Lev Moujahid Velázquez Barriga
En el plan C o agenda legislativa para echar el segundo piso de la Cuarta Transformación, no se tomó en cuenta la demanda del magisterio nacional que la CNTE colocó en el centro de sus protestas a lo largo del sexenio culminado: abrogar la Unidad del Sistema de Carrera para Maestras y Maestros (USICAMM). El pretexto del gobierno anterior, era que no se tenían las condiciones legislativas para hacerlo, porque el partido oficial no contaba con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión; y en efecto, una modificación a las leyes secundarias habría sido insuficiente.
Para abrogar la raíz de este sistema, se requeriría cambiar el artículo 3 de la Constitución, que en 2019 incluyó el siguiente texto: “La ley establecerá las disposiciones del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en sus funciones docente, directiva o de supervisión”, con lo cual, el patrón y sólo el patrón, sin participación de los trabajadores en la definición de los criterios y procedimientos para la “admisión, promoción y reconocimiento” se adjudica de forma unilateral la rectoría de todo proceso laboral o de profesionalización. Con ello, la primera legislatura de la cuarta transformación ratificaba el régimen de exclusión que sustrajo parte fundamental de los derechos laborales de los maestros que se habían establecido en el artículo 123; a pesar de que el origen de tal exclusión, se remonta a las reformas estructurales del Pacto por México, donde confluyeron los partidos de la derecha.
No obstante que ya cambió la correlación de fuerzas en las dos cámaras legislativas desde un mes antes de la toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de la República y con ello la consolidación de una nueva mayoría calificada con el poder sobrado, el consenso y las facultades probadas (por ejemplo, en el impulso a la reforma del Poder Judicial) para echar atrás las bases constitucionales que durante décadas consolidaron el neoliberalismo educativo en México; no hay señales claras que den muestras de voluntad para restablecer y construir con nuevos elementos, un régimen democrático, participativo y de justicia laboral para los docentes.
Los discursos de los agentes transformadores en el poder, se decantan cada vez más en posibles acciones, menos que reformistas. Han pasado de la eliminación o desaparición de USICAMM a la revisión y/o implementación de un “nuevo sistema” que garantice la transparencia en la contratación y promoción docente, cuyo contenido no dice otra cosa sino lo mismo, pero de otro modo. Con el mejor ánimo de intentar comprender lo que propone el secretario de Educación, cabría preguntarle: esa transparencia de la que habla ahora ¿será la misma del Servicio Profesional Docente enunciada cuando él presentó la reforma educativa del pacto contra México? ¿Acaso será la misma para la que aprobaron USICAMM cuando fue coordinador parlamentario de Morena? ¿O ya será otra?
Desde hace una década, según la narrativa del oficialismo de turno, el Estado recuperó la rectoría de la educación; en resumidas cuentas, esto significa que el sindicato ya no tiene injerencia en la asignación de nuevas plazas y ascensos para docentes, porque es facultad exclusiva del gobierno hacerlo a través de un sistema de carrera magisterial. Han transcurrido dos sexenios, uno del bloque conservador, encabezado por el PRI; otro, de la Cuarta Transformación, encabezado por Morena. ¿Y todavía no han podido transparentar estos procesos de asignación? La confesión de partes, sólo es la confirmación de lo que ya sabemos en el ámbito de la educación básica y que se traduce en múltiples variables de irregularidades opacas y descaradas.
Con la tan evocada transparencia, la política global del neoliberalismo ha buscado pontificar la rendición de cuentas con el propósito de recortar costos de nómina del profesorado, instituir la precarización como vehículo hacia la excelencia educativa e individualizar la relación laboral al desarticular la participación colectiva de los trabajadores en la definición de sus condiciones generales del trabajo; claro, esto último no ha sido para nada complicado con el SNTE, si los pontificadores de la cristalina transparencia le conceden curules que no se ganan con votos, le permiten al líder máximo percibir la jubilación docente, cobrar su cuantiosa nómina siendo secretario general y recibir la abundante dieta económica como coordinador de la Comisión de Seguridad en el Senado (todo junto, superando con creces el tope constitucional del salario de la Presidenta).
Sin embargo, esta experiencia de organización corporativa, patronal y fraudulenta, adoptada como propia por los actuales transformadores del país, no es la que reivindican los maestros democráticos de la tradición fundante de los sindicatos para la solidaridad; la defensa de empleo, el salario, los trabajadores y la seguridad social; y en su caso particular, de la educación pública. El gran debate sobre los mecanismos de contratación, ascensos y promociones salariales no está en la transparencia de los sistemas patronales de la carrera docente, justamente porque éstos excluyen a los trabajadores de la educación, violan su derechos laborales establecidos en el artículo 123 y contravienen la legitimidad reconocida por la Organización Internacional del Trabajo, que los faculta a participar de la contratación colectiva y la definición de sus condiciones generales del trabajo.