En semanas recientes, distintos planteles de la UNAM, el IPN y la UAM han sido escenario de múltiples movilizaciones estudiantiles. La aprobación de instructivos de seguridad en la UAM, las modificaciones a artículos de reglamentos universitarios en la UNAM y las denuncias por abuso de autoridad en el IPN son sólo algunos de los factores que han provocado el descontento de amplios sectores de la comunidad estudiantil en cada institución.
A ello se suman otras demandas que han motivado protestas, como la exigencia de comedores subsidiados que garanticen el acceso a alimentos nutritivos y a bajo costo, la lucha contra las cuotas de inscripción en el posgrado de la UNAM, así como el mejoramiento de la infraestructura e instalaciones necesarias para el desarrollo de las tareas sustantivas en los planteles.
Aunque a primera vista estos conflictos puedan parecer aislados y específicos de cada casa de estudios, todos comparten un trasfondo común: la falta de democracia en la vida universitaria. La toma de decisiones sin una consulta amplia a las comunidades académicas ha dado lugar a múltiples asambleas, tomas de instalaciones y marchas en rechazo a las omisiones o por las medidas impuestas desde las autoridades.
En el caso de la UNAM, la modificación del reglamento del Tribunal Universitario fue decidida por el Consejo Universitario, considerado el máximo órgano de decisión de la institución. Esta iniciativa tenía como objetivo “fortalecer la aplicación de la disciplina universitaria” bajo el argumento de fomentar la tolerancia cero contra el “vandalismo”. Sin embargo, el Tribunal Universitario está diseñado para sancionar presuntas faltas cometidas por el alumnado y el personal académico, pero no contempla mecanismos de evaluación o sanción para directivos u otros funcionarios de alto nivel. La medida, que finalmente fue cancelada tras las protestas estudiantiles, fue aprobada en su momento por mayoría y con sólo cuatro abstenciones dentro del órgano colegiado.
En la UAM, fue el Consejo Académico del plantel Azcapotzalco quien aprobó el “Instructivo para la Seguridad en las Instalaciones”, con el propósito de “regular” diversas actividades al interior del campus y dejaba a criterio de las autoridades qué podría ser sancionado, cómo se utilizan las instalaciones o qué eventos están permitidos. Esta decisión, aunque tuvo resistencia por parte de la representación estudiantil de este órgano colegiado, fue aprobada bajo el argumento de salvaguardar la seguridad dentro de las instalaciones. Sin embargo, esta situación provocó un fuerte rechazo por parte de la comunidad que respondió con un paro de labores en las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco y Cuajimalpa, mostrando el repudio ante lo que se percibió como una medida autoritaria.
Por su parte, en el Instituto Politécnico Nacional, varios planteles han optado por realizar paros de labores indefinidos, así como movilizaciones en los alrededores de sus instalaciones. Aunque cada escuela tiene particularidades propias, las demandas comunes incluyen: el cese del abuso de poder por parte de autoridades y profesores, la mejora de la infraestructura, el incremento de insumos para prácticas profesionales, y la exigencia de mayor transparencia en el manejo de recursos. Hasta el momento, estas demandas no han sido atendidas de forma efectiva, y en algunos casos, las autoridades han optado por promover clases virtuales en lugar de establecer un diálogo directo con el estudiantado.
Las movilizaciones estudiantiles en las tres universidades, si bien no enarbolan una demanda explícita por la democracia universitaria, reflejan un claro rechazo a la forma en que se toman las decisiones dentro de las casas de estudio. Estas decisiones, así como ciertas aquiescencias que vulneran los derechos de las y los estudiantes, evidencian lo alejadas que se encuentran las autoridades universitarias de las comunidades que afirman representar. Expresiones como los “cambios sin estridencias” (UNAM), el compromiso de “no imponer un instrumento de represión” (UAM) o la intención de un “acercamiento necesario a nuestros jóvenes para saber qué tipo de educación están demandando” (IPN), contrastan con la realidad cotidiana que enfrenta el estudiantado, dejando en claro que el camino actual no es el adecuado. En este contexto, se vuelve urgente construir nuevas rutas que realmente apunten a fortalecer la democracia en la vida universitaria.
El camino hacia la democracia universitaria es largo, pero necesario. Resulta fundamental ampliar los márgenes de participación y replantear quiénes son los únicos que toman las decisiones dentro de las instituciones. Pero, si las autoridades insisten en mantener el rumbo actual y continúan excluyendo al conjunto de la comunidad universitaria, queda claro que la democracia no llegará desde arriba. Por el contrario, sólo será posible a través de la movilización y la articulación de las propias comunidades.
Es necesario prestar atención a lo que hoy está ocurriendo, pues podría sentar las bases de un movimiento más profundo, aunque sólo la experiencia y la acción colectiva de las y los estudiantes nos marcarán este posible camino hacia una verdadera transformación universitaria. Independientemente de cómo se desarrolle la coyuntura actual, una afirmación se impone en todos las casas de estudio: el cambio en las universidades es impostergable.