Miguel Casillas
Consejero maestro del CIIES
En el Consejo Universitario General de la Universidad Veracruzana se vivió el viernes 6 de junio una jornada histórica. Se pudo observar a decenas de consejeros defendiendo la legalidad y exigiendo el respeto a la Ley Orgánica. De modo excepcional, el rector y sus funcionarios tuvieron que escuchar los reclamos de la comunidad y el rechazo recurrente a la prórroga.
En los asuntos generales, el rector incorporó el tema de la prórroga que solicitó a la Junta de Gobierno. Expuso en un breve documento sus razones:
Nos dijo que “no obedece a un deseo personal” (pues seguramente es un deseo popular). Traicionado por el inconsciente, afirmó que “no es una búsqueda de perpetuación en el cargo (¡ups!) … pues tiene un equipo que ha avanzado en la transformación integral de la universidad (sic)… y es mi deber ético (¡sopas!) seguir contribuyendo a ese fin”. En una clara respuesta a la enorme inconformidad que recorre la Universidad dijo “mi solicitud no busca violentar la ley, sino que está basada en la legalidad, honestidad y el espíritu de servicio…” Sabiendo que están haciendo algo que viola todas las prácticas institucionales desde hace más de 25 años, reconoció que “la figura de la prórroga es inédita, que está prevista por la ley y que apelar a ella no es una falta a la comunidad ni un abuso de sus funciones como rector (¡ah bueno!). Es un uso de mi derecho (¿cuál?). Aspiro a otro periodo para consolidar la transformación” (sic).
De modo completamente irregular a las prácticas del Consejo, inmediatamente después de su intervención le dio la voz a dos abogados para que expresaran su opinión técnica sobre su solicitud de prórroga. Ambos abogados, muy jóvenes y desconocedores de los procesos históricos de nuestra universidad, se enredaron en un discurso pseudo jurídico donde realizan una falsa interpretación de ley, aprovechan que el término de prórroga aparece varias veces en la legislación y suponen que se puede aplicar automáticamente para justificar la perpetuación del rector en el poder. Quedó manifiesta la pobreza de argumentos jurídicos y la poca estatura de sus asesores jurídicos.
Enseguida vino la avalancha de inconformidades. De modo valiente y viendo de frente al presídium, las y los estudiantes denunciaron presiones de las autoridades, exigieron que cesen el acoso y las acciones de intimidación. Pusieron en evidencia a los directivos que inducen el voto, amenazan y tratan de controlar a los representantes estudiantiles. La mayoría de los representantes de los estudiantes están en contra de la prórroga, se leyeron un par de comunicados espléndidos exigiendo lo que pide todo el mundo: que se respete la ley, que se convoque al proceso de renovación de la rectoría y no a la prórroga. La seguridad que da la razón y el aplomo que deriva de una representación legítima hicieron notables las intervenciones, sobre todo de las jóvenes estudiantes.
Además, se presentaron una decena de acuerdos de colegios de profesores y juntas académicas contra la prórroga. De modo reiterado, las comunidades de profesores expresan su rechazo a la prórroga, exigen el cumplimiento de la Ley y que se expida la convocatoria de la Junta para la renovación de la rectoría. De modo individual, varios académicos manifestaron su inconformidad ante la aberración jurídica con la que el rector incita a la Junta de Gobierno para violar la ley.
El Consejo Universitario, tradicionalmente controlado por las autoridades, se convirtió en la caja de resonancia de la inconformidad de la comunidad. Quedó en evidencia que nadie apoya francamente al rector; pues sólo algunos subordinados y paleros hablaron a su favor, pero no vimos a los vicerrectores ni a los directores generales defenderlo, ningún académico distinguido. Nadie tiene argumentos a su favor, no hay cartas de apoyo a su solicitud ni movilizaciones que lo respalden. Ni siquiera en su entidad académica lo apoyan sus colegas. En el bando contrario fue evidente que se está fraguando una enorme y diversa oposición a sus pretensiones de continuidad. En el Consejo se leyeron los comunicados de los exintegrantes de la Junta de Gobierno, de los exrectores, de los más distinguidos abogados de la Universidad; se manifestaron los profesores y los estudiantes, todos contra la prórroga. Muchas intervenciones resaltaron además lo gris de esta gestión, su indolencia y el modo en que esto ha afectado a la UV y a su prestigio académico.
Desbordados por las opiniones críticas y en un claro atentado a la transparencia y la libertad de expresión, las autoridades mandaron a detener la transmisión en vivo y para esta sesión retiraron el monitor que tradicionalmente se ubica en el lobby de la sala Tlacná.
El Consejo se cerró de un modo abrupto, con el rostro desencajado el rector no consultó si el tema estaba suficientemente discutido, le dio la palabra a quien quiso y al final varios consejeros se quedaron sin poder hablar.
Ante la cerrazón del rector, la comunidad universitaria de modo espontáneo comienza a reaccionar. Se ha convocado a una manifestación contra la prórroga para el lunes 9, se ha llamado a firmar una petición que circula en change.org, se convoca a participar en la consulta de la Junta votando contra la prórroga y se invita a participar en las reuniones presenciales convocadas por la Junta para manifestar el rechazo a este procedimiento, para exigir que se emita la convocatoria de acuerdo con la ley, votar contra la prórroga, y para exponer la incapacidad y deficiencias de la gestión actual.
La comunidad y la opinión pública ha advertido sobre la aberración jurídica que se trata de imponer en la Universidad, una vez más se moviliza por el principio de legalidad y a la prórroga dice NO.