Pedro Flores Crespo
En México, la elección de 2018 dio como resultado un gobierno poco proclive a utilizar los resultados de la investigación y de la evaluación para tomar decisiones y diseñar políticas. Esto marcó un punto de inflexión en el manejo de los asuntos públicos.
Los diversos tipos de evaluación educativa (docente, de logro escolar, curricular, de políticas) fueron metidos en el mismo cajón, iniciando con ello su simplificación y desvalorización. Académicos y políticos que antes le ponían adjetivos de “punitiva” a la evaluación, con el cambio de gobierno, la rebautizaron como “diagnóstica o formativa”.
Ciertamente, hubo usos erróneos de los resultados de la evaluación como dañar la imagen pública del magisterio, afectar sus derechos laborales, o en el caso de la evaluación estandarizada, hacer rankings y prepararse para “pasar la prueba” como si éste fuera el único fin educativo. La evaluación sugiere la existencia de “perdedores y ganadores”, por ello, su nivel de resistencia social es alto. Es, pues, una política educativa altamente impopular y un político como AMLO lo sabía y no iba a dejar pasar la oportunidad para unir en su campaña dos elementos: ganar los votos del magisterio y deshacerse de algo en lo que no cree. De hecho, la cancelación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) la justificó con un argumento falaz. Era un “órgano persecutorio del magisterio”, dijo. No pocos le creyeron, pero otros cuestionamos su posición y promovimos varias iniciativas para que no procediera. Fracasamos, pero había otro elemento que nos enfrentaba.
¿Se puede mejorar la calidad educativa por medio de la evaluación? Varios colegas sostuvimos en distintos foros que no; que se necesitaba, entre otras cosas, deliberar, discutir abiertamente los resultados de la evaluación para que las comunidades escolares imaginaran y pusieran en marcha sus propias estrategias de mejora. La necesidad de ver un cambio educativo instantáneo operó contra la evaluación. “Como anillo al dedo” cayó este punto para la 4T: “se gasta mucho y nada mejora”. Los utópicos se volvieron pragmáticos.
¿Qué investigador, partido, coalición, candidata o candidato propondría ahora a la evaluación como medio para mejorar la educación, si ha perdido significado y sentido en el imaginario social? ¿Es razonable descartar la evaluación educativa por impopular?
La impopularidad de la evaluación nos dejó sumidos en el supuesto de que medir los atributos del Sistema Educativo Nacional es malo per se, improductivo o inútil. Parecemos atorados cuando en realidad mucho hemos pensado y discutido. Algunos, incluso, se han movilizado. La protesta magisterial desde 2008, a mi ver, contribuyó a renovar razonamientos técnicos: había que desarrollar marcos de evaluación referidos a los diversos contextos y el mérito individual del docente debe capturarse integralmente, no sólo a través de un instrumento. Aprendimos. ¿Podremos entonces imaginar enfoques de evaluación distintos a los que se intentaron en los tres últimos sexenios? Espero que sí.
Para ello, es necesario hacer un recorrido crítico de la política de evaluación en México. Reconocer errores del pasado, nuevas lógicas y crecientes desafíos. Si antes la política educativa estaba basada en el “evaluacionismo” (Arnaut), ahora parece que nos acercamos al “oscurantismo”, pues hemos perdido datos e información representativa sobre el logro escolar a nivel nacional. Ya no podemos hacer comparaciones a través del tiempo con este indicador. Esto es regresivo.
La opacidad es base de la mentira.
Twitter: @flores_crespo