Silvia Elizabeth Arévalo Gutiérrez
Para las generaciones de mexicanos nacidos en los últimos cincuenta años, no tener un empleo estable, trabajar bajo contratos, sin ninguna prestación laboral o que el dinero de sus pensiones se encuentre en manos privadas (si es que aún gozan de este derecho); es algo bastante normal. Y es que la imposición del neoliberalismo en México a partir de la década de los ochentas, trajo una progresiva erosión de los derechos que los trabajadores habían conquistado bajo el régimen del Estado de Bienestar, en su gran mayoría.
Este régimen económico se generalizó en los países capitalistas occidentales, y algunos de los países periféricos, después de la Segunda Guerra Mundial. Ante los profundos estragos dejados por ambas guerras mundiales, sus gobiernos recurrieron a las ideas económicas de John Maynard Keynes, quién desde mediados de la década de los treintas en su libro Teoría General, instaba a implementar políticas estatales que fomentaran la redistribución de ingresos, la disminución del desempleo y evitar dejar todo al libre mercado.
La implementación de las políticas del Estado de Bienestar también buscaban servir como una medida de contención para que los trabajadores de los países del Bloque Capitalista, liderado por EUA, no cayeran en la tentación de organizar una Revolución de aspiraciones socialistas, inspirados o apoyados en la hoy extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); país que casi tres décadas después de la Revolución Bolchevique, se había convertido en una potencia que rivalizaba con EUA y lideraba el Bloque Socialista.[1] Para alejar de la tentación a sus trabajadores, los Estados capitalistas convinieron con sus burguesías en renunciar a un poco de sus ganancias, para permitir que el Estado implementara programas que mejoraran las condiciones de vida de la población en general y que a los trabajadores se les reconocieran derechos que venían demandando desde hacia varias décadas, tales como: libertad de asociación (sindicatos), trabajo estable, vacaciones, seguro médico e incapacidades, fondos de vivienda, pensiones, entre otros. Así, los gobiernos de los Estados capitalistas se presentaron ante sus trabajadores como árbitros justos que tomaban medidas para equilibrar los intereses del capital y el trabajo, logrando convencer a la mayoría de los trabajadores que bajo el sistema económico capitalista también podían ganar bienestar.
Durante casi cuatro décadas el Estado de Bienestar instituyó bastantes políticas sociales que mejoraron de manera generalizada las condiciones de vida de las clases populares; pero en la década de los ochentas, las ideas económicas conservadoras de la Escuela de Chicago, hoy llamadas “Neoliberalismo”, que desde los setentas venían cuestionando la intervención reguladora del Estado en la economía, empezaron a implementarse en los países capitalistas desarrollados y algunos países periféricos, desmantelando las políticas sociales. En los ochentas, además, la amenaza del socialismo se debilitaba con el inicio del colapso de los regímenes socialistas de Europa Oriental y la URSS.
Las ideas económicas neoliberales demandan dejar sin ninguna regulación el mercado y el comercio, es decir, libre mercado y libre competencia; la privatización de todo “bien”, por lo que el estado no debía tener empresas y debía privatizar las que tuviera; la reducción del gasto social, porque dejó de considerarse una inversión; la eliminación de los sindicatos, con lo cual los trabajadores tendrían que negociar en lo individual sus condiciones laborales con las empresas. La aplicación de estas políticas económicas socavaron la intervención del Estado como equilibrador de la asimétrica relación entre el capital y el trabajo, es decir, desmantelaron el Estado benefactor y le dejaron manos libres a la voracidad del capital. Los países más afectados fueron los periféricos, con sus economías pobres.
