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Balance educativo. II

by Pedro Flores Crespo
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Hay diversas maneras en que la ciudadanía puede valorar el desempeño de un gobierno. Una de ellas es verificar si los programas y las políticas públicas que puso en marcha lograron resolver, por un lado, el problema social para el que fueron diseñadas y por otro, no crearon más conflictos y dificultades.

Al tratar de hacer un balance de la política educativa intervienen diversos aspectos: la esperanza que se tenía al votar, la inclinación político-ideológica, algún referente normativo (Ley), y lo prometido en el plan de gobierno. El contraste entre las metas establecidas al inicio del sexenio y los resultados obtenidos es una “sencilla” pero efectiva fórmula para ir despejando la duda sobre la capacidad real que posee un gobierno para transformar. ¿Nos cumplieron o nos mintieron?

El Cuarto Informe de Gobierno de AMLO presenta un seguimiento de las metas “del bienestar”, así como de los parámetros incluidos en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 para verificar si hubo avance gubernamental. Aunque el Programa estableció algunas metas de forma anual, el Informe sólo presenta la del 2024. Otra observación es que los datos del Informe discrepan con aquellos presentados por la Comisión Nacional para la Mejora Contínua de la Educación (Mejoredu). Por ejemplo, mientras el Gobierno dice que en 2021 hubo 78 de cada 100 jóvenes entre 15 y 17 años cursando el bachillerato, Mejoredu reporta que fueron menos (74). ¿A quién le creemos?

Independientemente de cuál sea el dato correcto, hay un punto importante de resaltar aquí. En 2012, se declaró la obligatoriedad de la educación media superior. Entonces, se propuso que para el ciclo escolar 2021-2022 la cobertura debía ser de 100% ¿Y qué logramos? Para 2022, según el Informe de AMLO, no hay datos “disponibles”, aunque es claro que no se cumplió.

Veintiún años atrás, en 2002, la preescolar en México también se hizo obligatoria. Esto derivado del interés de algunos legisladores que deseaban ser gobernadores, combinado con la necesidad de los líderes sindicales de ampliar su poder vía el control de plazas (Latapí, OCE). ¿Qué logramos? Que la tasa de cobertura en preescolar para el ciclo 2020-2021 fuera relativamente baja (65.9%), reafirmando “la falta de atención educativa a la población infantil” (Mejoredu).

A este mismo respecto, el Cuarto Informe de AMLO reporta que la “atención educativa” de niñas y niños de 3 a 5 años cayó ocho puntos porcentuales de 2018 a 2021 al pasar de 79 a 71% ¿Qué datos tenemos para 2022? No hay información “disponible”. Es probable que la pandemia afectó fuertemente a esta población, pero también es cierto que declarar la obligatoriedad de un nivel no se refleja en un aumento directo ni significativo de cobertura, a menos que se imaginen opciones de aprendizaje no escolarizantes, se comprendan las condiciones reales de vida de los jóvenes excluidos del sistema educativo, y se genere la estructura financiera y logística necesaria (Márquez).

Sin aprender del error, en 2019, la 4T declaró la obligatoriedad de la educación superior y lo que ha logrado en términos de cobertura no se corresponde con su retórica. De 2019 a 2021, la proporción de jóvenes entre 18 y 22 años que cursan la universidad pasó de 41.6 a 42.5%, es decir, menos de un punto porcentual. Alcanzar 50% de cobertura en 2024 se ve difícil. Lo que mas bien va quedando claro es la incapacidad para dar resultados, aunque se repita que “la educación es un derecho y no un privilegio”.

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