A la mayoría de las instituciones de educación superior de sostenimiento federal el aumento presupuestal será prácticamente nulo, con algunas excepciones.
Las cifras sobre gasto que se destina en México al sector educativo y a la promoción de actividades científicas y tecnológicas hacen dudar que, en efecto, estas actividades hayan sido, en lo que va del sexenio una auténtica prioridad de política pública. El año que viene no será la excepción ni está en la ruta de modificar la tendencia al estancamiento. De acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la federación (PPEF) que se discutirá próximamente en la Cámara de Diputados, el gasto federal en la función educativa ascenderá a 910,692.1 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4.8 por ciento, en términos reales, con respecto al presupuesto aprobado el año previo.
Tómese en cuenta, en primer lugar, que el PPEF estima que el gasto neto programable para 2023 ascenderá a 5,958,256.6 millones de pesos, es decir casi seis billones de pesos. Este techo presupuestal implica un incremento de 8.1 por ciento, en términos reales, en comparación con 2022, lo que hace notar que la inversión federal en el ramo educativo es significativamente menor a la que destina el gobierno en otras obras y actividades.
Un indicador grueso, aunque elocuente del esfuerzo gubernamental en la materia, es la proporción del gasto educativo con respecto al producto interno bruto. Según los datos de la propuesta de presupuestaria, en 2023 ese indicador (gasto educativo federal entre PIB) será de 3.1 por ciento, una décima más que en 2022. En la administración de Felipe Calderón el promedio correspondiente fue de 3.9 por ciento y en la de Peña Nieto de 3.5 por ciento. En el sexenio anterior, conviene anotar, el gasto educativo federal como proporción del PIB se sostuvo en 3.9 por ciento en la primera mitad del sexenio, luego de lo cual descendió hasta 3.2 por ciento en 2018. En la actual administración se registró un ligero repunte al situarse este indicador, en 2020, en un nivel de 3.5 por ciento; no hay que olvidar, sin embargo, que ese año ocurrió un descenso del PIB de 8.5 por ciento, lo que explica la variación positiva anotada.
En la comparación internacional, nuestro país no sale bien librado. Se estima que, en la actualidad, el promedio mundial de gasto público educativo entre PIB supera ligeramente el cuatro por ciento. El gasto público educativo de México (federal y estatal) es equivalente a ese promedio, pero ocupa una posición ostensiblemente inferior a la de países desarrollados y por debajo del promedio latinoamericano. Nada para celebrar.
Otro tanto puede decirse de la inversión en el sector de ciencia y tecnología. Según el PPEF en 2023 habrá un incremento de 2.7 para la clasificación funcional respectiva, que incluye el gasto asignado al Conacyt, a las instituciones de educación superior que realizan investigación, a los centros públicos de investigación y a dependencias de la administración pública federal que llevan a cabo programas de ciencia y tecnología. En la actualidad, el gasto en investigación y desarrollo experimental (GIDE) del país está por debajo del 0.3 por ciento con respecto al PIB. En 2008 el GIDE/PIB de México alcanzó un pico de 0.45 por ciento; de entonces hasta 2015 osciló en torno al valor de 0.4 por ciento y, a partir de ese momento, inició una tendencia decreciente que no se ha frenado. En el contraste internacional, quedamos a una distancia gigantesca de la inversión pública y privada que se ejerce en ciencia y tecnología en los países desarrollados, e incluso en comparación con países de desarrollo intermedio.
Al observar la distribución del gasto educativo federal por ramos administrativos hay varios aspectos de interés. Para el ramo 11, presupuesto para la SEP, está programado un incremento de 5.1 por ciento en términos reales; para el gasto educativo del ramo 33, que son recursos transferibles a las entidades, el incremento es mucho menor, de solamente 2.9 por ciento. En cambio, para el ramo 25, que en su mayoría corresponde al presupuesto para los servicios de educación básica en la Ciudad de México, está previsto un aumento efectivo de 15.1 por ciento con respecto a 2022. Este incremento, no es difícil suponerlo, será principalmente canalizado al programa de becas de la Ciudad.
Para las instituciones de educación superior el presupuesto federal 2023 viene muy castigado. A las IES de sostenimiento federal se asigna un incremento total de 0.1 por ciento en términos reales; prácticamente nada. Para algunas hay un poco más: la UNAM recibirá un aumento real de 1.3 por ciento, lo mismo que la UAM y el IPN. El Tecnológico Nacional de México tendrá un aumento de 3.9 por ciento real lo que, en alguna medida, compensa la austeridad presupuestaria que sujetó a los institutos agrupados en esa institución en los últimos años. El Colegio de México tendrá un aumento efectivo de tres por ciento y la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea de seis por ciento. Para la UPN un incremento de uno por ciento real y para Chapingo solo 0.7 por ciento. Para el resto de las IES federales los incrementos son inferiores a un punto porcentual.
Al conjunto de universidades públicas de los estados, el subsidio federal proyectado equivale a 0.6 por ciento en términos reales; lo mismo para universidades tecnológicas, interculturales y politécnicas. Muy poco, casi nada. En notable contraste, para el sistema de Universidades del Bienestar Benito Juárez se presupuesta un aumento de 36.8 en términos reales. Ni para dónde hacerse, el programa correspondiente está indicado como prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo.
En el PPEF se encuentran asignados 795.1 millones de pesos para el programa U079, que en la estructura de Hacienda corresponde al rubro de “expansión de la educación media superior y superior” aunque, desde el año pasado, se ha asimilado al fondo de obligatoriedad y gratuidad previsto en la Ley General de Educación Superior. Esa suma será distribuida por la SEP.
Una observación adicional. En el PPEF 2023 el programa de becas Elisa Acuña, para educación superior y posgrado, solo considera a IES federales. La porción correspondiente a las estatales viene en ceros. ¿Es un error o una decisión aún no justificada? Porque, mucho ojo, los tiempos no están como para eso.