En el caso de México, el Estado de Bienestar se ha venido desmantelando gradualmente con la aplicación de bastantes políticas neoliberales durante los últimos 40 años: la privatización de cientos de empresas estatales;[2] la apertura comercial, con la firma de acuerdos como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), hoy, Tratado entre México, Estados Unidos y Cánada (TMEC); la disminución del presupuesto para desarrollo social (salud, educación, vivienda, alimentación); reformas a la Constitución para legalizar las privatizaciones, como la reforma al art. 27, que permitió poner a la venta los ejidos; reformas a las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la privatización de los fondos de pensiones, que fueron entregados a las Administradoras de los Fondos para el Retiro (AFORES); el incremento de las privatizaciones en educación y salud, con reformas como la Educativa de Peña Nieto; la disminución de los salarios reales con los topes salariales; reformas laborales para restarle poder a los sindicatos y flexibilizar el trabajo, disminuyendo y desapareciendo prestaciones laborales.
El resultado de todas estas reformas, obviamente ha implicado un gran deterioro de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos y sus familias, con la creciente pérdida del poder adquisitivo y el incremento de la precariedad laboral; generando un incremento sostenido de la pobreza.
No obstante los constantes esfuerzos del capital en nuestro país para no dejar en pie nada del Estado Benefactor, aun sobreviven algunos derechos sociales y laborales adquiridos bajo éste. No precisamente por la bondad de los gobiernos neoliberales, sino por la lucha de los trabajadores en defensa de esos derechos. Y aunque estas resistencias de los movimientos de trabajadores han impedido que se modifique por completo la legislación laboral, no han logrado detener el avance de las prácticas laborales neoliberales; bastante normalizadas ya en el ámbito de la empresa privada y ganando cada vez más terreno en el ámbito de la empresa pública y la burocracia. Incluso en el actual gobierno autonombrado de la Cuarta Transformación (4T), identificado de izquierda, se ha recurrido de forma generalizada al uso de esquemas neoliberales de contratación para trabajadores al servicio del estado; aun cuando en su discurso el presidente Andrés Manuel López Obrador exprese una constante crítica a las “anteriores” políticas neoliberales y sostenga que en su gobierno se les ha puesto fin.
Un ejemplo bastante ilustrativo de la continuidad de la política neoliberal en las prácticas laborales en el sector público, lo encontramos en uno de los 30 programas prioritarios del gobierno de AMLO: las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJG). No es el único, pero ya que estas escuelas se han visto envueltas en varias denuncias y conflictos con trabajadores y estudiantes, visibilizadas por los medios, existen bastantes elementos de análisis. Que además sea considerado, por críticos y simpatizantes de la 4T por igual, un programa emblema de este gobierno, lo hace aún más objeto de interés.
Los Principios que dan sustento a estas escuelas, de ninguna forma podrían considerarse neoliberales, sino lo contrario. Pero paradójicamente, lo que en teoría plantean combatir, en la práctica lo están fomentando. Revisemos algunos de estos postulados desarrollados en varios documentos de las UBBJG, para posteriormente revisar las prácticas laborales que estas escuelas mantienen con sus trabajadores, y las contradicciones resultantes que intentan ignorar, pero que no pueden ocultarse.
