Arcelia Martínez Bordón
Ante el cambio de administración del gobierno federal, legislaturas y gobiernos estatales, en agosto pasado, convocados por el Faro Educativo de la Ibero y el Departamento de Investigaciones Educativas del Cinvestav, nos dimos cita varios investigadores, funcionarios, docentes e integrantes de organismos internacionales y de la sociedad civil en el foro “¿Qué sigue para la evaluación educativa?”. El propósito fue crear un espacio de análisis y reflexión sobre la evolución, avances y retos de la evaluación educativa en México, particularmente en una coyuntura que avizoraba la desaparición de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), resabio del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
Preocupados por la iniciativa que proponía la desaparición de los órganos autónomos, incluido el Coneval — y Mejoredu, aunque no goce de autonomía constitucional— los convocados nos reunimos a lo largo de un día, en cuatro paneles, para reflexionar sobre los avances y retos en materia de evaluación educativa, y para plantear una serie de propuestas que hoy, con la inminente desaparición de ambas instancias, cobran mayor relevancia. Recordemos que apenas el 28 de noviembre se aprobó en la Cámara de Senadores la desaparición de siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información y la Comisión Federal de Competencia Económica.
En este artículo rescato varias de las ideas y propuestas surgidas en dicho foro, así como algunas reflexiones propias sobre para qué, qué, cómo y quiénes van a evaluar la educación. En el primer panel, o de “Evaluación para qué”, se reflexionó sobre la necesidad de replantear el significado y la finalidad de la evaluación educativa en México. Las y los participantes destacamos que la evaluación educativa resulta fundamental para tener información relevante y disponible que permita la formulación de mejores políticas educativas, pero también como un ejercicio de rendición de cuentas a las familias y a la ciudadanía.
Destacamos también que, además de contar con pruebas estandarizadas sobre el logro de aprendizaje en campos disciplinares tan importantes como las matemáticas y el español, que crucen sus resultados con el contexto socioeconómico de las familias, comunidades y escuelas, es necesario contar con evaluaciones comprensivas, de carácter más integral, que den cuenta de que ocurre en la escuela y —muy importante— de lo que se hace con el presupuesto público desde la política educativa para garantizar el derecho a una educación de calidad.
Sobre esto último, quiero añadir que hoy hemos vuelto un poco al punto de partida, más o menos veinte años atrás, en tanto no parece que vayamos a echar mano, al menos no en lo inmediato, de la experiencia construida a lo largo del tiempo, que dio frutos en una diversidad de dispositivos evaluativos. Ya no digamos en materia de evaluación de programas y políticas —trabajo que correspondió al Coneval y en su momento al INEE—, sino tampoco en lo que respecta a la evaluación de los aprendizajes clave. Como en el juego de “Serpientes y escaleras”, hemos descendido varios peldaños.
Tenemos el reto de evaluar no sólo los aprendizajes y lo que sucede en la escuela, sino de avanzar en la valoración de la integralidad y coherencia entre políticas. Considero que este es un requisito indispensable para plantear mejores intervenciones de gobierno, que apuesten a resolver los llamados “wicked problems” o problemas “perversos”, “endemoniados” o complejos; es decir, aquellos que no tienen una solución clara ni definitiva debido a su complejidad, incertidumbre y carácter interconectado.
En el panel dos, titulado “Retos actuales de la evaluación educativa”, los participantes ahondaron en el análisis de los desafíos que enfrenta la evaluación educativa en México y plantearon estrategias para superarlos. Se discutió sobre la necesidad de equilibrar la evaluación sumativa y formativa para potenciar el aprendizaje y ofrecer una visión más completa de los avances de los estudiantes. En este panel se hizo énfasis en la importancia de contar con políticas educativas coherentes; una de las propuestas fue que avancemos en la valoración de política educativa a partir del monitoreo y evaluación del Programa Sectorial de Educación, en tanto que constituye el mapa de ruta de cada administración en materia de política educativa. Se subrayó también que la relevancia y eficacia de los procesos de evaluación depende en parte de la participación de docentes, estudiantes y comunidades.
Luego de un receso, el foro continuó con un panel sobre “Evaluación educativa y la colaboración con sociedad civil y organismos internacionales”. Funcionarios y representantes de dichos organismos compartieron parte de su experiencia y destacaron cómo las alianzas estratégicas a nivel local pueden potenciar la calidad y pertinencia de la evaluación educativa, aportando iniciativas innovadoras y adaptadas a las necesidades específicas de cada comunidad. Nos acompañaron representantes de la Unesco, el Banco Mundial, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y la encargada del Instituto Natura México.
