Padre e hijo caminan al lado del plantón magisterial en el Zócalo de la CDMX. El joven pregunta por las razones de la movilización y el padre responde: “ellos luchan, pero todos ganamos. Mira, ahí dice Issste. La ley contra la que pelean también me afecta a mí”.
La sucinta explicación muestra mucho más profundidad que la enorme cantidad de tinta que comunicadores afines al obradorismo, magnates empresariales y al prian han dedicado a hablar sobre las movilizaciones de la CNTE los últimos días, al mantener un abordaje en el cual todo proceso político en nuestro país es permanentemente reductible a la relación gobernantes-gobernados, o al gobierno y la oposición. Para esa perspectiva, la política únicamente existe en la competencia partidista-electoral, el control de las instituciones y el ejercicio del poder en el aparato de Estado.
De forma preocupante, este abordaje reduccionista ha echado plenamente raíces también en Morena, lo cual puede ser visto prácticamente con cualquier intervención pública de sus dirigentes, comunicadores afines o incluso en el “sentido común” de la militancia. Esto representa, de antemano, una renuncia abierta a un elemento fundamental del análisis político de todo proyecto de izquierdas: el materialismo.
Es decir, el análisis de las condiciones concretas en las cuales se desarrolla el proceso político, de los intereses objetivos de quienes intervienen en dicho proceso y, particularmente, de la dinámica de clases presente en determinadas coyunturas.
Debido a esta renuncia a una epistemología de izquierdas, no sorprende la coincidencia entre comentaristas pro 4T y aquellos a sueldo del gran capital sobre el contenido de sus mensajes. A unos y a otros les resulta conveniente no abordar la dimensión de clase en el debate pensionario: al capital, porque así aleja la discusión del problema esencial de quién se queda con la riqueza producida socialmente, y al obradorismo porque le permite circunscribir los problemas nacionales a la falsa dicotomía entre 4T-oposición partidista, con lo cual obtiene mayor capacidad de gestión del debate público.
En el contexto actual de lucha magisterial para cambiar el sistema pensionario, los poderes económico y político se han unido nuevamente en una campaña contra la CNTE. Así, han buscado evitar a toda costa que la clase trabajadora afectada por la ley del Issste de 2007 (trabajadoras y trabajadores al servicio del Estado) sea interpelada por la movilización magisterial. Para ello han echado mano tanto de una campaña mediática de desprestigio, como de la operación de estructuras corporativas de control sindical.
Aunado a esto, persiste una instrumentalización del hecho de que más de la mitad de la clase trabajadora en el país está en la informalidad (otra herencia del neoliberalismo), y por ende, cualquier lucha por mejoras en las condiciones laborales y de pensión puede ser percibida como búsqueda de privilegios.
En este panorama es fundamental aclarar que de lo que trata la coyuntura política actual es, en estricto sentido, de lucha de clases. No hablamos de una movilización de trabajadoras y trabajadores contra un partido, sino contra un modelo. Un “modelo neoliberal” que durante décadas ha afectado a las grandes mayorías y que, aunque fue decretado “abolido” el 17 de marzo de 2019 por el ex presidente López Obrador, aún goza de buena salud.
El magisterio nacional encabeza así una lucha por la recuperación de la riqueza producida por el trabajo, expropiada por el capital con apoyo de gobiernos neoliberales y de la fuerza del aparato estatal. Como le decía el padre a su hijo, es una lucha que no compete únicamente a las trabajadoras y trabajadores de la educación, sino sus implicaciones son extensivas a otros sectores del trabajo.
Es verdad que el contexto actual (nacional y global) no es sencillo para el gobierno mexicano. Hay espacios de resistencia al cambio en distintos terrenos estratégicos del Estado cuando el obradorismo opta por avanzar en algunas propuestas que benefician al interés popular. Es cierto también que el neoliberalismo no es “cualquier cosa”. Superarlo implica cambios profundos a nivel de reglamentación, organización política y correlación de fuerzas.
Por ende, cambiar radicalmente el esquema pensionario en México tampoco es una tarea sencilla. El capital financiero ocupa un espacio fundamental en la formación del empresariado a nivel nacional y global, y goza de facultades reales de presión a los gobiernos cuando alguna política atenta contra sus intereses.
Sin embargo, fue en dichas condiciones cuando tanto el ex presidente López Obrador como la entonces candidata Claudia Sheinbaum, se comprometieron públicamente a construir un régimen pensionario favorable a los trabajadores, y si se posicionaron de esa forma estando en funciones o cuando buscaban el apoyo popular, fue porque sabían que tal cambio era posible, fortaleciendo al sector público y no el interés privado.
El camino necesario es el del diálogo franco. Y con ello, la búsqueda de soluciones que fortalezcan al sector público, considerando la experiencia internacional y las propuestas generadas por el propio magisterio. Ello requiere reconocer públicamente que lo que está en juego no es el vulgar vaivén electoral en el cual la 4T ha querido encerrar toda discusión pública y que tanto daño hace a la democracia, sino el futuro de millones de trabajadoras y trabajadores que han dedicado su vida a servir a México.