La creación de estas escuelas se justificó por la necesidad de dar una opción de educación superior a los miles de jóvenes mexicanos excluidos del sistema educativo; tanto para aquellos de familias de escasos recursos, quienes generalmente viven en zonas marginadas, a las cuales no llegan las instituciones educativas de nivel superior; como para aquellos rechazados en su intento de ingresar a una institución de educación superior (jóvenes que generalmente también provienen de familias pobres). El 30 de julio de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador expidió el decreto de creación de las UBBJG. El decreto no establece en sí la creación de las UBBJG, sino de un Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar (OCUBBJG), un “organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión,” (Diario Oficial de la Federación (DOF), 2019). El Objeto que se le dio a este Organismo Coordinador, aparece en su Artículo 1:
“prestar, desarrollar, coordinar y orientar servicios para la impartición de educación superior de calidad, a través de las sedes educativas que deriven del Programa de Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, con base en la participación social y con enfoque a estudiantes ubicados principalmente en zonas de alta y muy alta marginación del país,”. (DOF, 2019)
En un país en el cual de cada 100 niños que ingresan a educación primaria, sólo 26 logran terminar una licenciatura (Secretaría de Educación Pública (SEP) 2021, p. 14),[3] la creación de una opción de educación superior para jóvenes que viven en zonas marginadas, no sólo era necesaria, sino loable. Los estudios sobre la eficiencia de un sistema educativo, establecen la existencia de una fuerte correlación entre pobreza-marginación y oportunidades educativas. Por ejemplo, en nuestro país las entidades con los mayores porcentajes de pobreza en 2020, fueron Chiapas con un 75.5%, Guerrero con 66.4% y Oaxaca con 61.7%; estados que también se ubicaron entre los que tuvieron menos estudiantes que lograron terminar una licenciatura: Chiapas y Guerrero con sólo 12 estudiantes licenciados de cada 100 niños que ingresaron a primaria, y Guerrero con 15 de cada 100 (SEP, 2021, p. 15). En estas tres entidades se hace evidente que la pobreza afecta la eficiencia de sus sistemas educativos, ubicándolos por debajo del promedio nacional, 26 egresados de licenciatura de cada 100 niños inscritos a primaria; un promedio que ya de por sí es bajo.
En el decreto de creación también se establecieron atribuciones que llevaran al Organismo Coordinador a cumplir con su Objeto. Entre éstas, que además está muy acorde con el estilo discursivo del Objeto, se encuentra la atribución enunciada en el art. 4, fracción III, “promover la constitución de un modelo educativo basado, en la filosofía del servicio a los demás, la búsqueda del bienestar colectivo” (DOF, 2019). A los principios neoliberales del individualismo y la búsqueda de la ganancia, el modelo educativo de las Universidades para el Bienestar le opone el principio de la búsqueda del bienestar colectivo. Subsanar la exclusión con el trabajo formador de este programa educativo, compromiso social y trabajar por la comunidad por encima del beneficio individual, son postulados recurrentes en los documentos de las UBBJG (perfiles de egreso, estatuto académico, reglamentos): “Nuestras universidades contribuirán a impulsar el desarrollo nacional mediante la formación de profesionistas comprometidos con las necesidades sociales de la población con mayores carencias” (Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juarez García (OCUBBJG), 2022, p. 5); “tener interés por el trabajo colaborativo y en comunidad, contar con alto compromiso social”(Perfil de Egreso Licenciatura en Formación Docente en Educación Básica, p. 4)
Las UBBJG, además, se asumen como un programa de educación superior comprometido con un proyecto de transformación histórico-político, que a través de su labor educativa y el trabajo académico, contribuirá con “el cambio de las estructuras y relaciones de desigualdad.” (OCUBBJG, 2020, p. 3).
¿Podría cuestionarse la pertinencia, e incluso la necesidad, de cualquiera de estos principios? ¿Podría cuestionarse, por ejemplo, la necesidad de cambiar las estructuras (neoliberales), que han incrementado la desigualdad, en uno de los países más desiguales del mundo? En México, el 10% de la población más rica, gana 30 veces más de lo que gana el 50% de la población pobre (Chancel, L et al., 2022). Y aun cuando en el mundo el neoliberalismo ha incrementado sostenidamente la concentración de la riqueza en pocas manos, no en muchos países ha alcanzado los niveles escandalosos que vemos en el nuestro. Por ello, sería absurdo cuestionar la necesidad de este postulado.
Sin embargo, en las Universidades para el Bienestar, sus excelentes y bienintencionados principios, parecieran estar hechos sólo para admirarse, más no para aplicarse. Esta institución educativa se propone dar oportunidades educativas a jóvenes marginados, para mejorar sus condiciones de vida y las de sus comunidades, con trabajadores (personal académico y administrativo) sometidos a una gran precariedad laboral.