La última sesión propició una reflexión muy importante, que fue además uno de los principales ejes del foro: “La necesidad de una nueva gobernanza en la evaluación educativa”. Las panelistas y las moderadoras comentamos sobre la urgencia de establecer una evaluación educativa que sea inclusiva y participativa. Se destacó que, para garantizar la transparencia, eficacia y equidad en los procesos evaluativos, es fundamental involucrar a todos los actores clave: autoridades federales y locales, sociedad civil organizada, academia y, especialmente, a los docentes.
Ante los retos que enfrenta el sistema educativo, necesitamos pensar en nuevas formas de evaluar la educación. Que se complementen. En las que participemos todos los interesados en el análisis de las problemáticas educativas, y en las que convivan distintos tipos de evaluaciones: aquellas que miran el bosque a partir del análisis de coherencia y articulación de las políticas, y que funcionan como mecanismos de rendición de cuentas a la sociedad; y aquellas que pueden implementarse en el nivel escuela y que ayuden a la mejora de los procesos de planeación a nivel del aula y el centro escolar.
La evaluación educativa en México se encuentra en una encrucijada histórica, marcada por cambios constitucionales —la desaparición de los órganos autónomos, incluido el Coneval, y la Mejoredu—, el descrédito que sufrió en la administración pasada con su consecuente eliminación en el marco legal, y la urgencia de garantizar el derecho a una educación de calidad. Si bien los retos son significativos, es muy importante mirar las oportunidades para reconfigurar este proceso como un mecanismo realmente útil para la mejora educativa y la rendición de cuentas societal.
Por ello, una pregunta central que debemos hacernos es ¿cómo logramos que la evaluación trascienda su carácter técnico para convertirse en una herramienta de transformación social? Urge una discusión a fondo con las autoridades de la SEP para repensar los para qué, qué, cómo y quiénes de la evaluación educativa. Así como ¿para qué evaluar? ¿Podemos usar la evaluación como una herramienta para cerrar brechas de desigualdad? Deberíamos dialogar sobre ello. Y asegurar que las evaluaciones sean útiles para atender las necesidades específicas de comunidades rurales o indígenas, donde las condiciones socioeconómicas y culturales demandan enfoques diferenciados.
Sobre ¿qué evaluar?, por otro lado, me parece muy importante que discutamos lo indispensables que son las pruebas estandarizadas para medir los logros de aprendizaje —desde la básica y hasta la media superior—, pero también sobre cómo pueden incorporarse otras dimensiones del aprendizaje —como el desarrollo socioemocional, la creatividad y las habilidades para la vida— de tal forma que estas evaluaciones se conecten con el contexto local y reflejen la realidad de las escuelas mexicanas. Ni qué decir de la necesaria evaluación de la coherencia de las políticas, donde quizá podamos participar más la sociedad civil organizada y las instituciones de la educación superior. Creo que no debemos perder de vista la importancia de alinear la evaluación con políticas públicas coherentes y de largo plazo. Ello exige retomar prácticas exitosas del pasado, como las realizadas por el desaparecido INEE y el Coneval, uno de los siete organismos que van a desaparecer junto con Mejoredu, adaptándolas a las nuevas realidades.
Respecto a ¿cómo evaluar?, considero que es fundamental matizar los blancos y negros, para equilibrar los enfoques formativos y sumativos, además de explorar metodologías innovadoras, como las observaciones participativas o los diagnósticos comunitarios. Y también pensar en ¿qué rol pueden jugar las tecnologías digitales para recoger información cualitativa en tiempo real y fomentar retroalimentaciones más dinámicas?
Finalmente, sobre ¿quién o quiénes debemos participar en la evaluación de la educación?, creo que es indispensable una nueva gobernanza inclusiva en la evaluación educativa. ¿Cómo involucramos de manera efectiva a las y los docentes, estudiantes y comunidades para que las evaluaciones sean legítimas y útiles? ¿Sería viable la cocreación de indicadores con docentes y familias en regiones específicas, adaptados a sus prioridades y preocupaciones? Habría que reflexionar al respecto.
El fortalecimiento de alianzas entre actores nacionales e internacionales puede ser clave para enfrentar algunos de los retos de la evaluación educativa. La colaboración entre organismos como la Unesco y la CEPAL y la sociedad civil y la academia pueden ayudar a evitar que los ciclos políticos fragmenten los esfuerzos evaluativos y sus aprendizajes acumulados.
La evaluación educativa no es un fin en sí mismo, sino un medio para transformar las escuelas y la sociedad. Este momento, aunque lleno de incertidumbre, también es una oportunidad para imaginar formas más inclusivas, pertinentes y transformadoras de evaluar. ¿Estamos listos para asumir este reto colectivo? ¿Está lista la SEP?
Arcelia Martínez Bordón
Académica de tiempo completo en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
Artículo publicado originalmente en Revista Nexos