Rogelio Javier Alonso Ruiz

La aprobación generalizada, sin matices, tuvo un doble filo. Por una parte, se aceptó la inconveniencia de asignar calificaciones reprobatorias a alumnos incomunicados o con dificultades para participar en las actividades escolares a distancia durante la pandemia: la reprobación representaba un castigo injusto a sus condiciones socioeconómicas. Este argumento se expresaba incluso desde antes de la emergencia sanitaria. Simultáneamente, la aprobación automática fue mal vista, sobre todo en casos probados donde había posibilidades, pero no voluntad, para participar en las actividades escolares. 

Cuando en el ámbito escolar se habla de inequidad y exclusión generalmente se asocian situaciones como discapacidad, rezago académico, ausentismo y abandono. Se dice que una escuela excluye si sus instalaciones no cuentan con rampas o si algún maestro es incapaz de comunicarse con un estudiante sordo. La mirada se dirige, casi siempre, hacia quienes se quedan atrás en el ejercicio de su derecho a la educación y pocas hacia un segmento de la matrícula que presenta una capacidad superior a la media, pero que también requiere atención especial: los alumnos con aptitudes sobresalientes.  

A partir de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2022-2023 ya no existirán las guías de trabajo que, para la organización de estos encuentros, eran publicadas por la Secretaría de Educación Pública. Estos cuadernillos eran tomados como referencia, y en muchos casos como mandato, para el desarrollo de las sesiones del órgano escolar. En esta ocasión, la autoridad educativa ha optado por un documento de apenas seis cuartillas que se limita a brindar orientaciones muy generales, de modo que el diseño de la agenda de trabajo recaerá casi totalmente en directivos y docentes.

Son añejas las dificultades relativas a la escolarización de niños en edad para cursar la educación preescolar. Pese a la obligatoriedad del nivel educativo, establecida en 2002, en el ciclo escolar previo a la pandemia, el 2018-2019, existían problemas considerables: la cobertura del nivel se situaba en 72.1%, mientras no se atendía siquiera la mitad de los niños de tres años (48%).  Entidades como Chihuahua, Baja California, Colima, Sonora y Tamaulipas ofrecían una cobertura apenas superior al 60% en el nivel educativo. Desde el ciclo escolar 2017-2018 y hasta la fecha se ha incrementado la cantidad de niños fuera de las escuelas preescolares, pese a que, en apariencia, debería ser más fácil captar a la población a atender, dada la desaceleración de su crecimiento demográfico. Las cifras oficiales dan cuenta de una agudización de los problemas a partir de la pandemia.  

Son añejas las dificultades relativas a la escolarización de niños en edad para cursar la educación preescolar. Pese a la obligatoriedad del nivel educativo, establecida en 2002, en el ciclo escolar previo a la pandemia, el 2018-2019, existían problemas considerables: la cobertura del nivel se situaba en 72.1%, mientras no se atendía siquiera la mitad de los niños de tres años (48%).