Rodolfo García Galván*
En México se ha observado una tendencia hacia reivindicar a las universidades y a los centros públicos de investigación, como auténticos promotores de la innovación tecnológica. Dos de las estrategias más sobresalientes que han seguido estas instituciones-organizaciones son: 1) dar prioridad al financiamiento de la investigación aplicada por encima de la investigación básica (se supone que este tipo de esfuerzos se encaminan a la resolución directa de problemas concretos, muchos de los cuales corresponden al entorno inmediato); 2) fomento del patentamiento y de la comercialización del conocimiento (si las patentes representan derechos de propiedad intelectual [DPI] sobre un invento o una innovación en potencia, entonces, entre más patentes se posean más activos intelectuales susceptibles de ser vendidos se tendrán).
Adicional a lo señalado, investigaciones anteriores (García-Galván, 2008), indican que la consolidación de la tercera función sustantiva de la Universidad (la promoción del crecimiento económico y el desarrollo en el sentido más amplio), aporta elementos para considerar a las universidades y a los centros públicos de investigación como esquemas híbridos de coordinación de la actividad económica, o en su caso observar a estas instituciones como protoempresas.
En el país se han identificado síntomas claros de las concepciones precedentes, los cuales son: fundación y operación de incubadoras de empresas, se supone de base tecnológica en muchas universidades públicas; diseño y operación de oficinas de transferencia tecnológica (OTT); diversos servicios de consultoría y colaboración que se dan entre las universidades y otros agentes como el gobierno y las empresas. Asimismo, el diseño de convocatorias especiales para incentivar y persuadir el desarrollo de investigación aplicada (que incluya gestión de patentes), y los esfuerzos por incorporar en los planes y programas de estudio contenidos específicos sobre las cuestiones empresariales y el emprendedurismo.
En este contexto, las universidades y las instituciones de educación superior se perciben como cada vez más involucradas en las actividades de patentamiento (Henao et al., 2014; Calderón, 2014). Así, los DPI en adición al componente legal per se se miran como instrumentos para el intercambio de conocimientos, la obtención de fondos para la investigación, la protección y la transferencia de resultados. Sin embargo, la simple transferencia de tecnología no es suficiente para el desarrollo económico (Calderón, 2014).
El problema del patentamiento es que, en México, éste se ha tomado como tecnología lista para transferirse y con posibilidades de obtener múltiples beneficios. Por ejemplo, a finales de 2014, el hecho de que al Instituto de Biotecnología de la UNAM se le hayan concedido 7 patentes, 3 de alcance nacional y 4 en el extranjero, causó cierto revuelo nacional. De este modo, la Agencia Informativa del Conacyt consideró que este Instituto se ha consolidado como una de las entidades académicas líderes en la creación de tecnología y transferencia al sector productivo; y el centro de investigación cuenta con una fuerte tradición de vinculación con la industria y el sector social (Báez, 2015). Asimismo, en una columna de uno de los diarios de circulación nacional (La Jornada, 27-II-2015), se mencionó que la cifra resultaba relevante debido a que los académicos, y los mexicanos en general, patentan muy poco, siendo éste un elemento fundamental de la innovación. Las patentes constituyen un mecanismo para generar recursos a sus propietarios; como referencia, varias universidades de los países desarrollados obtienen grandes ingresos por concepto de regalías derivadas del licenciamiento de sus patentes. Aunque los procesos reales implican todavía un largo recorrido para pasar de las patentes a los bienes y servicios finales.
En consecuencia, la euforia universitaria en el país por obtener patentes a como dé lugar esconde un ambiente que es ampliamente adverso para la propia innovación. Por ejemplo, Calderón (2014: 40) sostiene que el bajo nivel de patentes universitarias solicitadas por los residentes mexicanos se vincula con la baja capacidad de absorción por parte de la industria, la debilidad de los incentivos existentes para la protección de los DPI, las dificultades para escalar a productos y procesos los resultados de la investigación aplicada, problemas en la asignación de los recursos públicos y la falta de interés para la construcción de capacidades que resulten adecuadas para generar nueva investigación y llevar a cabo una buena adaptación y mejoramiento de la tecnología transferida.
