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Políticas educativas estatales

El estado de Sinaloa ha sido foco de atención por hechos poco relacionados con sus bellas playas, alegre música y exquisita comida. La violencia desgraciadamente coloca a esta entidad entre los principales titulares y noticias, cuando hay logros y otros asuntos públicos de importancia que valen destacarse. Por ello, celebro la publicación del libro “Educación en Sinaloa: Crisis sin respuesta” que incluye los artículos escritos por Gustavo Rojas, Ángel Leyva y Luis Daniel Rodríguez, director e investigadores del capítulo estatal de Mexicanos Primero, respectivamente, de noviembre de 2021 a noviembre de 2022 en diversos medios locales.

Organizado en cuatro capítulos, este texto hace un balance crítico, es decir, resalta los rasgos positivos de la política educativa estatal como también los negativos, para dar cuenta de los saldos de la pandemia (Capítulo 1), el “despojo” del Gobierno Federal al haber cancelado el Programa de Escuelas de Tiempo Completo (Capítulo 2), y la errática política educativa de la Cuarta Transformación (Capítulo 3). Por último, el Capítulo 4 centra sus opiniones en el presupuesto público y en los temas de la primera infancia.

Es un libro digno de leerse y comentar por varias razones. Primero, porque hace un zoom a la realidad local, mostrando diferencias y coincidencias con otras entidades federativas y con lo que ocurre en el plano nacional. Por ejemplo, Sinaloa ha logrado “avances en la atención de niñas y niños de 0 a 6 años a través de la implementación de la Estrategia Nacional de Primera Infancia (ENAPI)”. Asimismo, la matrícula de estudiantes en primero de kínder ha crecido “a un ritmo de tres puntos porcentuales cada ciclo escolar durante los últimos tres”. 

Pero estos avances no deben servir para dejar de señalar los rezagos o incumplimientos del gobierno. La parcialidad es contraria a cualquier noción de justicia que se tenga y por eso, la investigación científica, las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación independientes desempeñan un papel preponderante para gobernar eficaz y democráticamente los sistemas educativos estatales. 

Con un buen estilo de vigilancia y crítica públicas, Rojas, Leyva y Rodríguez comentan los vacíos del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, los cuales van desde la falta de acciones específicas para dotar de infraestructura a las escuelas públicas hasta la carencia de un sistema de información confiable, transparencia en los procesos de selección y promoción del docente, y la falta de mediciones sobre aprendizaje de niñas, niños y jóvenes, entre otras. El déficit presupuestario en Sinaloa en 2022 fue también bien documentado por nuestros colegas de Méxicanos Primero. 469 millones de pesos menos ante los graves efectos del cierre escolar por la pandemia, las presiones salariales de los docentes y la falta de infraestructura escolar. Esto da sentido al título del libro.

Aunque extrañé temas de opinión ligados a la promoción de la cultura de la paz en las escuelas, estado de derecho, y estilos de vida del estudiantado, hay un tema que sobresale por su importancia para el análisis de política educativa.

Cuando el Gobierno Federal canceló, de manera arbitraria, el programa de Escuelas de Tiempo Completo, no imaginó que enfrentaría fuertes resistencias. Ante la presión, trató de restituirlo acoplándolo al programa de la Escuela es Nuestra (LEN). Los colegas de Sinaloa dan cuenta de esta mezcla. Ambos programas operan “como el agua y el aceite” debido a inconsistencias e irregularidades. Los apoyos de alimentación e infraestructura se vuelven mutuamente excluyentes minando el derecho a estudiar en condiciones dignas. 

Investigador de la UAQ.

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