Wenceslao Vargas Márquez
El Gobierno federal ha buscado por todos los medios cumplir una promesa de la campaña presidencial de 2018: reinstalar y pagar salarios caídos a todos los trabajadores de la educación que hubiesen sido cesados por efecto de la mal llamada reforma educativa del sexenio pasado (en la vertiente de la ya abrogada Ley General del Servicio Profesional Docente) y a cualquier otro trabajador de la educación afectado en sus derechos por efecto de represalias originadas en instancias diversas.
Este doble tema se plasmó en dos (el 10 y el 88) de los Cien Compromisos que se publicaron en aquél año electoral presidencial y de los cuales ya hay un balance oficial (bit.ly/3YDIViw). El Compromiso 10 dice: “Se cancelará la llamada Reforma Educativa, se establecerá en el Artículo 3º de la Constitución el derecho a la educación gratuita en todos los niveles de escolaridad y el gobierno no agraviará nunca más a maestras y maestros”. El Compromiso 88 dice:
“Hoy inició el proceso de amnistía para dejar en libertad a presos políticos o víctimas de represalias de caciques, funcionarios o gobernantes del antiguo régimen autoritario. Se cancelarán las acusaciones penales fabricadas en contra de activistas y luchadores sociales. La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo hacer realidad esta determinación”. Para este Compromiso 88 se instalaron mesas de trabajo con la CNTE que se titularon “de Justicia y Dignidad”.
Es el caso que ninguno de los dos compromisos se han cumplido a cabalidad a pesar de las categóricas indicaciones del C. Presidente de la República y del decidido apoyo ejecutivo de la secretaria del ramo, Leticia Ramírez Amaya. Faltan: 1) docentes por reinstalar; 2) reinstalados por ser pagados en sus salarios caídos; 3) el desistimiento de demandas que sólo han sido represalias por parte de algunos funcionarios de la SEP tanto de la mesa de Justicia y Dignidad como de docentes ajenos a esa mesa.
En un balance, el 15 de mayo último el C. Presidente informó que el 100% de los docentes cesados del sexenio pasado estaban ya reinstalados y pagados. El dato que se le entregó al Presidente no era correcto. El 6 de junio siguiente, ante pregunta del autor de estas líneas al titular del Ejecutivo en la mañanera de ese día en Palacio Nacional, la secretaria Ramírez Amaya afirmó que estaba resuelto un 95%. Ya no era el 100 sino el 95. Del 5% faltante, algunos casos son los siguientes:
En Quintana Roo aún esperan solución Selene Granados Parra, Porfirio Chimal Caamal, Serafín Sosa Tun, Paulo SanMiguel Pech, Roque Rivera, Jaime Ucan Fernández, Raúl Báez Castillo y Luis Castillo Tuyu. El secretario de Educación de Quintana Roo, Carlos Gorocica Moreno, ha informado a la maestra Aurora Moguel, representante de la CNTE Peninsular, que aún están en trámite ante Hacienda para que se continúe con los procesos de reinstalación. Como parte de nuestras instancias como CNTE la exigencia es por la reinstalación de todos los cesados del país, dijo la maestra Moguel en reciente entrevista telefónica con el autor de estos párrafos.
En Campeche esperan justicia Natalia Loeza Arana, Zazil-Ha Queb Queb, Victoria Koyoc Ku y Eugenia Koyoc Ku. Natalia Loeza Arana tiene laudo a favor en su poder. Su caso está en manos del secretario de Educación de Campeche, Raúl Pozos Lanz, quien seguramente hará todo por reinstalarla con la mediación y apoyo de la CNTE Peninsular. También en Campeche fueron reinstalados pero no se les pagaron todos los salarios caídos a Sergio Enrique Rosado Uribe y Meibi Marilú Beberaje Gutiérrez, ambos de primarias de Champotón. En el IPN hay cinco cesados, en Jalisco 109, en Chiapas 50, según la misma fuente que es la CNTE Peninsular, quien nos reporta que también hay casos en Durango. En el Instituto Tecnológico de Torreón, esperan justicia cinco trabajadores de la educación anotados en la mesa de Justicia y Dignidad de la CNTE. Ellos son Diana Yazmín Rodríguez Rivas, Salvador Aguilar Esparza, Juan Manuel Rodríguez Sifuentes, Fabiola Aguilar Esparza y Odilón Rodríguez Álvarez. En Tabasco hay siete docentes pendientes. Eustaquio Magaña López, del subsistema CECyTE en el plantel 4 de Comalcalco, tiene un expediente donde consta que su cese se fundamentó en la cancelada Ley General del Servicio Profesional Docente del sexenio pasado, pero sigue sin ser reinstalado. En Querétaro, Rosa María Córdova fue cesada por las movilizaciones contra la reforma educativa y sigue separada del servicio por meras formalidades legales. La ley es la ley, le explican.
En caso extremo, en las propias oficinas de la SEP central de la maestra Leticia Ramírez Amaya, en la DGETI CdMx, a cargo de Rolando López Saldaña, hay reinstalados de más de un año a quienes no se les paga salarios caídos. La jefa inmediata es la subsecretaria Nora Ruvalcaba Gámez (SEMS), quien al parecer no está al tanto, pues si estuviese enterada sin duda ya habría actuado para resolver, pues son casos documentados por el personal de la oficina de la secretaria de Educación (Argentina 28, CdMx), cuya titular como coordinadora es Gisela Victoria Salinas Sánchez.
El Presidente ya se apresta a entregar el mando al sucesor(a) que resulte de la elecciones internas de la 4T de principios de septiembre, pero debe enterarse que los compromisos 10 y 88 de hace cinco años siguen pendientes. Nuestra respetuosa opinión es que mientras falte un solo trabajador de la educación por ser reinstalado o pagado, esos dos compromisos del año 2018 no pueden declararse cumplidos.
X: @WenceslaoXalapa