En una discusión de carácter más exploratorio, García-Galván (2014) menciona 4 factores fundamentales que provocan un persistente rezago tecnocientífico en México, a saber: baja inversión como proporción del PIB en actividades científicas y tecnológicas, que históricamente no ha rebasado ni el 0.5% del PIB en promedio; baja cobertura en cuanto a la población joven que se encuentra en edad de asistir a la Universidad (baja cobertura de la educación superior), que se mantiene lejos aún de alcanzar la condición universal, y atrás de otras naciones latinoamericanas, con niveles similares de desarrollo como Uruguay, Chile y Argentina; ausencia de empresas de capital nacional interesadas en transferir la tecnología de las universidades; y, en cuarto lugar, la baja valoración de las preferencias sociales hacia los stocks de los activos del conocimiento. Estos cuatro factores se perpetúan con otros dos (García-Galván, 2013), que se componen por la ausencia de compras gubernamentales selectivas (incompletitud de los mercados tecnológicos), y por la carencia de infraestructura capaz de atraer y agrupar a los principales agentes de la innovación (parques tecnocientíficos).
Si se pondera en exceso la actividad del patentamiento en las universidades mexicanas, como vehículo directo a la innovación tecnológica, de todas formas, ello no puede considerarse en automático como aportaciones al avance tecnológico y, por el contrario, podría considerarse como una visión bastante reduccionista de las estrategias y actividades que, verdaderamente, sientan las bases para la carrera tecnológica e innovativa. En sí, más allá de las patentes tendrían que considerarse otros componentes como la investigación colaborativa con los otros agentes.
Así pues, en las políticas de financiamiento a la investigación se ha venido consolidando la visión de que es más importante financiar la investigación aplicada, por encima de la de naturaleza básica; esa perspectiva, está relacionada con un movimiento generalizado en pro de comercializar el conocimiento, cuyo componente más visible son las patentes, asumiendo que alcanzar una cantidad más grande de patentes, significa un mejor desempeño en innovación, y éste conduce al crecimiento económico. Sin embargo, esta manera de observar las cosas, puede considerarse como una visión lineal y restringida de lo que realmente implica la innovación y su relevancia para el crecimiento y el desarrollo económicos.
Asimismo, hay evidencias de que otros factores (que normalmente se dejan de lado cuando se habla del impulso a la innovación), de gran relevancia, no se consideran en los análisis y menos en la toma de decisiones, lo que a posteriori se convierte en un verdadero obstáculo para lograr una mayor innovación, incluso, sin considerar únicamente a las patentes como indicadores de la actividad innovativa. Por lo tanto, en México al igual que en muchos otros países, existen contradicciones cuando se buscan y operan estrategias para fomentar la innovación y, simultáneamente, también se observa mucha confusión en cuanto a considerar o no a los títulos de patentes como innovaciones listas para venderse o para escalarse a productos y procesos. Entonces, es plausible sugerir que en el país se requiere explorar otras vías, más efectivas, para favorecer el papel de las universidades y de los centros públicos de investigación en la innovación tecnológica y en el desarrollo económico y social.
Para complementar lo dicho en las líneas previas, en García-Galván (2021: 47-48) se señaló que:
“Algunos autores plantean que los esquemas de incentivos para el fomento de la CTI no resuelven la contradicción que existe en querer impulsar la innovación tecnológica desde las organizaciones
del conocimiento promoviendo las publicaciones científicas, las cuales podrían estar muy lejos de encontrar una aplicación tecnológica. Desde mi perspectiva, ese es un falso dilema. Los reconocimientos e incentivos pecuniarios para empujar la frontera de la ciencia ni siquiera deberían
ser cuestionados. Para evitar esta aparente contradicción, lo que propongo es que se diseñe e implemente un SNI-2 o SNI plus, que podría llamarse Sistema Nacional de Innovadores Tecnológicos (SNIT), para incentivar la actividad de innovación tecnológica exclusivamente, la cual, en todo caso, deriva de la investigación tecnocientífica sistemática. Esto evitaría que se hagan equivalencias grotescas, como, por ejemplo, que un artículo científico sea igualado a una patente. En este SNIT podrían considerarse exclusivamente indicadores más próximos a la innovación tecnológica, como las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales, las maquetas tecnológicas, el desarrollo de software y hardware, la fundación de empresas emergentes y derivadas, entre otros. Además, los diferentes niveles de este SNIT podrían delinearse con base en la profundidad y el alcance de las aportaciones; la evaluación, por supuesto, tendría que ser realizada por pares, como ocurre en el SNI para investigadores científicos. Este SNIT no tendría que implementarse a expensas del SNI, sino que sería más bien un complemento que ayudaría a ensanchar las inversiones en CTI.”