Si bien, no existe un concepto único para precariedad laboral, hay puntos comunes que la definen: tener condiciones laborales por debajo del estándar normativo o legal, condiciones que casi siempre incluyen inestabilidad y/o inseguridad laboral y falta de protección social, además de salarios bajos (Martínez et al., 2019). La precariedad laboral es la materialización de los cambios en las relaciones de trabajo impuestas por el neoliberalismo, en su búsqueda por obtener la máxima ganancia.
En nuestro país, la precariedad laboral se visibiliza en los empleos en los que se carece de todas o varias “prestaciones de Ley”, como: aguinaldo, vacaciones, seguridad social, fondo de vivienda, fondo de pensiones, licencia por maternidad, plaza base; generalmente a la ausencia de prestaciones, se suman bajos salarios. Aplicar esquemas de contratación para ocultar la existencia de una relación laboral subordinada y con ello, justificar el negarles derechos laborales a los trabajadores, sometiéndoles a condiciones laborales precarias; es un mecanismo cada vez más común en las instituciones del sector público, incluidas las del área educativa. Obviamente, estos trabajos precarios generan pobreza.
En el caso concreto de las Universidades para el Bienestar, la ausencia de toda prestación laboral es la regla para el 100% del personal académico y administrativo de sus 145 sedes; aunque, en un acto de poca congruencia e injusticia laboral, los puestos de trabajo de un par de decenas de directivos que operan el programa desde las oficinas centrales del Organismo Coordinador de estas Universidades, son los únicos que disfrutan de las prestaciones de Ley. La violación de los derechos laborales de los trabajadores de las UBBJG se ha intentado ocultar, e incluso legalizar, bajo el uso de contratos de “Prestación de Servicios Educativos”. Con estos contratos o “convenios”, como les nombran los directivos de las UBBJG, etiquetan como trabajadores por honorarios, a coordinadores/as académicos/as, docentes, asistentes administrativos e intendentes; quienes laboran al menos 5 días de la semana, jornadas de tiempo completo o incluso jornadas mayores. Sin duda alguna, estos trabajadores no son por honorarios, y estos “convenios”, son lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha identificado como “simulaciones”.
Se consideran trabajadores por honorarios a quienes prestan servicios independientes remunerados, generalmente profesionales; por lo tanto, son trabajadores autónomos con una relación voluntaria con la empresa, sin una relación de trabajo con el patrón. Al establecerse la inexistencia de una relación laboral trabajador-patrón, los trabajadores por honorarios no son sujetos de derechos laborales. Un patrón o empresa sólo está obligado a dar las prestaciones de Ley, cuando hay una relación de subordinación del trabajador. Para que ésta se cumpla, deben existir al menos 3 condiciones: 1) Tener un horario fijo, asignado por el patrón. 2) Recibir órdenes o instrucciones de un superior inmediato y 3) Realizar el trabajo en un lugar fijo. (Guerrero, 2020)
Claramente, el personal académico y administrativo de las UBBJG, cumplen las 3 condiciones de una relación de trabajo subordinada: 1) Tienen un horario fijo, asignado por un superior en representación del patrón; 2) Reciben órdenes o instrucciones de un superior inmediato y 3) están asignados para realizar su trabajo en una de las 145 sedes. No obstante, con el “convenio” de “Prestación de Servicios Educativos”, las UBBJG pretenden dejar sin efecto la relación laboral subordinada y argumentar la existencia de únicamente una relación civil, establecida por medio de los contratos por honorarios.
No es casual o producto de un error que en la cláusula Décima Segunda de estos “convenios”, en lo relativo a las leyes aplicables, la jurisdicción y competencia, se recurra al Código Civil Federal, en lugar de a una legislación laboral; como tampoco lo es, que en la cláusula Octava el trabajador deba reconocerse como un ente autónomo e independiente y en consecuencia obligarse a no ostentarse ni hacer valer ningún derecho como trabajador. Existe una intencionalidad evidente de los directivos de las UBBJ: ahorrar dinero negando las prestaciones a las que tienen derechos sus trabajadores, amparados en un contrato de simulación.
