El 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los resultados de la medición de la pobreza de 2016 a 2024.
El comunicado de prensa resaltó que, en 2024, tres de cada 10 personas en México no poseían un ingreso mensual suficiente para adquirir una canasta alimentaria ni tampoco podían ejercer alguno de sus derechos como educación, salud, seguridad social, vivienda y alimentación.
Pero las cosas no siempre han sido así. Han habido mejoras a lo largo del tiempo y también retrocesos. Según el INEGI, las personas que enfrentan pobreza “multidimensional” disminuyeron de 46 a 38 millones de 2022 a 2024. Sin embargo, la población “vulnerable” por carencias sociales se elevó de 38 a 42 millones.
La publicación de esta información tuvo varios rasgos. Por un lado, es la primera vez que el INEGI se encargó de presentar la medición de la pobreza, cuestión que antes dependía del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
Segundo, la medición de la pobreza se hace cada dos años y los datos presentados por el INEGI toman como año base 2016. A partir de ahí, se podían hacer comparaciones en el tiempo. Pese a esto, no faltaron en la opinión pública, lecturas apresuradas, poco balanceadas y personificación de los avances.
Tercer rasgo: la academia hizo su trabajo. Para contrarrestar el triunfalismo y el negacionismo, colegas del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Ibero, revisaron no sólo los datos de pobreza, sino también cómo se construyeron. Expusieron que pese a lo dicho por el INEGI sobre mantener la metodología para hacer los datos comparables en el tiempo, hay dudas sobre el tipo de preguntas sobre acceso a salud y agua. Asimismo, el uso de distintas fuentes de información sobre el ingreso, dijeron, podría alterar el diagnóstico de pobreza.
Estos investigadores no descalifican la información, mas bien interpelan al INEGI para que esclarezca cómo levantó los datos y así “fortalecer la credibilidad y la rigurosidad” de la estadística nacional.
Cuarto y último rasgo, parece que a la comunidad de investigadores educativos nos pasó de largo el reporte del INEGI. Hasta donde sé, no se han organizado mesas de discusión para comentar los resultados de pobreza y más específicamente, de rezago educativo.
Según el INEGI, el rezago educativo se define como la “no conclusión de la escolaridad obligatoria en la edad esperada”. Para ello, define cuatro poblaciones: (1) la de 3 a 21 años que no asiste a la escuela y no cuenta con educación obligatoria; (2) la de 22 años y más, nacida a partir de 1998 sin educación media superior completa; (3) la de 16 años y más, nacida entre 1982 y 1997 sin secundaria completa; y (4) la de 16 años y más, nacida antes de 1982 sin primaria completa.
En 2024, hubo 24 millones de personas en rezago educativo. Dos millones más que en 2016 y cifra similar a 2020, aunque ligeramente menor a la de 2022. En el ámbito rural, el rezago es el doble del porcentaje registrado en el ámbito urbano y comparado con otros indicadores de carencia social (alimentación, vivienda, servicios básicos y seguridad social), no registra cambio alguno de 2020 a 2024. ¿Por qué? ¿Los programas de la SEP no funcionan?
Para que la educación sea verdaderamente un derecho, es necesario incorporar a las mediciones de pobreza, la calidad de los aprendizajes. No sólo es valioso ir a la escuela y tener ingresos, sino también saber. Esto apunta a la multidimensionalidad que por muchos años la tecnocracia negó.