Claudia Santizo*
En los momentos de cambio de gobierno se expresan esperanzas o pesimismos según se interpreten los acontecimientos del día a día. Estas interpretaciones necesitan ponderarse por las posibilidades de cambio a profundidad en la centralización que es una de las constantes del sistema educativo, siendo la otra constante el corporativismo.
Los cambios significativos en la política educativa desde 1993 se dieron en el enfoque curricular cuyos efectos se pueden rastrear en la enseñanza, el funcionamiento de las escuelas y en diversos programas educativos. Los planes curriculares de 1973 cambiaron en 1993, éstos últimos se mantuvieron con modificaciones de grado en 2011 y 2017. Un cambio curricular mayor es el de 2022. La relativa continuidad de la política desde 1993 hasta 2017 fue resultado de la semejanza en los enfoques de política y no tanto de una planeación de largo plazo que trascendiera a las administraciones de gobierno, es decir no se trata de una continuidad producto de una política de Estado; el intento más destacado por elaborar un política de largo plazo fue en la década de 1960 con el plan de 11 años de Torres Bodet. En 1993 se esperaba que en 25 años se observarían resultados; mientras que el modelo educativo de 2017 estimó que sus bondades se observarían en 10 años; y el cambio de 2022, considerando el programa sectorial, señaló un horizonte de 20 años.
El plan de estudios de 2022 visto con relación a los cambios de 2017, 2011 y 1993, representa periodos de 5, 11 y 29 años ¿Qué señalan las experiencias de estos casi 30 años?, ¿Cómo valorar el cambio de política educativa en 2022?, ¿Cómo las dos constantes de la política educativa condicionan los resultados educativos del país?
Las respuestas a estas interrogantes dependen de las perspectivas. La primera es una perspectiva gradualista que enfatizaría la creación y sustitución de programas, y la evolución de indicadores como: alfabetización, escolarización, rezago escolar y cobertura educativa. Una segunda perspectiva centraría la atención en las deficiencias de los aprendizajes de los estudiantes y, una tercera perspectiva, destacaría la forma en la que los gobiernos en turno introducen cambios. Coloquialmente se señala que si siempre se hace lo mismo no se pueden esperar resultados diferentes. Este aforismo describe muy bien los efectos de la centralización educativa en nuestro país.
El estilo de gobierno
Desde 1993 la SEP sigue una pauta con algunas variaciones. Se definen los cambios curriculares los cuales se introducen en el sistema educativo a través de diversos niveles de gobierno hasta llegar a los supervisores, directores y docentes en las escuelas. Además, el presupuesto educativo se asigna de acuerdo con prioridades de los gobiernos en turno y no necesariamente con base en un diagnóstico de la situación educativa. No pretendo señalar que las reformas educativas sólo se elaboran en los escritorios de los funcionarios de la SEP pues en esos cambios se toman en cuenta estudios y análisis de profesionales y expertos en educación. El problema es que esas propuestas se convierten en políticas sin pasar por el tamiz de un proceso de valoración de las comunidades escolares y de su conocimiento de primera mano sobre la situación de los alumnos en las escuelas y las aulas.
Podemos recordar lo sucedido con el plan de estudios de 2011 que introdujo el concepto de competencias el cual viene acompañado de un enfoque de enseñanza y aprendizaje activo basado en el desarrollo de proyectos. La pregunta importante en ese momento fue ¿cómo se modificarían las prácticas en el aula para introducir una enseñanza activa? La solución propuesta por la SEP fue la impartición de diplomados y cursos que fueron tomados por más de un millón de docentes y directores según el informe final de gobierno en 2012. Sin embargo, la SEP no organizó ningún proceso sistemático de revisión de las prácticas en el aula y su modificación de acuerdo con los propósitos de la enseñanza activa. Tampoco se abrieron espacios para que las comunidades escolares pudieran valorar y ajustar el enfoque propuesto por la SEP y que permitiera, al mismo tiempo, valorar los recursos que necesitarían esos cambios curriculares. Por recursos me refiero al tiempo, asesoría, acompañamiento, materiales pedagógicos para docentes, entre otros.
Una historia similar se repitió con la reforma curricular de 2022. La SEP elaboró los planes de estudio y de igual manera se reportó la participación de miles o bien más del millón de docentes y directores en asambleas. En este caso el cambio curricular se introdujo a través de los Consejos Técnicos Escolares y a sus sesiones se les denominó de formación continua.
Para introducir los planes de estudio de 2011, 2017 y 2022 la SEP adoptó la estrategia de un cambio gradual, donde los nuevos enfoques se supone que serían asimilados y adoptados poco a poco en las escuelas. Esta estrategia supone que gradualmente desaparezcan las desigualdades previsibles debido a las diferencias en el tamaño y condiciones de las escuelas, y la diferente experiencia y formación profesional de docentes y directores, y las diferentes condiciones sociales y culturales de los alumnos.
Los obstáculos creados por la centralización
En 2014 la SEP publicó el acuerdo 717 donde señaló criterios que abrieron la puerta para que las escuelas les dieran un significado propio:
“Todos los alumnos deben consolidar, conforme a su ritmo de aprendizaje, su dominio de la lectura, la escritura y las matemáticas, de acuerdo con su grado educativo”….. “Dar seguimiento puntual a los educandos que presenten bajos logros educativos para brindarles una atención focalizada…”
En 2024 los lineamientos de los Consejos Técnicos Escolares (SEP, 2024) señalan de manera general, pero con el mismo significado, que se requiere un diagnóstico socioeducativo donde se valoren los aprendizajes de los alumnos en el contexto escolar, cultural y familiar, tomando en cuenta las evaluaciones internas y externas de aprendizajes.
