El consejo convocó a los miembros del SNI y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social, una regulación que tiene sus orígenes décadas atrás
El gobierno actual ha dejado en claro que no le gustan y no quiere a los órganos intermedios, esos que se interponen entre él y los ciudadanos en la tarea de gobernar, todavía menos si tienen o tenían una cierta autonomía.
La entrega directa de beneficios a los gobernados, una interlocución sin mediaciones con los ciudadanos y ningún otro agente en el proceso de toma de decisiones, han marcado las líneas generales de la actuación gubernamental en el periodo. La eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y también la del Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, a pesar de que ambos tenían actividades muy especializadas, exhiben las preferencias.
Las cosas no han sido distintas en el terreno de la actividad científica y tecnológica. Y no solamente es la eliminación del Foro Consultivo, ese controvertido organismo diseñado para que diferentes actores participaran en la política sectorial, porque la misma suerte corrió la Conferencia Nacional, esa instancia de coordinación entre titulares del ramo en las entidades federativas y el Conacyt. O bien, los fondos sectoriales y mixtos o las múltiples redes, asociaciones y comités que operaban distintos programas.
Pero si la actuación gubernamental está animada vigorosamente por una fuerza centrípeta, ¿por qué la autoridad, en el ámbito científico y tecnológico, ahora trata de colocar una válvula de escape que le reste fuerza de atracción? Veamos.
Desde hace dos semanas el Conacyt convocó a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) —aunque no a todos— y a los becarios de posgrado a integrarse a unos Comités de Contraloría Social (CCS). El plazo para registrar los datos en línea venció este 4 de noviembre.
En el caso del SNI se integrarán cuatro CCS: uno para candidatos a investigador; otro para los investigadores nivel I; otro para los nivel II; y uno más para los nivel III y eméritos. La participación es voluntaria, aunque todavía no se sabe cuántas personas se registraron de los casi 36 mil miembros del SIN y menos cómo serán seleccionadas las 40 personas que integrarán los comités (10 por cada uno).
Lo único que se ha dicho es que los comités tendrán una integración equitativa de hombres y mujeres, habrá representación de todas las regiones y la participación de la Ciudad de México estará limitada a una persona.
Las funciones que desempeñarán los comités sí están previstas y se refieren a las indicadas por la Secretaría de la Función Pública, mismas que están descritas en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales” (DOF. 28.10.2016). La responsabilidad más relevante es la de vigilar la operación del programa, tanto en lo referente al ejercicio de los recursos y cumplimiento de normas por parte de los beneficiarios como a la entrega de apoyos y registro de quejas.
Sin embargo, cabe aclarar, la iniciativa de una contraloría social no es reciente y tampoco es de este periodo. De hecho, en México, el germen quedó sembrado en los comités (presidente, secretario y tres vocales) que se pusieron en marcha al comienzo de los años noventa en el macro Programa de Solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los vocales de aquellos comités tenían la responsabilidad de controlar y vigilar la operación del programa, en especial la transparencia y el uso adecuado de los recursos.
A nivel de la administración pública, la ahora Secretaría de la Función Pública (SFP), antes se denominó Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo (Secodam) en aquellos años noventa y antes, en el sexenio de Miguel de la Madrid, se llamaba Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Fiscalizaban normas y el ejercicio de los recursos.
Los lineamientos de contraloría social a los programas federales tampoco son de este periodo, el establecimiento de la primera regulación fue en el 2008 —en el periodo de Felipe Calderón— y la actualización más reciente a la norma fue realizada en el 2016, en la administración de Peña Nieto.
O sea, la regulación de una contraloría social está prevista en las leyes desde hace tiempo, la Secretaría de la Función Pública ha promovido la instauración de comités y Órganos Internos de Control a nivel estatal y federal, están en operación múltiples instancias y, sin embargo, la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos sigue siendo opaca porque ha escapado al escrutinio de beneficiarios y ciudadanos.
Los comités podrán retornar, pero si la contraloría social no tiene dientes para inhibir los actos indebidos o para ejercer un verdadero control sobre los recursos públicos, no es una válvula ni una ventana a la actuación de la administración gubernamental. Además, si la instauración de los CCS en el sector sigue la norma, deberían estar todos los programas sujetos a reglas de operación, como el de fortalecimiento sectorial de capacidades científicas y el de fomento regional, no solamente los controvertidos.
Pie de página: La agenda está larga: vienen los recursos de revisión en el SNI y la definición sobre la entrega de incentivos; los senadores tienen en sus curules la iniciativa sobre multas a los partidos políticos; y los diputados discuten el presupuesto para el año próximo.