Manuel Gil Antón
Si se afirma que un servicio es gratuito, tal característica no admite grados. Es o no es. Si se aporta un peso para obtenerlo, se convierte en barato, pero deja de ser gratuito.
La pregunta está dirigida, en este escrito, a la educación básica impartida por el Estado —Federación, Estados, Ciudad de México y Municipios—, la cual contiene a la educación inicial, el prescolar, la primaria y la secundaria.
Así entendido lo que es gratuito, la educación pública no lo es.
En el artículo 3º. de la Constitución, además de señalar que la educación es un derecho, y que el Estado “impartirá y garantizará” desde le educación inicial hasta la superior, se afirma: “Corresponde al Estado la rectoría de la educación. La impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
La Ley General de Educación indica que, al ser un servicio público garantizado por el Estado será gratuita y, por lo tanto, aclara que: se prohíbe el pago de cualquier contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio. No se podrá condicionar la inscripción, el acceso, la aplicación de evaluaciones y la entrega de documentos, al pago de contraprestación alguna. Pero, a renglón seguido, afirma: “Las donaciones o aportaciones voluntarias destinadas a dicha educación” —que sí se permiten— no pueden entenderse como contraprestación por el servicio. Las autoridades educativas “definirán los mecanismos para para su regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia”.
En otro artículo expresa: Para el mantenimiento de los muebles e inmuebles, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar la educación, “concurrirán los gobiernos federales, estatales, municipales y, de manera voluntaria, madres y padres de familia o tutores y demás integrantes de la comunidad”.
El carácter de voluntarias hace que las donaciones o aportaciones sean legales. Legales serán, pero quiebran, a mi juicio, el principio de la gratuidad, pues se pasa por alto lo que la sociología ha estudiado: la presión social.
—Hemos acordado una cuota voluntaria de mil 500 pesos— informa el presidente de la asociación de padres de familia del plantel. —Oiga, no me parece correcto…—Mire, no tengo con qué…
—¡¿No le interesa la educación de su hijo, de su hija?!— Seguro usted gasta en otras cosas más que eso, y no hace el sacrificio por el bien del futuro de su niña…
¿De verdad son voluntarias? Ha lugar a dudas.
Y hay otros gastos: útiles escolares, uniformes, material para las tareas, aportaciones para el festival de la primavera, el día de las y los maestros, el día de las niñas y los niños, la celebración de los fieles difuntos y el desayuno… —¡Ah! Y hemos acordado una cuota extraordinaria porque se ha dañado el baño, o hace falta pintar.
Estos son solo ejemplos, con base en conversaciones con docentes y padres y madres de familia, que aporto para pensar en que la gratuidad no es tal, porque “voluntariamente” se desembolsa dinero, trabajo o materiales para que la escuela funcione.
¿No debe ser el Estado quien se haga cargo de estos gastos, de tal manera que todas las escuelas estén en condiciones adecuadas? Este desembolso social, aunque se llame voluntario, suplanta la obligación del obligado por las leyes: el Estado.
Y, para colmo, es mucho más costosa la “gratuita” para las familias con menos recursos, en comparación con el gasto que realizan, a entidades educativas privadas, los sectores más ricos. Este tema será objeto de la siguiente columna.