A la ilegalidad de tener al 100% de sus trabajadores en condiciones de precariedad laboral, en el 2021 las UBBJG le sumaron el despido injustificado de al menos 150 trabajadores en medio de la pandemia de COVID-19. La gran mayoría se desempeñaban como docentes. Entre la segunda quincena de julio y el mes de octubre de 2021, estos trabajadores/as recibieron un oficio informándoles que ya no tenían empleo.
“A partir de julio de 2021 cerca de 60 docentes y asistentes académicos hemos sido despedidos injustificadamente y sin previo aviso de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ)”, dijeron este jueves en un comunicado los maestros de esa casa de estudios en Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. (Monroy, 2021)
Profesores de las universidades Benito Juárez del Bienestar denunciaron despidos masivos de la institución, la cual les dejó de pagar sus sueldos la primera quincena de julio. Se trata de al menos 115 maestros y asistentes académicos de 70 a 80 sedes en varios estados del país, los que además, acusan acoso y maltrato por parte de la directora general de la institución, Raquel Sosa Elízaga. (Ramírez, 2021)
La mayoría de los despedidos fueron fundadores de las UBBJG y casi la mitad habían cambiado su residencia (algunos con su familia incluida) al poblado de la sede de asignación; rentando cuartos o viviendas. Aceptaron las condiciones de precariedad laboral porque se les prometió que en un corto plazo, con las modificaciones ante Hacienda, tendrían plazas con las prestaciones de Ley.
“Desde que llegué a esta comunidad comencé a buscar en dónde quedarme, ya que no recibí esa ayuda, afortunadamente conté con apoyo de personas que me auxiliaron y logré conseguir un cuarto pequeño desde donde realizaba mis actividades. Al no contar con el pago salarial prometido y que comenzó a llegar siete meses después, tuve que solucionar este problema con ayuda de mi familia que me apoyó en todo, e incluso tuve que empeñar cosas para sobrellevar la situación”. (Camarillo, 2021)
La empatía con este programa de educación superior también jugó un papel importante en la aceptación de las condiciones de precariedad. Sin embargo, la firma reiterada y obligada de los “convenios”, como requisito para mantener sus empleos, comenzaron a generar inconformidad entre los trabajadores de las sedes. Los cuestionamientos e inconformidades a los directivos del Organismo Coordinador fueron resueltos con el despido de “aquellos que no están contentos con la oportunidad de trabajar en el programa”.[4]
La Universidad del Bienestar Benito Juárez (UBBJ) arrastra un conflicto con su plantilla de profesores debido al recorte en el pago de horas trabajadas, salarios retrasados, falta de contratos y prestaciones laborales por esquemas de tercerización laboral que el gobierno afirma combatir, despidos considerados injustificados y protestas que han incluido paros de labores que han derivado en la creación de una Asamblea de Trabajadores que ya suma alrededor de 150 integrantes. (Martínez, 2021a)
La lucha organizada de los despedidos a través de la Asamblea de las y los Trabajadores de las UBBJG, permitió visibilizar lo que pasaba en estas escuelas, más allá de sus principios puestos en el papel. Ahora los extrabajadores estaban liberados de la confidencialidad que se les impuso en los convenios y comenzaron a denunciar las condiciones de precariedad laboral y cómo estaban impactando en la atención de las/los estudiantes y por lo tanto, en el cumplimiento de los propósitos del programa. Ante las denuncias de los despedidos, quienes argumentaban un despido injustificado que violentaba la Ley y exigían la reinstalación en sus puestos de trabajo, fue la Directora General, quien desconoció su calidad de trabajadores subordinados y contraargumentó que eran “beneficiarios sociales” del programa.
