En la actualidad la mayor parte de la matrícula en posgrados se encuentra en instituciones privadas, con programas que no están bajo regulación alguna
En la última década el sistema de educación superior del país ha transitado de 3,208,535 estudiantes en el ciclo 2011-2012 a 5,068,493 en el último año. Ello contando a los inscritos en los niveles de técnico superior universitario, licenciaturas universitarias y tecnológicas y posgrado, tanto en la modalidad escolarizada como en las opciones de educación superior abierta y a distancia. El incremento en diez años de un total de 1,859,958 personas en estudios superiores, o bien 186,958 cada año en promedio, es apreciable aunque aún insuficiente para conseguir las metas un indicador de cobertura satisfactorio. Hay que hacer notar, además, que el ritmo de crecimiento anotado ha disminuido en los últimos años por el doble efecto de la pandemia en los últimos dos años y por el relativo estancamiento del gasto público en el sector.
Al comparar el crecimiento de matrícula de posgrado con respecto al correspondiente en el nivel de licenciatura se advierte que el primero ha sido ligeramente menor aunque con una tendencia similar. Mientras que la matrícula de pregrado incrementó su volumen en un 58.5 por ciento, al pasar de 2,932,254 estudiantes en 2011-2012 a 4,646,825 en 2021-2022, en el posgrado el porcentaje de crecimiento relativo fue de 52.6 por ciento, ya que transitó de 276,281 estudiantes en el primer año del periodo referido a 421,668 en el más reciente. Por este diferencial de crecimiento, la proporción del posgrado sobre la matrícula total de educación superior ha registrado una disminución: de 8.6 por ciento hace diez años a 8.3 por ciento en la actualidad. A primera vista, la diferencia parece poco significativa; sin embargo, cabe advertir que no se está avanzando, como se esperaría, hacia un sistema que mejore, en cantidad y calidad, las oportunidades educativas de la población.
Al colocar el foco en la evolución reciente del posgrado en México hay varios aspectos que llaman la atención. El primero y más notable es la tendencia hacia la privatización. Hace diez años la proporción público/privado registraba 45.5 por ciento de la matrícula en IES públicas contra 54.5 por ciento en privadas. En la actualidad el indicador favorece notablemente al sector privado, porque ha alcanzado un 63.7 por ciento del total. Ello es debido, como hicimos notar en una colaboración previa, al acelerado incremento de la matrícula de maestría en instituciones privadas principalmente en la modalidad a distancia. Pero de la tendencia no escapa el nivel de doctorado. Veamos los datos al respecto.
En 2011-2012 la cantidad de estudiantes de doctorado ascendía a 30,329 estudiantes, de los cuales 17,995 (59.3 por ciento) en IES públicas. En cambio, en 2021-2022, de un total de 56,221 inscritos en doctorado, solo 27,495 (48.9 por ciento) están en el sistema público: es una caída de más de diez puntos porcentuales. Visto de otro modo, mientras que el sistema público incrementó un 34.5 por ciento en diez años, el privado aumentó 57.1 por ciento en el mismo periodo.
No solo eso. La matrícula del grado de doctor en IES privadas es preponderantemente de educación a distancia. De los 28,726 estudiantes de doctorado en IES privadas, dos terceras partes (65.5 por ciento) corresponden a programas a distancia. El contraste con el sistema público es enorme, porque en este la proporción de matrícula en programas escolarizados es de casi 95 por ciento. ¿Por qué habría de preocupar este panorama?
Tomemos como referencia la definición normativa del doctorado. Según la Ley General de Educación Superior (2021), los estudios de este nivel “tienen como objetivo proporcionar una formación sólida para desarrollar la actividad profesional de investigación en ciencias, humanidades o artes que produzca nuevo conocimiento científico, tecnológico y humanístico, aplicación innovadora o desarrollo tecnológico original” (artículo 11, fracción V). ¿Este objetivo es alcanzable en instituciones privadas que no cuentan con infraestructuras y plantas académicas que cumplan con el perfil de centros de investigación? ¿Es posible que un estudiante de que aspira a conseguir una formación como investigador profesional con un alto nivel de especialización lo consiga por ese medio? Hay que decirlo con claridad: no es posible. Es más bien credencialismo y poco abona a la consolidación del sistema como tal, menos aún a la deseable contribución del doctorado al desarrollo del país.
El doctorado en educación nos ofrece un ejemplo, quizás extremo pero sin duda elocuente de la condición en que nos encontramos. Según datos para 2021-2022, de un total nacional de 17,910 estudiantes en programas de doctorado en educación, el 87 por ciento (15,575 inscritos) corresponde a IES privadas. No solo eso, que ya es para espantarse: 11,324 personas en programas de doctorado privados que se ofrecen en línea.
Los datos por estados también son preocupantes. Las entidades con el mayor número de inscritos en programas de doctorado en educación son las siguientes: Estado de México 2,264 estudiantes (94.2% privado), Guanajuato 1,476 estudiantes (99.4% privado), Chiapas 1,464 estudiantes (88.0% privado), Puebla 1,407 estudiantes (89.5% privado), Ciudad de México 1,104 estudiantes (70.1% privado), Michoacán 795 estudiantes (65.8% privado), Nayarit (95.7% privado), Sinaloa 724 estudiantes (98.2% privado), Quintana Roo 706 estudiantes (100% privado) y Veracruz 694 estudiantes (90.1% privado). Son las diez primeras. En la mayoría de estos casos, además, la oferta privada corresponde a la modalidad a distancia.
Es un botón de muestra, pero no insignificante. Nada menos que el 32 por ciento de todos los doctorados del país son en educación. El 27.7 por ciento de la matrícula nacional de doctorado corresponde a los doctorados en educación de IES privadas. Para acabar pronto: una quinta parte de la matricula doctoral, a escala nacional, es de programa a distancia en IES privadas. Con poca o ninguna regulación, salvo contadas excepciones.