Las escuelas pueden cumplir con los propósitos establecidos por la SEP sobre los aprendizajes de los alumnos; la evaluación diagnóstica organizada por Mejoredu y las evaluaciones bimestrales en las aulas proporcionan esa información y, además, los docentes conocen a sus alumnos, pero la pregunta es ¿Qué más pueden hacer las escuelas una vez que se identifican ritmos de aprendizaje y desempeño de los alumnos tomando en cuenta las diferencias en su contexto social, cultural y familiar? El factor relevante es determinar el monto de recursos necesarios para introducir métodos de enseñanza activa que permitan ajustar las prácticas en el aula de acuerdo con el plan de estudios y, principalmente, con el estado de aprendizajes señalados en las evaluaciones diagnósticas de Mejoredu.
Cabe anotar que es necesario distinguir dos situaciones en las escuelas. Por un lado, el propósito de la política educativa es que los programas analíticos se adecuen al contexto de las escuelas y la situación de los alumnos. Por otro lado, esos programas analíticos se aplican de acuerdo con las experiencias profesionales de docentes y directores. Los docentes tienen diferentes experiencias y formación lo que causaría una desigual aplicación del plan de estudios en las escuelas, tal y como sucedió en 2011 y 2017.
La enseñanza activa requerida por el plan de estudios necesita un cambio profundo en las prácticas de enseñanza en el aula. En el medio educativo hay suficiente conocimiento sobre métodos de enseñanza que pueden innovar las prácticas en el aula. Luna (2022) analiza una escuela que desarrolló un proyecto de Comunidades de Aprendizaje con resultados no solo en calificaciones sino en el desarrollo y participación de los alumnos. Gómez (2018) analiza escuelas donde se desarrollan comunidades de práctica entre docentes. MEJOREDU cita un proyecto de contextualización del currículo respecto de la contaminación del río Atoyac donde participaron dos escuelas de la zona e investigadores de la UAM y UNAM (Red Comunidad, Ciencia y Educación, 2022). Las múltiples experiencias de escuelas y docentes con proyectos y propuestas creativas, agrupadas como Buenas Prácticas, se documentan en diversos trabajos (Ibero y otras organizaciones, 2022; Ornelas y otros autores, 2021). Estas experiencias de escuelas y docentes se desarrollan en gran parte como esfuerzos individuales, pero falta que esas experiencias sean consideradas en políticas y programas de gobierno.
La formación continua de docentes y directores no se desarrolla con sólo dar ese título a las sesiones del Consejo Técnico Escolar. El proceso de formación continua se aleja del concepto de capacitación. Los métodos de formación continua se pueden basar en las experiencias documentadas como comunidades de aprendizajes y comunidades de práctica, pero estas prácticas no surgen de manera espontánea. Son dinámicas que requieren técnicas de trabajo en equipo y diseño de contenidos, donde además participan docentes y padres de familia con el acompañamiento de expertos.
La formación continua no se puede dejar al esfuerzo particular de directores y docentes; las escuelas enfrentan carencias y existen grandes diferencias en las condiciones laborales, materiales y de experiencia. La formación continua requiere un esfuerzo organizado y sistemático través de un programa que abra espacios a las múltiples experiencias que se desarrollan en el país.
Algunos comentarios expresan que con el plan de estudios de 2022 ya se inició un cambio; es un buen deseo pero no hay condiciones para un cambio real en el sector. Para ello se requieren al menos dos componentes: a) que las comunidades escolares realicen una valoración de los recursos que necesitan para introducir mejoras en el proceso educativo en las aulas considerando la situación social y cultural de los alumnos y, b) que la SEP establezca programas de formación continua a gran escala con el propósito de introducir y acelerar las mejoras en los métodos de enseñanza en el aula.
Referencias
Gómez, Luis Felipe (2018). 4. ¿Consejos Técnicos o comunidades de práctica? pp. 103-130 en Luis F. Gómez López (Coord). El consejo técnico escolar: Dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo. ITESO-CONACYT. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Mexico/cip-iteso/20200713051749/pdf_1792.pdf
IBERO, PAUTA, MUXED, PROED, RENACED, MORRAL. (2022). Buenas prácticas docentes: Regreso a clases. Segundo Foro Nacional de Buenas Prácticas. https://docs.google.com/document/u/1/d/1gY1jO3k68p6DMtlbsNeERiD-bPcG9onKgkbo2mGL83s/edit?usp=drive_web&ouid=114545057078033241951&usp=embed_facebook
Luna Guzmán, Alejandra. (2022). El Consejo Técnico Escolar hacia la construcción de una educación pertinente. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 27 (94), 855-882.
Ornelas, Carlos, Luis Iván Sánchez Rodríguez, & Gabriela Yáñez Rivas. (2021). Arrojos contra el vendaval. Buenas prácticas de educación en México. Universidad Autónoma de Tamaulipas.
Red Comunidad, Ciencia y Educación (2022). Museo Memorial: una experiencia de co-construcción didáctica entre saberes escolares, comunitarios y científicos en torno al río Atoyac. Publicado por Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) – UK Research and Innovation (UKRI), en el marco del Global Challenges Research Fund (GCRF), en https://red-comunidadcienciaeducacion.org/wp-content/uploads/2023/05/MuesoMemorial-pantalla.pdf
SEP (2014). Acuerdo 717 por el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión Escolar, Secretaría de Educación Pública. DOF, 7 de marzo de 2014.
SEP (2024). ACUERDO número 05/04/24 por el que se emiten los Lineamientos para la integración, operación y funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. DOF 8 abril 2024. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5722476&fecha=08/04/2024#gsc.tab=0
*Profesora-investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa