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El reto no es reconocer el derecho a la educación, sino hacerlo efectivo en movilidad: Centro Inide

Entre 2018 y 2025, la movilidad de niñas, niños y adolescentes dejó de ser un tema periférico para convertirse en una condición cotidiana que atraviesa a México como país de origen, tránsito y destino. En esa dinámica, la escuela aparece como un punto de choque: ¿qué tan preparado está el sistema educativo para sostener el derecho a la educación cuando las trayectorias son intermitentes, cambiantes y no se ajustan al calendario oficial?

Esa fue la pregunta de fondo que enmarcó la masterclass “Cuando la movilidad interpela a la escuela”, impartida por la Mtra. María Ester Padilla Medina dentro de la Cátedra Silvia Schmelkes del Valle para la Justicia Educativa, impulsada por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación (Centro INIDE) de la Universidad Iberoamericana. En el encuentro se presentó la ruta metodológica de un diagnóstico nacional sobre atención educativa a infancias en situación de movilidad, con recorte temporal 2018–2025.

Padilla, académica visitante y receptora de la segunda edición de la cátedra, señaló que la movilidad infantil suele describirse en el debate público como un episodio extraordinario o un problema administrativo. Frente a esa lectura, propuso tratarla como una condición estructural que pone en evidencia los supuestos con los que opera el sistema educativo. Bajo esa mirada, dijo, la discusión no se agota en el reconocimiento normativo del derecho a la educación, sino en su cumplimiento efectivo cuando la estabilidad territorial no existe.

La investigadora explicó que el diagnóstico no buscó contabilizar flujos migratorios, sino observar la respuesta institucional cuando las trayectorias escolares se fragmentan. Para ello, el análisis se concentró en cuatro configuraciones: niñez de familias jornaleras agrícolas migrantes, niñez desplazada por violencia, niñez en tránsito internacional y alumnado transnacional México–Estados Unidos, con el objetivo de identificar tensiones comunes y barreras específicas.

De acuerdo con lo presentado, el estudio combinó revisión documental, normativa y estadística con trabajo de campo en Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California. En ambos puntos se realizaron observaciones y entrevistas a autoridades, especialistas, organismos internacionales, responsables de albergues, docentes y familias. El material se transcribió, codificó y organizó mediante análisis cualitativo y matrices comparativas para ubicar obstáculos recurrentes para el aprendizaje y la participación.

En sus hallazgos preliminares, Padilla sostuvo que los mecanismos de exclusión se activan cuando el diseño institucional parte del supuesto de permanencia: trámites y requisitos documentales, calendarios y procesos de acreditación que no se adaptan a desplazamientos o estancias inciertas, además de prácticas escolares que pueden frenar el acceso o la continuidad.

Durante la apertura, la doctora Cristina Perales, directora del Centro INIDE, explicó que la segunda edición de la cátedra se enfocó en movilidad luego de que en la primera se identificara a estas infancias como un grupo con condiciones particularmente preocupantes dentro del universo de poblaciones en vulnerabilidad.

Al cierre, el Centro INIDE informó que los resultados específicos del diagnóstico serán presentados el 24 de marzo en un nuevo encuentro de la cátedra.

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