Una política tecnocientífica que pudiera considerarse como un primer paso para estructurar un SNIT, es la Convocatoria 2021 para Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal del Programa “Investigadoras e Investigadores por México” (CONACYT, 2021), que entre otros aspectos se puede destacar lo siguiente:
- Tuvo por objetivo promover la participación de las y los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores en la ejecución de la política de Estado que articula el Gobierno Federal a través del CONACYT, y facilitar su inserción laboral en dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluyendo empresas productivas del Estado, bajo condiciones óptimas de trabajo para su desempeño profesional.
- El CONACYT será titular de los derechos de propiedad intelectual que deriven de las obras, procesos, patentes, marcas, modelos de utilidad, diseños industriales, innovaciones o cualquier otro producto de investigación humanística científica, desarrollo tecnológico o innovación que realice o produzca el Personal del Programa. Aquí es claro que se puso mucho énfasis en estos productos de la investigación que pueden considerarse como protoinnovaciones o innovaciones per se.
- El CONACYT, atendiendo a las necesidades del desarrollo regional y nacional, podrá otorgar a la Institución Receptora, mediante la firma de un convenio, licencias gratuitas no exclusivas sobre los derechos de propiedad intelectual.
Por último, se tienen que considerar dos aspectos adicionales para la reflexión, el primero es que vincular el desempeño tecnológico de las universidades a la tenencia de patentes puede ser una miopía, porque, como ya se ha mencionado, las patentes no son en estricto sentido innovaciones radicales, y muchas de las actividades tecnológicas (de las cuales pueden surgir innovaciones importantes) de las universidades pueden no corresponderse con patentes. En segundo lugar, el grueso de las universidades del país, hasta ahora, cuenta con pocos activos tangibles e intangibles que le permitan generar y acumular capital intelectual reputacional en los términos que se han discutido.
* Es doctor en ciencias económicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Investigador por México (Conacyt) adscrito al Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
Referencias:
Báez, C. (2015). Destacan patentes en el Instituto de Biotecnología. Agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, recuperado 20-II-2015:
Calderón, G. (2014). Patentes en instituciones de educación superior en México. Revista de la educación superior, 43-2(170), 37-56.
CONACYT (2021). Programa “Investigadoras e Investigadores por México” del CONACYT
Convocatoria para Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal. México.
García-Galván, R. (2008). Análisis teórico de la transferencia de conocimientos universidad-empresa mediante la colaboración. Economía: teoría y práctica, 29, 51-86.
García-Galván, R. (2013). ¿El conocimiento universitario puede promover el desarrollo industrial? Percepción sobre las promesas de la biotecnología en México. En Gaona, E. et al. (Coord.), Conocimiento para el Crecimiento Económico (pp. 87-103); Pachuca-Hidalgo, México: UAEH.
García-Galván, R. (2014). Desempeño económico y factores económicos detrás del rezago tecnocientífico en México. Cofactor, 5(9), 111-146.
García-Galván, R. (2021). El desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Antecedentes recientes y desafíos. Foro, 5(4), 39-49.
Henao, E., M. López y R. Garcés (2014). Medición de capacidades en investigación e innovación en instituciones de educación superior: una mirada desde el enfoque de las capacidades dinámicas. Entramado, 10(1), 252-271.
Redacción de La Jornada (2015). Obtiene Instituto de Biotecnología de la UNAM siete nuevas patentes. La Jornada (27-II-2015), recuperado de:
http://www.jornada.unam.mx/2015/02/27/ciencias/a02n1cie