Hay una clara apuesta en este sexenio por mejorar la educación media superior. Incluso, parte de la discusión pública se ha centrado en el bachillerato, ya sea por el tema de la cancelación del “examen Comipems” en la zona metropolitana de la Ciudad de México, por el cambio curricular o por la política de expansión de cobertura.
Este impulso continúa los cambios iniciados hace casi un cuarto de siglo. Con Fox, la creación de una subsecretaria para el nivel (2005); con Calderón, la reforma integral (RIEMS, 2008) que, por cierto, fue clave para decretar la obligatoriedad del nivel en 2012. Con Peña, se expandieron los telebachilleratos comunitarios (TBC) y con AMLO el programa de becas.
Además, la subsecretaría de Educación Media Superior la han ocupado personas con probada capacidad académica y política como Yoloxóchitl Bustamante, Miguel Székely, Rodolfo Tuirán y Sylvia Ortega. La doctora Tania Rodríguez llega con estos antecedentes y esperamos que tenga éxito. Un gobierno que busca abrir oportunidades para los jóvenes merece ser apoyado mediante la crítica.
En este sentido, llama la atención el anuncio hecho por el secretario del ramo, Mario Delgado, sobre la creación de una “nueva” opción académica llamada ciberbachilleratos. Dijo que éstos serán “distintos” a los telebachilleratos en instalaciones. Los nuevos tendrán aula de cómputo, “un domo para actividades deportivas”, así como espacios para “actividades culturales”. En términos curriculares, los contenidos “serán distintos”, pero estarán alineados al Marco Curricular Común (MCC). Este año, dijo, debe haber 130 ciberbachilleratos en 107 municipios del país con el propósito de avanzar hacia una “educación más integral”.
¿Cuál es el problema con esta “nueva” iniciativa de la SEP? Primero, no saber cómo resolver la clásica tensión entre cobertura y equidad. El desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) impulsó dos investigaciones que mostraron que aunque es popular tener una escuela en la localidad, los jóvenes no aprenden (Weiss, 2017). Esto genera mayor desigualdad. Las desventajas de los jóvenes pobres no aminoran, al contrario (Guzmán, 2018). ¿Qué hará entonces la SEP para prevenir la “inclusión excluyente” (Ezcurra)?
Segundo, no se encuentran fácilmente datos públicos sobre los ciberbachilleratos. El sitio de la subsecretaría incluso no funcionaba al momento de escribir estas líneas y la tasa neta de cobertura se desconoce. Además, algunos gobiernos estatales dicen no tener información sobre la opción cyber. ¿Cómo se financiarán para conjuntar los mejores recursos docentes, intelectuales, tecnológicos y didácticos y así “mejorar los índices de atención con equidad y excelencia” en las distintas regiones del país? ¿Qué ocurrirá con los 140 mil jóvenes de los telebachilleratos?
Tercero, ante la naturaleza del actual régimen, temo que no actuarán reconociendo los errores de la política educativa del sexenio pasado donde, entre otras cosas, se repartieron becas cuyos efectos son disputables en términos de equidad. Aún con este tipo de apoyos, la matrícula en el bachillerato de México disminuyó. Hubo 5,328 menos jóvenes en el nivel en el ciclo escolar 2024-2025 en comparación con el 2023-2024 y la tasa de cobertura bruta actual llegó sólo a 80% cuando la meta en 2024 era de 90%. Son ineficientes e injustos.
Las becas pudieron darles votos, pero no argumentos para mostrarle a la ciudadanía que saben cómo promover la igualdad y la justicia en el sector educativo de México. Ojalá la subsecretaría actúe distinto