de la semana pasada. La porción sustantiva del boletín que me envió indica. “A partir del lunes pasado, comenzamos a contactar a las y los aspirantes que no pudieron presentar su examen por alguna falla en la conexión de internet, por cortes de luz o por otras causas, con el objetivo de reprogramar sus exámenes”. ¡Bien!
Eduardo Backhoff documenta que México (excepto Nuevo León) dejará de participar en el Estudio Regional Comparativo y Explicativo para países de Latinoamérica y el Caribe del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación de la Unesco. Suobjetivo: monitorear el progreso de escolares de 3º y 6º de primaria, en lectura, matemáticas y ciencias. En poco tiempo, solo sabremos qué tanto aprenden los alumnos por la oratoria de la Cuatroté.
La excepción: La Secretaría de Educación del Estado de Durango dio a conocer que aplicará la Evaluación Estandarizada 2025 en escuelas de primaria y secundaria. Así, pretende conocer el nivel de aprendizaje de unos 250 mil alumnos del estado.