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Legalidad y compromiso

by Eduardo Gurria Barcenas
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Ante el evidente plagio de tesis por parte de la hasta ahora ministra de la SCJN Yasmín Esquivel, se plantean varias cuestiones dignas de tomar en cuenta, esto en función de la ética profesional que atañe a todos los egresados de las instituciones universitarias, a las mismas instituciones y al estado de derecho que debe prevalecer ante todo.

Todos los que hemos cursado una carrera universitaria sabemos las implicaciones que esto conlleva: años de estudio, esfuerzo, gasto y, por supuesto, el acreditar las materias correspondientes, además de trabajos de investigación, análisis y, finalmente, la elaboración de una tesis, producto de nuestros conocimientos, que lleva hasta un año elaborarla, y como corolario de la carrera, la presentación de un examen profesional, en el que deberemos sustentar nuestro trabajo (tesis) y, una vez cumplidos estos requisitos, vienen los trámites de titulación ante la universidad y de la cédula profesional ante la Dirección General de Profesiones; todo ello, para convertirnos en profesionistas.

Si además de todo lo anterior, queremos hacer un postgrado, todo el proceso y todas las condiciones deberán de cumplirse nuevamente.

Todos sabemos que un plagio, la no acreditación de materias, o cualquier incumplimiento, no nos da el derecho a ser profesionistas, de ahí la importancia del prestigio de no solo considerarse, sino ser un profesionista que, además, deberá estar en constante actualización.

Hoy, la UNAM se declara incapaz de invalidar un título que, ante el plagio, es, a todas luces, apócrifo; es inconcebible que una institución de tanta valía no cuente con los mecanismos adecuados para proceder en consecuencia y derive el problema hacia la SEP, que nada tiene que ver con ello en primera instancia. Si la UNAM no tiene una regulación al respecto, pues simplemente que la implemente y proceda en consecuencia, de otra manera, cualquier persona se sentirá con la capacidad de plagiar el trabajo de otros y sabiendo que no habrá consecuencias y, sin esfuerzo alguno, pueda ejercer una profesión. Esto significa una ofensa para los verdaderos profesionistas y un desprestigio para la Universidad, prestigio que se ha ganado a lo largo de muchas décadas y gracias a los muchos egresados que han puesto el nombre de México en el panorama mundial.

Por su parte la SEP, deberá hacer lo correspondiente ya que para ello existe la mencionada Dirección General de Profesiones de la que depende, sin embargo, si la UNAM no procede, la SEP no puede anular la Cédula Profesional de la ministra ya que carecería del sustento necesario para justificar dicha anulación.

Por último, al proceder adecuadamente, tanto la UNAM, como la SEP, corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación separar del cargo a la señora Esquivel, ya que es requisito para ser ministro de la SCJN el contar con título de abogado. En este punto y aunque como se dijo, es necesario ser abogado, si no existe una jurisprudencia clara al respecto y con relación a la anulación del título y de la cédula o la separación del cargo, precisamente para eso existe la SCJN, para crear jurisprudencia en los casos de que existan lagunas en la ley o en los casos, incluso, de que no exista una ley ante una determinada controversia.

Está claro que el Rector Graue y el Concejo académico de la UNAM no desean meterse en conflicto por tratarse, en el caso de la Sra. Esquivel de una incondicional del Presidente, tal vez no se han dado cuenta de las dimensiones de la agresión a la UNAM, sin embargo, la autonomía universitaria, que tanto se ha peleado y que representa un orgullo para la comunidad, queda muy mal parada, queda en entredicho y genera desconfianza, es decir, el rector debería dejar de lado la politización del problema que, sin duda, se ha dado, no lavarse las manos y proceder a cumplir con su deber como máxima autoridad de la máxima casa de estudios.

Es claro que la Secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, tendrá un serio compromiso una vez que la UNAM se resuelva, solo hay que esperar a ver con quién tiene ese compromiso: si con su deber o con su acreedor.

Es claro que la SCJN puede y debe actuar, de no hacerlo, la confiabilidad en el Poder Judicial se verá, aún más, erosionada ante las resoluciones que deba tomar, sobre todo si en ellas está la opinión, el voto o la firma de la Sra. Esquivel.

UNAM, SEP Y SCJN representan pilares de la democracia y la cultura del Estado Mexicano y sus acciones, deben estar exentas de manipulaciones y/o conveniencias políticas; deben responder ante la nación mexicana, ya que para ello fueron creadas, dos como instituciones autónomas y una como dependencia del Gobierno Federal, sin embargo, la SEP tiene la importante misión de promover y avalar, fuera de intereses, la educación y esta debe de ser congruente con la ética entre otras cosas.

Los ciudadanos no debemos seguir tolerando consecuencias de una corrupción rampante, no debemos dejar pasar actos que atentan contra nuestras instituciones, sobre todo cuando se trata de una de las más valoradas, la UNAM.

Por último, queda la propia Sra. Esquivel que, a final de cuentas, es quien ha generado esta situación; a ella le corresponde reconocer que su prestigio como profesionista no existe y que tampoco tiene ética profesional porque no es profesionista, pero le quedan dos acciones que sí puede llevar a cabo por el bien suyo y por el bien de México: una salvar el prestigio y la confianza en la Suprema Corte y otra, salvar su dignidad; las dos, simplemente, las puede cumplir renunciando. Así, hasta tal vez, solo tal vez, el asunto pase a segundo término.   

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