La directora general del organismo coordinador de las Universidades del Bienestar Benito Juárez García (Ubbjg), Raquel Sosa Elízaga, señaló que dichas casas de estudio funcionan como un programa de subsidios, por lo que no contempla la contratación de profesores, ya que en la retribución económica, los docentes son “considerados beneficiarios sociales, por lo que sus ingresos no están sujetos a retención de recursos”. (Poy, 2021)
Clasificar a un trabajador/a como “beneficiario social” tiene consecuencias graves, porque esto implica desconocerle todo derecho, incluido el de recibir un pago por su trabajo. Lo que debería ser una obligación para con el trabajador/a, se convierte en un favor que se le concede, una ayuda que se le proporciona. Esta clasificación de los trabajadores del programa como “beneficiarios sociales”, ya había sido señalada como un error desde el 2020 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en los resultados de Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2019-2020 (pp. 34-35); institución que recomendó que sólo quienes se beneficiaran de los servicios educativas que brindan estas escuelas, e incluso los nombró explícitamente como “las y los alumnos”, fueran clasificados como la población beneficiaria del programa. Es claro que por encima de lo recomendado por el CONEVAL y de las leyes laborales del país, se puso la decisión de ahorrar dinero en el programa, precarizando a los trabajadores.
Ante la cerrazón de la Directora General para reconocerles como trabajadores y la negativa del presidente López Obrador a reconocer los despidos en las Universidades para el Bienestar (Blancas, 2021), la mayoría de los despedidos recurrieron ante la justicia e interpusieron demandas laborales por despido injustificado, el pago de salarios caídos y el reconocimiento de sus derechos laborales conforme a la Ley. Uno de sus abogados comparó las condiciones laborales de los trabajadores de las UBBJG, con las existentes bajo el Porfiriato. (Martínez, 2021b). Actualmente, estas demandas se encuentran en curso.
Los despidos también evidenciaron una plantilla docente insuficiente, con la consecuente sobrecarga de trabajo; situación que se agudizó al evitar durante meses contratar nuevo personal que sustituyera a los despedidos. Los docentes no despedidos tuvieron que atender los grupos que quedaron sin maestros y además se les sumaron los grupos de nuevo ingreso. El resultado de esta política de “austeridad” fue la reducción de asignaturas impartidas por semestre a los estudiantes y la reducción de contenidos en las asignaturas que sí se les impartieron. Esta situación generó inconformidad y denuncias de algunos estudiantes, como en el caso de la sede Xochimilco, que imparte la carrera de Formación docente en Educación básica:
Asegura que desde el año pasado, cuando la sede Xochimilco despidió a 5 de sus 12 profesores, la calidad de aprendizaje bajó. Dice que ahora no hay oportunidad de profundizar los conocimientos, e incluso la escuela les adeuda materias por falta de profesores. A su generación, la universidad le debe tres materias por falta de maestros para impartirles las clases, pero de la misma forma están los alumnos de otros grados. (Piña, 2022)
Un año después de los despidos, en la sede Xochimilco y en la mayoría de las sedes donde hubo despedidos, continuaban sin sustituir a estos docentes. Actualmente, a casi 4 años de haber iniciado operaciones, el déficit de docentes sigue siendo un problema en varias sedes, al cual se le han sumado la falta de infraestructura adecuada y la no entrega de títulos; lo cual ha llevado a la conformación de una organización de estudiantes de estas escuelas (UBBJ-Red Nacional Estudiantil), que ha coordinado varias protestas, principalmente de estudiantes de las sedes con las carreras de medicina y enfermería (Tlalplan, Ticul,Tixtla)
alumnos de la UBBJ con sede en la alcaldía Tlalpan en la Ciudad de México (CDMX), se manifestaron frente al Palacio Nacional, en demanda de tener una sede propia y definitiva para sus clases, que el inmueble sea seguro, así como contar con una plantilla docente completa y formación profesional de calidad, ya que denuncian que nada de esto se está cumpliendo. (García, 2022)
Recortar personal para reducir costos o gastos, argumentando el ejercicio de un presupuesto austero, ha sido una práctica común en la administración pública en tiempos neoliberales, sobre todo en los sectores que dependen del gasto social, como es el educativo. La propaganda gubernamental ha sido bastante efectiva en posicionar en el imaginario colectivo la “austeridad” como algo positivo. Los ciudadanos suponen que “austeridad” es el equivalente a terminar con el “derroche” de recursos. Y aunque bajo ciertas circunstancias, por ejemplo, con la eliminación de los seguros de gastos médicos mayores para los legisladores, efectivamente se evita el despilfarro de los recursos públicos; la mayoría de las veces, el resultado es la afectación de los burócratas que se encuentran en los empleos de menores ingresos, quienes conforman el grueso de la burocracia.
Para el personal de las UBBJG, especialmente para el académico, el ejercicio del presupuesto austero, que frecuentemente ha presumido la Directora General, Dra. Raquel de la Luz Sosa Elízaga, se manifiesta sobre todo en el déficit de maestros; lo cual ha significado una enorme sobrecarga de trabajo para los pocos docentes contratados.
hasta agosto de 2022 estaban inscritos en las 145 escuelas 64,633 alumnos y daban clases 1,064 docentes. Es decir que en estas universidades hay, en promedio, un profesor para 60 estudiantes, cuando organismos internacionales, como la OCDE, recomiendan un docente para 13 alumnos. (Soto, 2022)
La cantidad de alumnos por maestro en la Universidades del Bienestar, no sólo es muy alto comparado con el promedio recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), también lo es comparado con instituciones públicas de educación superior de nuestro país, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN); en las cuales el promedio es de 19 estudiantes por docente (Domínguez, 2022). Mientras la UNAM y el Politécnico pagan 3 maestros para atender a 60 estudiantes, las UBBJG pagan sólo 1. Y por supuesto que ahorran, pero el costo es la baja calidad en la enseñanza-aprendizaje y las cargas inhumanas de trabajo para los docentes; a lo que hay que sumar las condiciones laborales precarias.
La forma en que ha venido operando hasta ahora el programa de las UBBJG, muestra claramente una política laboral más cercana a las prácticas neoliberales, que a aquellas tendientes respetar y beneficiar a los trabajadores. Y cuando estas prácticas de precariedad laboral han quedado al descubierto, se han intentado justificar por voces que simpatizan con la 4T, como un mal menor, comparadas con los beneficios que dan a las decenas de miles de jóvenes que estudian en estas escuelas.
Por supuesto que es muy loable que se ponga en marcha un programa de educación superior dirigido a jóvenes en situación de marginación, que de otra manera no tendrían una oportunidad de cursar una licenciatura, y con ello, probablemente dejar atrás la marginación. Sin embargo, ¿no resulta un contrasentido que este programa se sustente en trabajadores a quienes se les violentan sus derechos y se les obliga a trabajar en condiciones de extremo desgaste, que terminan por disminuir la calidad del trabajo que realizan? Lo cual lleva a una educación pobre para los pobres, que termina por anular las buenas intenciones del programa.
Cabría preguntarse si es posible combatir la marginación y pobreza con trabajadores empobrecidos; pero sobre todo, si es congruente, si es un acto de justicia social violar los derechos de algunos y deteriorar sus condiciones de vida, para posiblemente mejorar las condiciones de vida de otros. La reflexión de uno de los alumnos de la sede Xochimilco, afectado con los despidos de sus maestros, pone los puntos sobre las íes:
Teme que al finalizar sus estudios no tengan validez educativa, los conocimientos sean deficientes, o encuentre un panorama de precarización e inestabilidad al trabajar como docente, tal como afirma, le hizo la universidad a sus propios profesores. “¿Qué podemos esperar nosotros como docentes al salir a trabajar?”, se cuestiona el alumno. (Piña, 2022)
Pretender formar profesionistas críticos, con compromiso social, con docentes precarizados sometidos a prácticas laborales neoliberales, no sólo es absurdo, sino éticamente reprobable.
De última hora
Mientras escribía este artículo, fuimos informados que 2 docentes despedidos en noviembre de 2021 de la sede Calvillo en Aguascalientes, en represalia por un paro activo, obtuvieron una sentencia favorable del juez a su demanda; quien condenó al OCUBBJG a reinstalarlos y pagarles los salarios caídos. El 17 de febrero del presente, recibieron mediante cheque, el pago de poco más de 400 mil pesos, aunque el OCUBBJG ha persistido en su negativa de la reinstalación. Esta primera sentencia favorable a los despedidos, confirma que les asiste la razón en su denuncia de los contratos de simulación y en su demanda de reparar la injusticia con la reinstalación, prestaciones de Ley pago de salarios caídos.
Referencias
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215910X14700096
Camarillo, M. D. (4 de septiembre de 2021). “Hasta empeñé mis cosas para venir a la Universidad del Bienestar; el despido es su respuesta absurda “. Crónica. https://www.cronica.com.mx/notas-en_la_ubbj_no_se_evalua_a_maestros_y_se_les_despide_sin_justificacion-1199142-2021.html
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Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). Evaluación de Diseño con Trabajo de Campo del Programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 2019-2020. https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Paginas/Evaluaciones_Diseno_Desarrollo_Social.aspx
DECRETO por el que se crea el organismo público descentralizado denominado Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García del 30 de julio de 2019. Diario Oficial de la Federación del 30/07/2019 https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5566761&fecha=30/07/2019&print=true
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[1] Tras la derrota de Alemania y sus aliados en la Segunda Guerra Mundial, EUA y la URSS reactivaron sus diferencias, que habían dejado de lado para enfrentar a Hitler y sus aliados. A pesar de la pretensión de EUA de evitar que la URSS adquiriera influencia o control en los países de Europa y Asia afectados por la guerra, no lo logró del todo. Si bien, con la implementación del plan Marshall para apoyar la reconstrucción de Europa y la creación de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), bajo el supuesto propósito de enfrentar militarmente un ataque de la URSS; se contuvo su influencia en Europa Occidental. Así surgieron los 2 bloques: el capitalista, con los países alineados a los EUA; y el socialista, con los países, principalmente de Europa Oriental, alineados con la URSS. También surgió un grupo de países que se identificaron como No Alineados o el Tercer Mundo, países pobres que no se declararon ni socialistas ni capitalistas; aunque en los hechos, la mayoría eran países capitalistas subordinados, como México.
[2] Entre 1982-1999 se vendieron 952 empresas de las 1,155 que tenía el Estado mexicano; la gran mayoría durante los sexenios de Miguel de la Madrid (1982-1988) y de Carlos Salinas (1988-1994). Algunas de las empresas privatizadas fueron: 18 bancos (Banamex, Serfin, Comermex, Bancomer); Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Siderúrgica Nacional, Altos Hornos de México; en el ramo aeronáutico, Mexicana de Aviación y Aeronaves de México; en minería, Mexcobre y Minera Cananea; y por supuesto, Teléfonos de México, que ha dado la mayoría de su fortuna a Carlos Slim, el mexicano más rico, que también se encuentra entre los 10 hombres más ricos del planeta. (Sputnik mundo, 2021)
[3] Esta cifra de la SEP es la más optimista.
[4] Palabras dichas por la Directora General de las UBBJ, Dra. Raquel Sosa, de acuerdo con un grupo de docentes despedidos que acudieron a realizar una protesta a las oficinas del Organismo Coordinador en Pátzcuaro Michoacán, el 23 de agosto de 2021.