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La reforma educativa de las comas “sin las comas”

Abelardo Carro Nava

Abelardo Carro Nava

En septiembre de 2018, Mario Delgado, Coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que se cumpliría el compromiso de campaña del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, y se abrogaría la reforma educativa de 2013, por lo que no quedaría ni una coma. Meses más tarde, particularmente en mayo de 2019, después de intensas discusiones en el legislativo, se aprobó el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de los artículos 3º, 31º y 73º Constitucionales. Resultado de este proceso, varias “comas” quedaron en tal Decreto, claro, con excepción de la evaluación de permanencia que se eliminó porque, como se sabe, fue la causante de serias inconformidades de un amplio sector del magisterio mexicano de 2013 a 2018. 

Desde luego que, tal reforma a la reforma de 2013, fue bien recibida por ese sector magisterial que, desde que se aprobó la mal llamada reforma educativa impulsada por el Pacto Por México, manifestó su abierto rechazo debido a que vulneraba los derechos laborales y profesionales de los trabajadores, sin que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), hiciera lo necesario para cumplir con el principio que fundamenta su existencia: la defensa de los intereses de sus agremiados. Por lo que respecta al referido Pacto entre las “principales” fuerzas políticas en el país, no hay que perder de vista que fue signado y sellado en el Castillo de Chapultepec, por el ex presidente Enrique Peña Nieto, Gustavo Madero Muñoz (presidente del Partido Acción Nacional), Cristina Díaz Salazar (presidenta interina del Partido Revolucionario Institucional) y Jesús Zambrano Grijalva (presidente del Partido de la Revolución Democrática).

Era obvio, por esos tiempos, las políticas neoliberales impulsadas del dos mil a la fecha, por grupos conservadores que llegaron a tener una gran influencia en el gobierno, intentaron, sin mucho éxito, lograr a toda costa cumplir aquel sueño dorado del empresariado denominado “calidad educativa” y, por tanto, pusieron en marcha una serie de acciones para que, de manera conjunta con un paquete de reformas “estructurales” se “moviera a México”. 

Por lo que respecta al ámbito educativo, pienso, que la reforma educativa de 2013 tuvo un antecedente en 2012 que, aunque pareciera ser imperceptible a la mirada de los ojos de la sociedad mexicana, jugó un papel importante que marcó el inicio de un ataque frontal contra los trabajadores de la educación; me refiero a la campaña de desprestigio contra el magisterio mexicano a través del documental que llevó por nombre “De panzazo”, dirigido por Juan Carlos Rulfo y el periodista Carlos Loret de Mola, e impulsado por Mexicanos Primero, una organización fundada por Claudio X. González, quien también fuera el creador de fundación televisa (de la Paz, 2012). Documental que, ni más ni menos, en su estreno obtuvo ingresos superiores a los 11 millones 180 mil pesos (Gutiérrez, 2012) y, de los cuales, dudo mucho que estos recursos se hayan destinado para apoyar a las instituciones educativas o a los estudiantes que vivían en algunos sectores sociales menos favorecidos. ¿Mexicanos primero entonces?

La apuesta por “tener” el control absoluto de la educación en nuestro país estaba en la mesa; el gobierno, sin miramientos, renunció a su derecho de tomar en sus manos la rectoría de la educación que tanto se ufanó en vociferar que había recuperado durante el periodo de quien, en ciertos espacios, fue conocido con el mote de “Sargento” Nuño. “Rescatar” de los grupos sindicales (disidentes y no disidentes) la “educación” para entregársela a los empresarios, no puede ser considerado como una franca “recuperación” de lo que, en el papel, pudiera haber significado en la Carta Magna de nuestro país en 2013.

En medio de este asunto algo fue cierto: los trabajadores de la educación se encontraron en medio de un “campo de batalla” entre dos fuerzas claramente contrapuestas – como bien señala Mauro Jarquín al referirse a lo que se observa en nuestros días con la puesta en marcha de la propuesta curricular del lopezobradorismo – que, provocaron al interior del gremio, una división entre quienes veían con buenos ojos la evaluación como mecanismo “meritocrático” para ascender laboral y profesionalmente, y quienes veían un notable incremento en la precarización de la profesión duramente castigada por años, por los gobiernos priístas y panistas, ¿influenciados por los empresarios?

Tal vez, por ello, la propuesta curricular que se conoció con el nombre de “Nuevo Modelo Educativo” – vigente en nuestros días – ingresó al terreno magisterial con cierto sigilo. Era obvio, la lucha por la defensa del trabajo y la profesión que se libraba en otros campos de batalla, propiciaba que las fuerzas se dirigieran con mayor ímpetu a ese sector, pero, no por ello, dejo de estar en la mira de quienes desde su propia trinchera cuestionaron su construcción y posible implementación a mitad de sexenio. 

Por esos tiempos, un posible mediador fue puesto en escena para que, de manera técnica, procesara toda la información “recibida” durante consultas previas a su implementación. Después de dar a conocer sus resultados, quien coordinara los trabajos del Programa Interdisciplinario de Políticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas, recuerdo, habló con verdadero ahínco de las bondades que tenía ese Nuevo Modelo Educativo. Curiosamente, hoy, quien en ese momento señaló tales cuestiones, ha visto con buenos ojos la propuesta curricular que se desprende de eso que se ha denominado Nueva Escuela Mexicana, ¿hay lógica y/o congruencia en ello? En fin. Es muy probable que la tardía “implementación” de ese tan nombrado Nuevo Modelo Educativo, haya sido una de las victorias conseguidas por la resistencia magisterial. 

Esto, aunado a los momentos electorales que se vivieron con fuerza en el otro campo de batalla, tuvo como resultado lo que ya ha sido mencionado: la reforma a la reforma educativa de 2013. No obstante, a pesar de la algarabía con la que se festejó tal triunfo por quienes desconocen el terreno educativo y, particularmente, lo que sucede en el aula, impidió comprender que la “excelencia” y los “estímulos salariares” con tintes claramente meritocráticos, corresponden a ese mundo empresarial y neoliberal que tanto, en el discurso, se ha rechazado de 2018 a la fecha.

Alguien podría pensar, que aquella batalla librada entre esas fuerzas contrapuestas había culminado; craso error, porque nadie obtuvo una victoria contundente, simplemente entró en un impasse que hoy parece reactivarse con la posible suspensión definitiva del piloteo del plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana, concedida por un Juzgado de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, a un grupo de conservadores autodenominados “Educación con Rumbo” porque, supuestamente, la Secretaría de Educación Pública (SEP) no instaló el Consejo Nacional de Participación Escolar; consejo que, supuestamente, de acuerdo a la Ley General de Educación (LGE) de 2019, es la instancia de consulta, colaboración, apoyo e información, en la que se encuentran representadas las asociaciones de madres y padres de familia, pero también lo maestros (Fuentes, 2022). Nada más falso podría ser este argumento, pues la misma LGE, en su artículo 23, en ningún momento señala que los planes y programas de estudio deberán ser consultados con los padres de familia y, lo que es peor, que en el artículo 135 de esa misma ley, tampoco se señala que dicho consejo nacional, tiene atribución alguna sobre el plan y programas de estudio.

De nueva cuenta el magisterio se encuentra en medio del mismo campo de batalla – ¿hubo algún momento en que no lo estuvo? – entre las mismas fuerzas contrapuestas que intentan colocar su visión educativa en un terreno claramente minado. Y, desde luego, aquel personaje que en algún momento aseguró que no quedaría ni una coma, no ha hecho ningún pronunciamiento al respecto. De hecho, curiosamente, ni los tenientes que han ocupado la SEP en este sexenio (desde luego, considerando a quien hoy día la dirige), han salido a defender lo que su general férreamente defiende desde su tribuna en Palacio Nacional: una educación para el pueblo. Entonces, ¿de qué manera se puede defender lo que tendrían que defender, desde sus propias trincheras, cada uno de los actores involucrados? Parece ser, que las pasarelas, las fotografías o la asistencia a los distintos eventos públicos con tintes claramente proselitistas son más importantes porque, como es obvio, la sucesión presidencial ha marcado la pauta de actuación de muchos soldados que tienen en la mira, otro cargo que les permita vivir del poder durante otros seis años.

¿Y la educación? Continua en ese campo de batalla que ha traído funestas consecuencias para millones de estudiantes que se encuentra adscritos en algún nivel del Sistema Educativo Mexicano. ¿Habrá tiempo suficiente para que hagan su trabajo los que tienen una responsabilidad inherente a los cargos que les fueron conferidos en la Secretaría de Educación Pública o seguirán las poses, los discursos y los sinsentidos, mientras los “neoliberales” intentan ganar terreno a través de las instituciones que la misma ley reconoce para esos efectos?

Cierto, el cambio no se logra del todo de arriba para abajo, en cascada, las maestras y los maestros, a través de los años, han podido con el reto que se les ponga en frente; si esto no fuera cierto, habría que preguntarse cómo es que algunas instituciones educativas ya se encontraban organizando sus respectivos espacios escolares para operar tres planes de estudios en sus centros educativos, dos de corte “neoliberal”, el 2011 y el 2017 y, otro con tintes progresistas y emancipadores, el 2022. 

La resolución “temporal” de un juez, justa o injusta, apegada a derecho o no, fue concedida porque las leyes así lo permiten, ¿qué podría hacer una maestra o maestro si la propia SEP no emprende con fuerza la defensa de su propia propuesta?, ¿no habría la imperiosa necesidad de exigir que, aquellos que tanto festejaron con bombo y platillo la “abrogación” de la reforma educativa de 2013, den la cara y “compongan” el desastre que armaron?, ¿no habría la imperiosa necesidad de exigir y demandar que las autoridades educativas de la SEP hagan su trabajo porque, claramente, el magisterio ni estuvo en la aprobación de la reforma educativa de 2019 y, tampoco ha estado, en su totalidad, en la conformación de un plan de estudios que busca transformar la educación de nuestro país? 

Hay quienes, a lo largo de estos años, han establecido una crítica argumentada sobre diversos temas que se han desprendido de ese terreno educativo; en algún momento de la historia del país, fueron señalados como “disidentes” por su constante cuestionamiento a las políticas educativas neoliberales implementadas. Curiosamente, hoy, desde algunos espacios que antes celebraran la emisión de ciertos artículos que criticaban, por ejemplo, al peñanietismo, los incluyen en ese “selecto” grupo de conservadores “prianistas” que escribe para cierta “prensa basura” y, cuyo “proyecto educativo”, va en detrimento de la escuela pública. Nada más falso, nada más incorrecto.

Pienso, que la crítica referida es la que posibilita el pensar los proyectos, ¿no acaso el pensamiento crítico que promueve el plan de estudios 2022 para la educación básica tiene como fundamento propiciar el cuestionamiento?, ¿por qué le tememos a las preguntas fundadas y argumentadas?, ¿por qué, si hay tantas y tantas bondades, como se dice que existen en una propuesta curricular, no goza del respaldo de sus propias autoridades educativas y gubernamentales?, ¿se espera que esa resistencia o disidencia defienda a capa y espada una “excelencia educativa” que corresponde más al neoliberalismo que tanto se desprecia? En fin, ¿qué espera este gobierno?

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